La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer una reforma constitucional para posponer la segunda etapa de la elección judicial, originalmente prevista para 2027, al domingo 4 de junio de 2028.
El argumento central es la elevada cantidad de cargos que la ciudadanía tendría que votar simultáneamente con gubernaturas, diputaciones federales y locales, y presidencias municipales en las elecciones concurrentes del año próximo.
“Hicimos una evaluación que le encargué a Luisa María (Alcalde, consejera jurídica de Presidencia) desde que entró y ella me sugirió que era importante mover la elección al 28 dada la cantidad de puestos que se van a elegir en el 27”, explicó.
La mandataria federal añadió que, de haberse mantenido la fecha, los ciudadanos habrían tenido que acudir a dos casillas distintas: una para elegir cargos de gobierno y otra exclusivamente para el Poder Judicial.
“La gente tendría que ir a votar por gobernador, presidentes municipales, diputados en una casilla y luego moverse a otra casilla para votar por el Poder Judicial”, detalló.
La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, precisó que la reforma será de rango constitucional y que las elecciones judiciales posteriores al 2028 serán concurrentes con procesos ordinarios: en 2030, 2033 y 2036.
En la próxima elección se renovarán cuatro magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 463 magistrados de tribunales colegiados de circuito, 385 jueces de distrito, 424 magistrados locales y dos mil 831 jueces en 25 estados.
Además del cambio de fecha, la iniciativa contempla seis modificaciones al modelo. La primera es la creación de una Comisión Coordinadora integrada por tres personas, una por cada Poder de la Unión, que homologue criterios y metodologías de evaluación entre los comités de los tres poderes, incluyendo exámenes de conocimiento.
La segunda es reducir el número de candidatos en boleta: los comités seleccionarán a las cuatro personas mejor evaluadas por cargo, se realizará una insaculación y quedarán únicamente dos candidatos por cargo, priorizando la paridad de género. El tercer cambio corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE), para simplificar el diseño de la boleta electoral mediante distintivos por candidatura.
- El Dato: La Coparmex consideró que cualquier ajuste relacionado con el Poder Judicial debe construirse con diálogo, con visión de Estado y privilegiando la legalidad.
“Yo creo que todos los que tuvimos la experiencia de participar nos gustaría tener mayor claridad sobre quiénes son las propuestas y cómo votar”, señaló Sheinbaum Pardo.
El cuarto punto establece capacitación permanente y obligatoria para todos los jueces y magistrados, a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), en coordinación con la Escuela Judicial. El quinto homologa los procesos en entidades federativas para eliminar el margen que permitió que algunos estados “se saltaran pasos” en el proceso de 2025, como la insaculación.
El sexto crea dos secciones dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para desahogar asuntos menores sin necesidad de sesión plenaria, medida que busca reducir el rezago acumulado.
La iniciativa fue enviada ayer a la Cámara de Diputados para su discusión en un periodo extraordinario y su posible aprobación en los primeros días de julio.
AVANCE PARCIAL. La propuesta generó reacciones divididas entre especialistas. Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, consideró que la iniciativa presenta “problemas de forma y de fondo” y la calificó de “gatopardismo constitucional puro y duro”.
A su juicio, mover la elección de 2027 a 2028 equivale a reconocer que el modelo era inviable, pero mantener la concurrencia para las siguientes ediciones “perpetúa el error”.
“Mientras el poder político controle quién accede al Poder Judicial, no habrá elección que pueda corregir el modelo”, advirtió Reyes.
Por separado Arturo Espinosa, director del Laboratorio Electoral, coincidió en que las soluciones propuestas “no atacan el fondo del problema”.
Señaló que el cambio de fecha es “una solución provisional” porque las elecciones de 2030 y 2033 seguirán siendo concurrentes con comicios ordinarios.
También cuestionó la creación de la Comisión Coordinadora: “No se trata de crear más burocracia y más instancias y hacer más complejo el ejercicio. Se trata de tener un mecanismo en el cual realmente podamos tener a los mejores perfiles compitiendo”.
