Un tribunal de Florida, con sede en Miami, dictó una nueva sentencia a favor del Estado mexicano dentro del litigio civil promovido para recuperar activos ligados a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal. La resolución ordena a integrantes de la familia Weinberg, así como a empresas vinculadas con ellos, a pagar 578.5 millones de dólares por daño patrimonial.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que el fallo deriva del procedimiento promovido para recuperar activos asociados con un esquema ilícito de contratación pública.
- El Dato: El exfuncionario fue detenido en 2019 y en 2023 condenado a 39 años de prisión en Estados Unidos.
El caso civil inició en septiembre de 2021, cuando el Estado mexicano reclamó bienes y recursos presuntamente obtenidos mediante contratos públicos irregulares. La UIF señaló desde 2023 que un conglomerado empresarial familiar obtuvo 30 contratos con órganos de seguridad pública en México y que de ahí salieron 745.9 millones de dólares hacia el extranjero.
La demanda civil coloca a los Weinberg dentro del núcleo financiero atribuido al entorno de García Luna. El expediente identifica a Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Natan Wancier Taub como personas relacionadas con compañías panameñas como Nunvav y Nunvav Technologies, además de otras sociedades que, según el reclamo de México, sirvieron para canalizar recursos hacia cuentas fuera del país. Con ese fallo, las condenas vinculadas a este caso ascienden a más de tres mil 67 millones de dólares. La cifra incluye resoluciones previas contra García Luna y su cónyuge, emitidas en mayo del año pasado,
por un monto superior a dos mil 448
millones de dólares.
Durante el juicio, las autoridades presentaron documentación financiera, testimonios y elementos recabados mediante cooperación jurídica internacional. Según Hacienda, esas pruebas permitieron acreditar la participación de personas físicas y morales en mecanismos para obtener contratos públicos de manera indebida, transferir recursos y ocultarlos.
Además del pago fijado por el tribunal, la sentencia forma parte de un acuerdo para que los condenados entreguen activos ubicados en distintas jurisdicciones. Esos bienes deberán liquidarse y aplicarse al abono parcial de las cantidades determinadas por la autoridad judicial.
Hacienda señaló que la UIF dará seguimiento a la ejecución del convenio junto con las instancias competentes.
El caso forma parte de la estrategia del Gobierno para recuperar recursos presuntamente desviados mediante actos de corrupción asociado con operaciones financieras atribuidas al entorno de García Luna, quien ocupó la Secretaría de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón.
Hacienda afirmó que “refrenda su compromiso de combatir el lavado de dinero, recuperar los recursos sustraídos del patrimonio público y fortalecer la cooperación internacional para prevenir y sancionar operaciones financieras vinculadas con actos de corrupción”.
