Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, ambos y cercanos al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se entregaron voluntariamente a autoridades de Estados Unidos luego de ser señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Ambos habrían buscado un acuerdo con autoridades estadounidenses para convertirse en testigos colaboradores, con el objetivo de aportar información relevante a la investigación a cambio de posibles beneficios legales dentro del proceso que enfrenta la red de funcionarios y exfuncionarios sinaloenses acusados de colaborar con la facción de Los Chapitos.
- El Tip: El senador Enrique Inzunza, también señalado por EU, ha faltado a dos sesiones de la Comisión Permanente, por lo que fue sustituido por Alejandro Murat.
La entrega de Mérida Sánchez, secretario de Seguridad entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, se dio a conocer 16 días después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentara una acusación contra el mandatario estatal con licencia y nueve colaboradores y excolaboradores de su gobierno.
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El exfuncionario se puso a disposición de los alguaciles federales estadounidenses tras cruzar por la Garita de Nogales hacia Arizona, el pasado 11 de mayo donde quedó bajo su custodia. De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, Mérida Sánchez ingresó a EU desde Hermosillo, Sonora.
“El Gobierno de México, a través de la SRE y el Gabinete de Seguridad, mantiene comunicación institucional con las autoridades estadounidenses, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional”, señalaron autoridades mexicanas.
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Mérida Sánchez fue presentado ante el juez federal Eric J. Markovich, en Tucson, Arizona, el 12 de mayo, en una audiencia que duró sólo dos minutos. El exfuncionario compareció en custodia, con intérprete en español y asistencia legal de Jordan Malka, defensor público federal. Por parte del gobierno intervino Arturo Aguilar, fiscal federal asistente asignado.
El documento judicial señala que el acusado renunció tanto a la audiencia de identidad como a la audiencia de remoción. El juez ordenó entonces que el Servicio de Alguaciles de EU lo trasladara al Distrito Sur de Nueva York, donde se tramita el expediente principal. La corte también concedió la petición del gobierno para que la audiencia de detención ocurriera en el distrito acusador. Actualmente permanece detenido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn bajo el número de registro 62685-512.
Durante su primera audiencia, llevada a cabo este viernes, en la que fue presentado ante la Corte Federal de Manhattan, el general de división en retiro se declaró no culpable al comparecer ante una jueza. A través de un intérprete y con un defensor de oficio rechazó los cargos en su contra sobre vínculos con la célula de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, presentados por la fiscalía de EU. El próximo 1 de junio se llevará a cabo la siguiente audiencia.
- El Dato: El Congreso de Sinaloa descartó el martes nombrar a un sustituto del alcalde de Culiacán, pues el nombramiento no caduca en automático.
Mérida Sánchez está acusado de tráfico de drogas y dos cargos por posesión de armas de fuego con fines de narcotráfico. De acuerdo con la acusación, habría recibido al menos 100 mil dólares mensuales, es decir, alrededor de dos millones de pesos, para alertar a Los Chapitos sobre redadas y evitar su detención, mediante avisos anticipados sobre operativos contra laboratorios de droga para que retiraran narcóticos y equipo antes de los cateos.
Asimismo, se habría encargado de instruir a policías para no detener a integrantes de la célula delictiva encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y en cambio, capturar a sus rivales.
NEGOCIACIÓN. En el caso de Enrique Díaz Vega, quien fue secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa de noviembre de 2021 a septiembre de 2024, desde que se hizo pública la acusación en su contra el 29 de abril, habría comenzado gestiones legales en EU mediante el envío de abogados para negociar un posible acuerdo de cooperación con fiscales federales.
Como parte de esas negociaciones, también habría buscado acogerse a la figura de testigo cooperante para proporcionar información sobre la presunta estructura de protección política y financiera vinculada al grupo criminal.
Díaz Vega habría viajado a Nueva York desde Irlanda, donde se encontraba, y habría acordado con autoridades estadounidenses entregarse de forma inmediata para ser procesado por los cargos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, al exfuncionario estatal se le acusa de haber sostenido reuniones con dirigentes de alto nivel del Cártel de Sinaloa, previo a la elección para gobernador de junio de 2021.
En esos encuentros, presuntamente proporcionó una lista con nombres y domicilios de adversarios políticos de Rubén Rocha Moya, información que habría sido utilizada para intimidar a esos actores políticos y presionarlos para abandonar la contienda electoral.
Asimismo, desde su posición dentro del Gobierno estatal, fungía presuntamente como intermediario de comunicación entre líderes de Los Chapitos y el mandatario estatal.
La acusación también afirma que colaboró para impulsar el nombramiento de funcionarios afines dentro de la administración pública, con el propósito de brindar protección a las operaciones de narcotráfico del grupo criminal.
