La violencia criminal ya no sólo deja muertos, desaparecidos y comunidades vacías. En México también interrumpe trayectorias escolares, separa a niñas y niños de sus compañeros, obliga a familias enteras a salir sin ninguna pertenencia, y coloca a las aulas como uno de los primeros espacios de contención para la infancia desplazada.
Al cierre de 2024, alrededor de 390 mil personas vivían fuera de sus hogares por causas asociadas con la violencia, una cifra comparable con la población total de ciudades como Cuernavaca o Tepic, según el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés). Ese mismo año, el organismo estimó 26 mil nuevos desplazamientos internos por violencia en el país.
- El Dato: Según el Inegi, hasta 2020, niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 19 años representaban 26% de las mujeres y 29% de hombres que migraron por inseguridad.
La Universidad Iberoamericana documentó, ese mismo año, 28 mil 900 víctimas de desplazamiento interno en 72 eventos violentos registrados en 13 estados. La criminalidad organizada aparece como el principal detonante de una crisis que ya no puede medirse únicamente por enfrentamientos, homicidios o desapariciones, porque también rompe la vida cotidiana de quienes huyen y deja a miles de niñas, niños y adolescentes con la escuela partida en dos.
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Elena, profesora de primaria en una comunidad rural de Chiapas, resumió esa fractura en una publicación de redes sociales: “Hoy llegó una niña con una mochila prestada y los ojos puestos en la puerta”. Su relato no hablaba de operativos ni de cifras oficiales. Describía a una alumna de nueve años que ocupó la última fila y guardó silencio durante toda la clase.
Para los docentes que reciben a estas infancias, el desplazamiento llega sin expediente completo y muchas veces sin una explicación clara. Llega en forma de miedo, ausencias, bajo rendimiento, cambios de conducta o rechazo a hablar. La escuela, entonces, deja de funcionar sólo como espacio académico y se convierte en el primer sitio donde alguien intenta reconstruir una rutina rota.
- 28 mil 900 desplazados en 72 eventos en 13 estados en 2024
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advierte que en México la violencia armada afecta a niñas, niños y adolescentes mediante reclutamiento, desapariciones, orfandad, migración forzada y desplazamiento interno. Señala que, cuando la violencia domina los lugares de origen, actividades cotidianas como asistir a la escuela o salir a jugar se vuelven riesgosas; además, identifica la interrupción educativa y el abandono escolar entre los peligros específicos que enfrentan los menores desplazados.
Añade que niñas, niños y adolescentes desplazados enfrentan dificultades para acceder a servicios de protección, educación y salud, lo que incrementa su vulnerabilidad. La ruptura escolar forma parte de esa cadena de afectaciones, porque el abandono del lugar de origen también puede cortar clases, vínculos, expedientes y rutinas.
UNICEF México plantea que esa pérdida de seguridad cotidiana reduce los espacios de desarrollo de la infancia y deja a muchas familias ante una decisión extrema de permanecer donde sus hijos corren peligro o salir sin garantías de estabilidad.
La interrupción de clases y el riesgo de abandono escolar se identifican como consecuencias directas para menores expuestos a violencia armada. En el caso de quienes huyen, el regreso a una escuela distinta no siempre ocurre de inmediato; puede depender de papeles, dinero, cupo, transporte, miedo a ser localizados o falta de acompañamiento institucional.
También ha documentado que el impacto del desplazamiento forzado afecta la educación, modifica la relación de niñas, niños y adolescentes con su seguridad, su salud y sus redes de apoyo. Por eso, la escuela aparece como espacio clave para restituir derechos, aunque que esa respuesta requiere acceso efectivo a servicios de protección, salud y educación.
Desde esa realidad, el trabajo del maestro rebasa el programa escolar. No se trata sólo de nivelar contenidos ni de recuperar tareas. El aula recibe duelos que no siempre tienen nombre, miedos que modifican la conducta y silencios que pueden confundirse con desinterés. Para Elena, el primer desafío fue convencer al grupo de que no hiciera preguntas. El segundo, lograr que la niña regresara al día siguiente.
“Si la escuela no pregunta, parece indiferente. Si pregunta demasiado, puede lastimar”, escribió. La maestra contó que la alumna comenzó a participar semanas después, cuando una actividad le permitió hablar de una casa sin decir dónde estaba. “Dibujó un árbol más grande que la vivienda. Me dijo que era para taparla”.
Javier, profesor de secundaria en una ciudad fronteriza, compartió otra historia. En su caso, el alumno llegó con 14 años, sin boleta reciente y con una negativa tajante a entregar dirección. “Profe, no ponga mi colonia”, le pidió antes de salir del aula. El maestro escribió que al principio pensó en un problema administrativo. Luego entendió que la reserva del adolescente era una forma de protección.
Datos de los dos organismos internacionales indican que los menores desplazados enfrentan obstáculos para acceder a educación de calidad por falta de recursos, inseguridad persistente, tensiones sociales y discriminación. También señala que el desplazamiento interno puede presionar sistemas educativos que ya tienen limitaciones de infraestructura y personal.
A Javier le preocupaba otra cosa: el joven no faltaba, pero tampoco se quedaba tras las clases. Siempre salía antes, evitaba fotos escolares y se molestaba cuando alguien grababa videos. “No era rebeldía. Era miedo con tenis nuevos”, escribió. La frase condensa una tensión difícil para cualquier escuela: cuidar sin exponer.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta con materiales contra violencias en el entorno escolar, pero el desplazamiento por inseguridad coloca retos específicos. Una familia puede llegar sin documentos, ocultar su origen por temor o cambiar de domicilio varias veces en un mismo ciclo. El plantel, entonces, necesita resolver inscripción, nivelación académica, confidencialidad y canalización emocional sin convertir al docente en trabajador social, terapeuta o investigador.
Para miles de niñas y niños desplazados, volver a una banca escolar puede significar el primer intento de normalidad. Pero esa tarea no puede recaer sólo en los docentes. El sistema educativo necesita reconocer que algunas escuelas también reciben a alumnos que llegan con una historia de pérdida, miedo y desarraigo.
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