Laurence Pantín, directora de Juicio Justo, reconoció que posponer la elección es “acertado” porque el propio INE había advertido que realizarla en 2027 no representaría un ahorro sino un costo adicional, y que una evaluación más rigurosa requiere más tiempo.
La especialista también valoró positivamente la idea de una metodología unificada de evaluación con examen de conocimientos, ya que en 2025 cada comité aplicó criterios distintos.
“En algún momento algunos comités aceptaron a gente que tenía 7.9 de promedio diciendo: ‘Se acerca muchísimo al ocho’, mientras que otro decía ‘la Constitución me dice que el promedio mínimo tiene que ser de ocho’”, recordó.
Sin embargo, marcó dos puntos negativos relevantes. El primero es que permitir representantes de partidos en las casillas unificadas elimina una garantía que, aunque imperfecta, existía para blindar las elecciones judiciales de la injerencia partidista.
El segundo es asignar funciones de capacitación al TDJ: “El tribunal de disciplina es un órgano sancionador por su naturaleza. Me parece que quien tiene que estar a cargo de la capacitación y actualización de las personas juzgadoras es el Órgano de Administración Judicial”.
Pantín también celebró el regreso de las secciones en la Corte, ahora rebautizadas así en lugar de salas, al señalar que su eliminación dejó al tribunal “mucho menos productivo” que antes.
El llamado común entre los especialistas es que el aplazamiento sirva para algo más que un parche: que el tiempo ganado se destine a construir, con participación de la sociedad civil y la academia, un modelo electoral judicial que garantice perfiles idóneos, procesos transparentes y una justicia verdaderamente independiente del poder político.
Oposición ve intento oficialista de corregir “su desastre” con la judicial
| Por Tania Gómez, Claudia Arellano y Elizabeth Hernández |
Legisladores de oposición acusaron a Morena y al Gobierno federal de intentar corregir “el desastre” y “su propio cochinero” en la reforma judicial, luego de que se planteara modificar nuevamente la Constitución para aplazar de 2027 a 2028 la elección de jueces y magistrados.
Ricardo Anaya, coordinador de la bancada panista en el Senado de la República, afirmó que el control del procedimiento conserva el riesgo principal de la reforma.
“No basta con mover la fecha de la elección judicial si Morena mantiene intactos los mecanismos de control político sobre quienes aspiran a impartir justicia. El problema no es solamente cuándo se elige, sino quién sigue controlando el proceso”.
El senador panista Marko Cortés consideró que la reforma judicial impulsada por Morena “fue una pésima decisión” y advirtió que el aplazamiento de la enmienda busca facilitar el control político del Poder Judicial (PJ) mediante una baja participación ciudadana.
- El Dato: La elección judicial de 2025 registró una participación de alrededor de 13 por ciento, lo que generó críticas por la dificultad para identificar a los candidatos en la papeleta.
“Buscan imponer a sus jueces, sí, con el voto popular, pero con poca participación electoral”, declaró, al tiempo que sostuvo que los cambios impulsados por el oficialismo debilitan el Estado de derecho y afectan la confianza de inversionistas.
Cortés Mendoza afirmó que Morena teme una alta participación en las elecciones del 2027 y vinculó el eventual aplazamiento con la caída en la aprobación de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López, señaló que la iniciativa de reforma constitucional que enviará la Presidencia de la República representa una oportunidad para revisar de manera integral la reforma judicial y evitar prácticas como los llamados “juzgadores de acordeón”.
La legisladora sostuvo que el Congreso debe aprovechar la discusión para corregir las deficiencias del nuevo modelo y construir acuerdos entre las distintas fuerzas políticas que permitan fortalecer al PJ.
“Estoy absolutamente convencida de que es una gran oportunidad para corregir las deficiencias de la reforma judicial y construir entre todos los grupos parlamentarios, con altura de miras, pensando en que este país necesita justicia y un Poder Judicial fuerte”, concluyó.
Para Elías Lixa Abimerhi, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, el punto central rebasa el ajuste de fecha. “El problema nunca fue únicamente la fecha. El problema de fondo es haber convertido la justicia en un mecanismo sometido a intereses políticos y electorales, a costa de sacrificar el acceso a la justicia para las familias mexicanas.”
