De 2018 a la fecha, Estados Unidos no ha enviado a ninguna persona en extradición solicitada por México mediante 269 requerimientos, dio a conocer el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, quien además, aseguró que pedir más pruebas para sustentar las peticiones que dicho país hace al Gobierno mexicano, como el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es una práctica “legal y convencional” entre ambas naciones.
“Nuestra postura es legal y es convencional. Es recíproca y es previsible, porque es la forma en que hemos actuado ambos gobiernos. Y es naturalmente garante del debido proceso. Estamos comprometidos con la cooperación internacional en materia de justicia con apego al derecho, con respeto a la soberanía”, sostuvo durante la conferencia presidencial.
El funcionario expuso que el fundamento legal para que México pida elementos y pruebas cuando recibe solicitudes de detención con fines de extradición reside en el propio acuerdo que ambos países sostienen en la materia.
- EL DATO: ESPECIALISTAS del Inacipe en Derecho enfatizaron en un foro la necesidad de fortalecer los mecanismos de tutela judicial en los procedimientos de extradición.
“Ese tratado, obviamente, se tiene que analizar de manera integral. Y va de la mano del artículo 11, que habla de la detención provisional. ¿Cuál es la concreción jurídica? Que el artículo 11 y 12, al ir de la mano, permiten a los gobiernos pedir en cualquier momento del proceso —que tiene varias fases— mayor información sobre las solicitudes de
extradición”, señaló.
El secretario ahondó en que el artículo 9 de tal documento aborda los casos de solicitudes respecto a nacionales, en donde México tiene la obligación de realizar una investigación exhaustiva antes de entregar a la persona.
Comentó que el artículo 17 de la Ley de Extradición igualmente apunta que se deben acreditar la manifestación de existir una orden de aprehensión y la expresión del delito, la cual debe ser lo suficientemente clara y precisa. En caso de que sea vaga, se puede solicitar mayor información.
ES UNA PRÁCTICA común entre los dos países que se requieran elementos adicionales, no es algo que nunca haya ocurrido o que esté fuera del tratado, como han sugerido algunas personas en la prensa mexicanaROBERTO VELASCO Titular de la SRE
Velasco Álvarez resaltó que el estándar aplicado en estas situaciones ha sido solicitar información complementaria para proceder con las solicitudes de detención provisional, lo cual también ha hecho Estados Unidos.
“En el caso de Estados Unidos, cuando hay delitos complejos, como es el caso de corrupción, de desaparición forzada, las autoridades estadounidenses nos solicitan sistemáticamente información complementaria, estableciendo un alto estándar de revisión, incluso para proceder sobre la solicitud de detención provisional. Esta es la práctica que hemos seguido ambos países”, dijo.
Bajo esta dinámica es que Estados Unidos no ha atendido con entregas ninguno de los 269 requerimientos hechos por México entre el 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026.
De estos, 36 ya fueron negados por EU y 233 permanecen pendientes, de los cuales 183 corresponden a peticiones formales de extradición y los otros 50 a solicitudes de detención provisional con fines de extradición. En 47 de las últimas 50, Estados Unidos requirió a México presentar información adicional.
HAY CASOS gravísimos (y) no hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México. Es decir, ¿qué pide siempre México? Por lo menos nosotros: reciprocidad. ¿Por qué no han entregado a ninguno, si son casos relevantes, si hay reciprocidad?CLAUDIA SHEINBAUM Presidenta de México
Por ello, el funcionario subrayó que el pedir pruebas adicionales que fundamenten las solicitudes es una práctica que se ha aplicado desde años anteriores entre ambos países.
“Es una práctica común entre los dos países que se requieran elementos adicionales, no es algo que nunca haya ocurrido o que esté fuera del Tratado, como han sugerido algunas personas en la prensa mexicana”, dijo.
Entre los casos de las solicitudes varadas en el gobierno estadounidense está el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
También Víctor Manuel Álvares, señalado por desfalco en la Secretaría de Gobernación y también se le vincula con el crimen organizado. Otro solicitado es el juez José Ulises “N”, requerido por el caso Ayotzinapa.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó a EU por no haber entregado, hasta ahora, a ninguna persona que se les ha pedido en extradición, a pesar de estar vinculadas a delitos como la delincuencia organizada y casos graves, como lo ocurrido en Iguala con los normalistas, y aunque uno de los acuerdos en la relación bilateral es de reciprocidad.
“Del 1.º de enero del 2018 al 13 de mayo del 2026, 269 requerimientos de extradición. No han enviado ninguno. Porque la relación es recíproca. Hay casos gravísimos para México: factureros, exgobernadores acusados de delincuencia organizada, Ayotzinapa.
“No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México. Es decir, ¿qué pide siempre México? Por lo menos nosotros: reciprocidad. ¿Por qué no han entregado a ninguno, si son casos relevantes, si hay reciprocidad?”, expresó.
ACUSAN USO POLÍTICO
Por: Elizabeth Hernández
LA DEFENSA de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, negó cualquier vínculo entre el expediente abierto en México en su contra y acusaciones por narcotráfico o protección al crimen organizado. Sus abogados acusaron al Gobierno federal de usar ese caso en su respuesta ante Estados Unidos por señalamientos contra otros actores políticos.
El equipo legal del exmandatario ubicó el origen del expediente judicial en una operación inmobiliaria de hace siete años, relacionada con la compraventa de un departamento y un cajón de estacionamiento. Según el posicionamiento, esa transacción privada derivó en distintas hipótesis penales, incluida delincuencia organizada.
A decir de la defensa, existen documentos, registros financieros y testimonios que acreditan la legalidad del acto. Los abogados buscan separar el caso de acusaciones ligadas al narcotráfico y presentarlo como una operación patrimonial que, dijeron, terminó convertida en causa penal.
Sostuvo que su cliente no se encuentra prófugo ni oculto, sino que vive en EU “libre y abiertamente”. Añadió que el exgobernador ha acudido desde hace más de seis años ante instancias de México y EU para denunciar presuntos actos de corrupción y delincuencia organizada. Entre esos hechos mencionaron el fraude fiscal con combustibles, conocido como “huachicol fiscal”, así como supuestas redes criminales con protección política en territorio mexicano.
