Pese a que los comicios judiciales se aplazarán a 2028, el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta de todas formas un desafío histórico el año próximo, al tener que organizar el proceso intermedio más grande, complejo y costoso que haya tenido el país.
La renovación simultánea de 17 gubernaturas y congresos locales, la Cámara de Diputados, y más de dos mil cargos municipales obligará al árbitro electoral a desplegar una operación nacional inédita para atender una lista nominal que superará los 100 millones de votantes.
- El Dato: La concurrencia implica una coordinación simultánea entre el INE y los organismos electorales estatales.
Las estimaciones internas del INE apuntan a que el costo operativo de la elección constitucional ordinaria rondará entre 12.5 y 13 mil millones de pesos, cifra que por sí sola convertirá a 2027 en la intermedia más cara de la historia del país.
Encaminan aplazar elección de jueces y atajar acordeones y a impreparados
El tamaño territorial del proceso obligará a instalar más de 170 mil casillas, movilizar a cientos de miles de funcionarios ciudadanos y desplegar una estructura logística de gran escala. Con una lista nominal de 100 millones de votantes, 7.5 millones más que en la intermedia de 2021, crece también la cantidad de boletas, los centros de votación, los capacitadores, los supervisores electorales y la infraestructura tecnológica requerida.
- 17 gubernaturas
El presupuesto contempla organización electoral, capacitación ciudadana, impresión de documentación, operación distrital, conteos rápidos, sistemas informáticos, fiscalización y logística, y supera lo erogado en las dos intermedias previas.
En 2015, con una lista nominal de 83.5 millones, el gasto operativo federal se estimó en ocho mil millones de pesos. Para 2021, elección considerada entonces como la más grande en la historia, con cerca de 93.9 millones de empadronados, el INE destinó alrededor de siete mil 861 millones de pesos a la organización del proceso federal, cifra reducida por un recorte presupuestal aplicado al organismo.
- 500 diputaciones federales
La separación de la elección judicial representa un ahorro de alrededor de dos mil millones de pesos respecto al escenario de concurrencia, que habría elevado el gasto total a casi 21 mil millones de pesos. Pero los 12.5 o 13 mil millones que implica la sola elección ordinaria bastan para marcar un récord histórico.
Y detrás del reto presupuestal y logístico hay uno que analistas consideran más determinante. Para Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral, el principal desafío de la consejera presidenta Guadalupe Taddei y del INE no es operativo, sino político: recuperar legitimidad ante la ciudadanía.
“El INE tiene que trabajar en darle la vuelta al desprestigio institucional que tiene por diferentes actuaciones y garantizar que va a atender los temas como son la violencia electoral, el uso de recursos públicos y las campañas anticipadas”, dijo.
Advirtió que el organismo llega a 2027 tras dos procesos polémicos y un desgaste institucional considerable. Para Espinosa Silis, la tarea central del árbitro electoral es garantizar condiciones de equidad para todos los competidores, asegurar la imparcialidad de sus actuaciones y generar certeza en los resultados.