Díaz Vega, quien previamente se desempeñaba como empresario, llegó al gobierno de Sinaloa en 2021 con 24 propiedades valuadas en 70 millones de pesos, según señaló en su declaración patrimonial. Al concluir su gestión, en 2024, reportó un total de 42 inmuebles, tras adquirir 18 propiedades adicionales, con un valor acumulado de 132 millones de pesos.
OTROS SEÑALADOS
- La justicia de EU también solicitó la detención de:
- Enrique Inzunza. Senador de Morena
- Juan de Dios Gámez. Exalcalde de Culiacán
- Dámaso Castro. Exvicefiscal de Sinaloa
- Marco Antonio Almanza. Expolicía de Investigación
- Alberto Jorge Contreras. Encargado de la Policía de Investigación
- José Antonio Dionisio. Exdirector de la Policía Estatal
- Juan Valenzuela Millán. Exmando de la Policía de Culiacán
EU busca triplicar sus acusaciones a funcionarios mexicanos: NYT
› Por Tania Gómez
La administración del presidente Donald Trump instruyó a fiscales federales de Estados Unidos a utilizar la legislación antiterrorista para investigar y procesar a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones del narcotráfico.
De acuerdo con The New York Times, la nueva directriz fue comunicada el miércoles en una teleconferencia interna encabezada por Aakash Singh, subprocurador general adjunto de EU, quien pidió a fiscales federales intensificar las acusaciones contra funcionarios mexicanos señalados de colaborar con grupos criminales.
- El Dato: El miércoles, Terrance Cole, director de la DEA, aseguró en el Senado de EU que las acusaciones en el caso Sinaloa son apenas el inicio de las nuevas acciones en México.
“Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus cargos para encubrir a terroristas y monstruos que trafican con la miseria y el veneno”, declaró Singh, según un funcionario estadounidense citado por el diario neoyorquino.
La instrucción contempla que los fiscales no sólo presenten cargos relacionados con narcotráfico, sino también acusaciones por brindar “apoyo material” a organizaciones terroristas, una figura legal utilizada habitualmente en casos de extremismo y terrorismo internacional.
En otro comentario atribuido a Singh, éste habría advertido que las posibles molestias del Gobierno mexicano no modificarán la estrategia de Washington: “Si esto resulta desagradable para los funcionarios del Gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos. Si además los avergonzamos y humillamos en el proceso, entonces eso es la cereza del pastel para nosotros”.
El año pasado, Trump firmó una orden ejecutiva mediante la cual designó a diversos cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas, abriendo la puerta al uso de herramientas legales más agresivas contra redes criminales.
Según el reporte, la directriz del Departamento de Justicia se emitió apenas dos semanas después de que fiscales federales en Nueva York presentaran acusaciones contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos, en activo y retirados, presuntamente relacionados con actividades del narcotráfico.
Los nuevos señalamientos se suman a una serie de declaraciones recientes de autoridades de EU que han endurecido el discurso contra funcionarios mexicanos presuntamente ligados al crimen organizado. En días pasados, agencias federales y fiscales de EU advirtieron que buscarían ampliar las investigaciones no sólo contra integrantes de los cárteles, sino también contra servidores públicos señalados de brindar protección política, financiera o institucional a esas organizaciones.
Además, funcionarios de seguridad y justicia ese país han insistido en que la designación de los cárteles como organizaciones terroristas permitirá utilizar figuras legales más severas, similares a las empleadas en investigaciones por terrorismo internacional, incluyendo cargos por financiamiento, colaboración o apoyo material a grupos criminales. En paralelo, integrantes de la administración Trump han elevado el tono político contra México al señalar que Washington no limitará sus acciones por consideraciones diplomáticas.
Investiga UIF cuentas de Rocha Moya y de sus hijos
› Por Tania Gómez y Yulia Bonilla
LA UNIDAD de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó investigar las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de sus cuatro hijos, tras los señalamientos sobre presuntos vínculos del mandatario estatal y nueve funcionarios sinaloenses, con operaciones ligadas a Los Chapitos.
El organismo de la Secretaría de Hacienda ordenó a bancos, casas de bolsa y casas de cambio revisar las cuentas del exmandatario, así como de Ricardo, Rubén, José de Jesús y Eneida Rocha Ruiz, a través de un documento enviado a instituciones financieras.
Aunque las cuentas se encuentran bajo análisis, hasta ahora no existe una orden de bloqueo o congelamiento de recursos.
- 4 Hijos del exmandatario son investigados por la Unidad
Consultada en conferencia, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que cuando la UIF encuentra alguna anomalía, activa sus mecanismos, y recordó que el ente no depende directamente de su instrucción, sino que es un “área técnica”, por lo que la exhortó a esclarecer la situación.
“No tengo el conocimiento, en particular, de la UIF. La UIF es un área que es técnica, digamos: si encuentra alguna irregularidad, procede. Entonces, que pueda informar, en su momento”, declaró.