- 20 mmdp costaría empatar la judicial con la elección del 2027
Por su parte, Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, reconoció como positivo el cambio de calendario, pero sostuvo que esa modificación no resuelve el fondo del debate.
“Es positivo que se haya decidido cambiar la fecha de la elección judicial para evitar su concurrencia con el proceso electoral de 2027, pero eso no basta. Mientras Morena mantenga mecanismos de control político sobre quienes aspiran a impartir justicia, el problema de fondo seguirá intacto. La justicia debe sacarse de las garras del poder político y garantizar verdadera autonomía e independencia para las y los mexicanos”, explicó.
Entre los señalamientos del blanquiazul sobre los cambios a la refoma judicial figuran la creación de una Comisión Coordinadora o comité técnico, diseño que, de acuerdo con sus legisladores, no garantiza autonomía real.
El partido sostuvo que esa instancia conserva la definición de candidaturas bajo esquemas de captura institucional, sin participación independiente de universidades, colegios o barras de abogados.
Por separado, el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, aseguró que ahora Morena intenta corregir “su propio desastre” tras defender durante meses la reforma judicial y descalificar a quienes advertían sobre sus fallas. “Durante meses, Morena defendió la mal llamada reforma judicial y descalificó, sin escuchar ni debatir, a quienes advertíamos sus profundos errores”, señaló el legislador emecista.
Castañeda Hoeflich afirmó que, ahora, desde Palacio Nacional se plantea mover la elección judicial al 2028, modificar las boletas y rehacer los criterios de elegibilidad para corregir las fallas del modelo impulsado por el oficialismo.
“Lo dijimos desde el principio: no reformaron el sistema de justicia, lo capturaron”, dijo, al tiempo que recordó que habrá un periodo extraordinario en el Congreso para discutir cambios en la materia.
En tanto, el coordinador de los senadores del PRI y dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, afirmó que el Gobierno busca postergar la elección judicial hasta 2028 para ocultar el “fracaso” de la reforma constitucional aprobada en 2024.
“¡Fracasa la Reforma Judicial!”, lanzó el priista al insistir en que el proceso no debe aplazarse, sino cancelarse definitivamente para preservar la carrera judicial y evitar la subordinación de ese poder al régimen.
Moreno Cárdenas afirmó que México “no merece juzgadores improvisados, parciales y subordinados al régimen”, y acusó que el verdadero objetivo del oficialismo es “proteger al poder y encubrir los vínculos criminales de Morena”.
Diputados, listos para recibir enmienda
| Por Claudia Arellano |
El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que el recinto legislativo está preparado para recibir y discutir la iniciativa de reforma constitucional que enviará la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, relacionada con la prórroga de la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial (PJ).
Además, el diputado explicó que San Lázaro fungirá como cámara de origen para el análisis y dictaminación de la propuesta presidencial.
“Estamos preparados, seremos Cámara de origen; estamos listos para recibirla y para que podamos, en tiempo y forma, dictaminarla junto con las otras iniciativas que existen al respecto”, expresó Monreal Ávila en un mensaje difundido a través de redes sociales.
El legislador recordó que durante la conferencia matutina de la mandataria federal se anunció formalmente el envío de la iniciativa, la cual contempla modificar la fecha de la elección judicial e introducir otros cambios relacionados con la reforma en la materia.
Asimismo, adelantó que será el próximo jueves cuando la Comisión Permanente del Congreso de la Unión determine la convocatoria para un periodo extraordinario de sesiones que podría realizarse la próxima semana, antes de concluir el mes.
Monreal Ávila indicó que la intención es otorgar tiempo suficiente para que los congresos estatales participen en el proceso de aprobación, tal como lo establece la Constitución para las reformas constitucionales dentro del mecanismo del Constituyente Permanente.
“Esto permitirá que los congresos locales también puedan participar, como lo establece la Constitución cuando se reúne el Constituyente Permanente en todo el proceso de modificación constitucional”, explicó el legislador.
El líder morenista reiteró que la Cámara de Diputados mantiene disposición para avanzar en los trabajos legislativos relacionados con la reforma judicial. “Estamos listos para poder trabajar por México”, concluyó Ricardo Monreal.
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