Por su participación en un esquema de corrupción, un tribunal con sede en Miami, Florida condenó a integrantes de la familia Weinberg y otras empresas relacionadas con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a pagar 578.5 millones de dólares al Estado mexicano por concepto de reparación de daño patrimonial.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las personas físicas y morales “participaron en mecanismos destinados a la obtención indebida de contratos públicos y en la posterior transferencia y ocultamiento de recursos”.
El fallo deriva del procedimiento civil promovido para la recuperación de activos relacionados con el esquema ilícito vinculado al exfuncionario federal durante la administración de de Felipe Calderón Hinojosa.
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Suman 3,067 mdd recuperados
Con esta sentencia, suman más de 3 mil 067 millones de dólares recuperados; además, la reciente resolución se suma a las dictadas en mayo de 2025 en contra de Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereira, para el pago de 2 mil 488 millones de dólares por el uso de un mecanismo ilegal de contratación y desvío de recursos públicos del Gobierno de México
Durante el juicio, las autoridades presentaron documentación financiera, testimonios y elementos recabados mediante cooperación jurídica internacional. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el “acervo probatorio” permitió acreditar la participación de las personas físicas y morales.
Además del pago fijado por el tribunal estadounidense, la sentencia forma parte de un acuerdo para que los condenados entreguen activos ubicados en distintas jurisdicciones. Esos bienes deberán liquidarse y aplicarse al abono parcial de las cantidades determinadas por la autoridad judicial.
Hacienda señaló que la UIF dará seguimiento a la ejecución del convenio junto con las instancias competentes, y afirmó que “refrenda su compromiso de combatir el lavado de dinero, recuperar los recursos sustraídos del patrimonio público y fortalecer la cooperación internacional para prevenir y sancionar operaciones financieras vinculadas con actos de corrupción”.
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