La iniciativa enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Comisión Permanente propone aplazar a 2028 la elección de juzgadores federales hasta ahora prevista para 2027, así como la posibilidad de que la revocación de mandato se celebre en la misma fecha, eliminando la prohibición vigente de que ese mecanismo coincida con cualquier jornada electoral.
La propuesta, que modificaría los artículos 35, 94, 96, 98, 100, 116 y 122 de la Constitución, también crea una Comisión Coordinadora de los tres Comités de Evaluación.
La iniciativa invierte el artículo 35, fracción IX, que establece que la revocación de mandato debe celebrarse “en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales”.
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La reforma propone que se realice “el primer domingo de junio del año que corresponda de forma coincidente con las jornadas electorales, federal o locales”.
El argumento es de racionalidad presupuestal y logística: evitar “la duplicidad de estructuras, recursos humanos, materiales y financieros” y “optimizar la logística electoral”.
Cambios, por problemas en primera elección judicial
La iniciativa justifica el cambio de fecha en los problemas logísticos que enfrentó el primer proceso electoral judicial, en junio de 2025, cuando cerca de 13 millones de mexicanos votaron por primera vez por ministros, magistrados y jueces.
El documento advierte que celebrar una nueva elección en 2027 generaría “desafíos significativos tanto para las autoridades electorales como para el Poder Judicial de la Federación” al coincidir con los comicios federales ordinarios.
Reforma propone reducción de candidatos
El cambio más significativo sería la reducción del universo de candidatos, pues en el modelo actual, los Comités de Evaluación integran listas de hasta diez personas para cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y hasta seis para magistrados y jueces de circuito y distrito; luego las acotan vía insaculación.
La reforma propone que, en todos los casos, cada Comité seleccione a las “cuatro personas mejor evaluadas” y las insacule hasta quedar en dos: una mujer y un hombre.
Así, cada uno de los tres Poderes postularía dos candidaturas por cargo, para un total de seis nombres en la boleta, en lugar de los más de 20 que llegaron a aparecer en algunas papeletas de 2025.
La exposición de motivos argumenta que “un muy alto número de candidaturas por cargo puede llegar a dificultar la deliberación ciudadana y, con ello, el pleno ejercicio de ese derecho democrático”.
La paridad de género quedaría blindada desde la insaculación, separada por sexo, de modo que las autoridades electorales no tendrían que asignar cargos alternadamente entre hombres y mujeres después de la jornada, práctica que la iniciativa califica de “discrecional”.
Creación de una Comisión Coordinadora
La reforma crea una Comisión Coordinadora integrada por los coordinadores que cada uno de los tres Comités de Evaluación elija internamente.
Esa comisión sería responsable de “verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de las personas participantes, establecer criterios y metodologías homologadas de evaluación, selección y exámenes de conocimientos, y emitir acuerdos que regulen los trabajos de los tres Comités”.
También adelanta al 30 de abril del año previo a la elección la publicación de la convocatoria del Senado, para ampliar los tiempos de preparación de los aspirantes.
Suprema Corte operaría ‘en dos secciones’
Respecto a la Suprema Corte, la propuesta autoriza al máximo tribunal, que desde septiembre de 2025 funciona solo en Pleno, a operar también “en dos secciones” para gestionar asuntos de trámite sin saturar las sesiones plenarias.
Adicionalmente, los juzgadores que aspiren a un cargo de elección distinto al que ocupan deberán presentar “renuncia expresa e irrevocable” antes de registrarse como candidatos; el órgano de administración judicial deberá declarar vacante el cargo de inmediato.
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