La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará una nueva reforma electoral con la que se buscará evitar que personas con un posible vínculo a la delincuencia organizada lleguen como candidatos a las elecciones en el país, por medio de una comisión a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE) que colaborará con instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), para identificar riesgos entre los postulados por los partidos.
Al arranque de la conferencia de prensa, la mandataria comentó que aprovechará el periodo extraordinario que abrirá el Congreso de la Unión -con motivo de la reforma para pasar la elección judicial al 2028- para presentar otra reforma.
Subrayó que esto permitirá que, si el cambio que propone es aprobado, entonces pueda entrar en vigor para ser aplicado en los próximos comicios de 2027.
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Refirió que el objetivo de tal reforma es uno de los planteamientos que se incluyó en el Plan A de la reforma presentada a inicios del año, pero que el Congreso no avaló.
El plan es fortalecer las capacidades del Instituto Nacional Electoral (INE) para que se revise de manera más profunda a los candidatos y que se evite que cualquier aspirante de cualquier partido y que tenga el riesgo de vínculo con el crimen organizado, sea postulado.
Argumentó que la reforma se presenta tras hallarse casos en donde presidencias municipales se vincularon con criminales, como se encontró a inicio del sexenio en algunas administraciones del Estado de México, posteriormente en los municipios de Teuchitlán y Tequila, Jalisco, y finalmente lo que se dio a conocer este miércoles con dos exalcaldes de Morelos.
Remarcó que todo se llevará a cabo en el marco de la confidencialidad y presunción de inocencia.
Presentan reforma
La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, ahondó que el cambio se centrará a la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.
Dependerá del INE, se integrará por cinco de los consejeros electorales y que serán votados por un periodo de tres años.
Los partidos deberán entregar a la comisión la lista de sus aspirantes, para que se consulte con la FGR, CNI, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que éstas determinen si existe algún tipo de riesgo.
Las instituciones no entregarán detalles a los partidos del tipo de riesgo que se llegue a identificar, sino únicamente el nivel de la amenaza y los partidos asumirán la responsabilidad sobre si se sigue adelante con las candidaturas.
Señaló que esto no establecerá alguna sentencia sobre los señalados ni se determinará su culpabilidad sino únicamente servirá para identificar “focos rojos”.
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LMCT
