El Gobierno de Estados Unidos ha negado a México la extradición de 36 personas que se encuentran en su país y que son requeridos por la justicia mexicana.
De acuerdo con un balance realizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y del cual se expondrán detalles más adelante, el gobierno norteamericano también se ha negado por considerar que no se le han presentado las evidencias que sustenten la detención de los solicitados.
“Hay 38 casos, a ver si me dan exactamente el número, lo dijo hoy en el Gabinete. Hay 38 casos donde Estados Unidos ha negado la petición al gobierno de México para detener con urgencia a una persona con fines de extradición. Estados Unidos ha negado, ¿por qué? Por falta de pruebas”, declaró.
Al mencionar nuevamente la reciente solicitud de detención con fines de extradición que pidió el Departamento de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otras 9 personas, reiteró que la exigencia de su gobierno es a que también se presenten pruebas.
Negó que esta postura tenga que ver con posturas políticas, sino con la defensa a la soberanía.
“¿Qué estamos pidiendo nosotros? Oye, ¿tienes pruebas contra el gobernador con licencia? Preséntalas para que la Fiscalía pueda hacer su investigación. No es una decisión política como lo han querido hacer ver”, declaró.
Criticó que en el debate público se ha intentado hacer ver que la mandataria sólo tiene tres opciones en este caso: entregar a los 10 señalados, que los encarcele o que no los procese.
Sin embargo, remarcó que existe otra vía no considerada, que es la de garantizar que cualquier persona tenga un juicio justo.
“Se les olvida lo más importante, pedir pruebas. Ningún ciudadano mexicano, no importa de qué partido político sea. No importa si no pertenece a un partido político. No importa si es funcionario público o no es funcionario público, debe llevar un juicio justo y si es acusado, debe haber pruebas para acusarlas”, declaró.
Remarcó, “es la decisión responsable de la Presidenta de México primero de defender la soberanía nacional y segundo de que frente a cualquier acusación le pida sea la Secretaría de Relaciones Exteriores o a la Fiscalía General de la República para una posible detención de una persona. Esa es la posición que tenemos y no la vamos a cambiar. Si hay pruebas suficientes en el marco de nuestro sistema penal acusatorio de la Constitución, entonces se procede”.
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