Respecto a los señalamientos sobre Rocha Moya y otras nueve personas, de quienes el Departamento de Justicia de EU pidió a México su detención urgente para extradición, la mandataria reiteró que se deben de presentar pruebas que justifiquen la necesidad de detenerlos.
Afirmó que su Gobierno no encubre a nadie y que se procedería de la misma manera con independencia del partido político del que se tratara. Además, recordó que cuando se ha encontrado evidencias criminales que involucren a políticos, se ha actuado.
“Siempre hemos dicho: ‘no vamos a defender a nadie, aunque sea de Morena, si hay pruebas de que cometió un delito’. Tan es así que hay presidentes municipales que provenían de Morena que están detenidos hoy. El caso Tequila, en Jalisco, porque se comprobó que tenía vínculos con delincuencia. Y como ese, hay cerca de 50 casos”, sostuvo.
Exige oposición una alerta migratoria contra Rocha
› Por Claudia Arellano
El PAN en la Cámara de Diputados consideró como un avance el congelamiento de cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de sus familiares y colaboradores cercanos; sin embargo, advirtió que la medida resulta insuficiente mientras no se avance en un juicio político y en una alerta migratoria para impedir una eventual fuga del mandatario.
La legisladora Paulina Rubio Fernández consideró que el Gobierno federal “por fin” escuchó a la oposición al proceder contra las finanzas del grupo cercano a Rocha Moya, aunque acusó a Morena de proteger a personajes vinculados con la “narcopolítica”.
- El Dato: El blanquiazul en la Comisión Permanente presentó una solicitud para la desaparición de poderes en Sinaloa, por considerar que están cooptados por el narcotráfico.
Sostuvo que el congelamiento de cuentas reduce el margen de operación financiera de los implicados y busca evitar el ocultamiento de recursos en paraísos fiscales. Entre los señalados se encuentran Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, hijos del mandatario sinaloense, además del senador morenista Enrique Inzunza Cázarez.
No obstante, Rubio afirmó que el PAN exige tres acciones adicionales: avanzar en el juicio político contra Rocha Moya, emitir una alerta migratoria y esclarecer su ubicación actual.
También el coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, lanzó críticas contra el Gobierno de nuestro país tras la entrega del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, a autoridades de Estados Unidos, al asegurar que las investigaciones avanzan del lado norteamericano “frente al silencio cómplice” de México.
- 4 bancos en los que Rocha Moya tendría sus cuentas
A través de una publicación en sus redes sociales, el dirigente partidista sostuvo que, si las autoridades mexicanas realmente buscaban pruebas sobre los presuntos vínculos criminales en Sinaloa, debieron recurrir a los exfuncionarios que hoy están bajo investigación o que ya están detenidos.
“Si el Gobierno mexicano quería pruebas, hubiera sido lógico buscarlas con los funcionarios clave que han sido detenidos: los encargados de las finanzas y la seguridad de Sinaloa”, afirmó.
El senador panista Marko Cortés acusó a Morena y al Gobierno federal de “guardar silencio frente al avance de las investigaciones en EU contra exfuncionarios de Sinaloa”, luego de que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad estatal, se entregara y quedara bajo custodia de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Mediante un mensaje difundido en redes sociales, afirmó que “mientras en EU avanzan las investigaciones y detienen a funcionarios ligados al entorno de Rubén Rocha Moya, en México Morena sigue defendiendo lo indefendible”.
El legislador recordó que, tras las acusaciones contra funcionarios sinaloenses, integrantes del oficialismo “primero dijeron que no había pruebas; después, que era un ataque político y ahora,
guardan silencio.
“Ya hay exfuncionarios morenistas bajo custodia de autoridades estadounidenses y el Gobierno federal sigue volteando hacia otro lado”, sostuvo el legislador panista.
En tanto, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se lanzó contra Morena y sus gobiernos luego de la entrega de Gerardo Mérida Sánchez a autoridades estadounidenses, al asegurar que su partido continuará con la denuncia de los “narcopolíticos” que, acusó, “están destruyendo a México”.
Desde Washington D.C., donde realizó una gira de tres días, el dirigente tricolor afirmó que su partido mantendrá una ofensiva política y de denuncia internacional por estos hechos.
“Lo que hay que hacer es tener carácter y determinación. No tener miedo, seguir denunciando a los narcopolíticos en México, a los narcopolíticos de Morena, que están destruyendo nuestro país”, expresó Moreno Cárdenas en un videomensaje difundido en redes sociales al cierre de su visita a Estados Unidos.
El también senador de la República aseguró que durante su estancia en Washington sostuvo “grandes reuniones” y logró “grandes avances”, aunque no detalló con quiénes se reunió ni los acuerdos alcanzados.
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