El Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó a Morena de intentar concentrar el control de los procesos electorales a través de iniciativas que, según sus legisladores, podrían alterar equilibrios democráticos, limitar candidaturas y acelerar cambios a la reforma judicial sin una discusión amplia.
Las advertencias apuntan a dos frentes. En el Senado, la bancada priista cuestionó una iniciativa para anular elecciones por supuesta intervención extranjera y otra para revisar perfiles de aspirantes mediante un comité dentro del Instituto Nacional Electoral (INE). En la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario alertó sobre una aprobación acelerada de una reforma judicial y tres propuestas electorales durante el periodo extraordinario de esta semana.
El senador Manuel Añorve Baños sostuvo que Morena busca construir un esquema de control político sobre los comicios, luego de asumir mayoría en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de avanzar contra órganos autónomos.
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Añorve Baños acusó que el oficialismo pretende reducir los contrapesos institucionales. “Simple y sencillamente no hay una independencia en los tres poderes, en el equilibrio democrático, no existe independencia política, Morena quiere el control absoluto en procesos electorales y la impartición de justicia”, dijo.
La revisión de perfiles abrió otro punto de choque. Añorve señaló que el comité propuesto dentro del INE tendría facultades para analizar antecedentes y viabilidad de candidaturas, pero cuestionó que no incluya a colegios, asociaciones civiles, académicos ni representantes de partidos políticos.
A juicio del senador, ese diseño dejaría la información en manos de instancias cercanas al oficialismo. “No incorporan voces distintas, ni a representantes de partidos políticos en este comité; ellos controlan el INE, controlan la Fiscalía General de la República, controlan la Unidad de Inteligencia Financiera, controlan todo lo que ellos van a manejar como información”, afirmó.
El control de candidaturas, según Añorve, ya forma parte de las obligaciones internas de cada fuerza política. Indicó que los partidos deben nombrar perfiles sin señalamientos ni vínculos con la delincuencia organizada, y aseguró que el PRI solicita antecedentes a las instancias correspondientes antes de definir postulaciones locales, federales, municipales o estatales.
Bajo ese mismo eje, el bloque priista en San Lázaro colocó otro ángulo sobre la mesa. Rubén Moreira Valdez, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, advirtió que Morena pretende avanzar en fast track con cuatro iniciativas que, según dijo, apenas se dieron a conocer y carecen de una reflexión profunda.
El legislador sostuvo que no se puede aprobar una agenda de ese alcance “a prisa” mientras el país enfrenta violencia política, inseguridad e infiltración del crimen organizado en procesos electorales.
Ante ese escenario, Moreira cuestionó que las propuestas no contemplen mecanismos claros para actuar ante el asesinato de candidatos, la existencia de candidaturas únicas o los casos en los que sólo participan hombres en determinadas regiones, situación que podría reflejar obstáculos para la participación de mujeres.
Los vacíos señalados por el coordinador priista también incluyen la falta de atlas de riesgo electoral, reglas para anular comicios con infiltración criminal y sanciones como la pérdida de registro para partidos vinculados con actividades ilícitas.
Como alternativa, Moreira planteó crear un órgano independiente que reciba denuncias de los partidos, investigue la posible presencia del crimen organizado y ayude a reducir la violencia política. También pidió revisar patrones que empiezan a repetirse en algunas zonas del país, donde sólo aparecen candidaturas masculinas.
La reforma judicial concentró otra parte de las críticas. Julián Proa, abogado invitado al programa, afirmó que el anuncio de nuevos ajustes confirma fallas en el proyecto original, pues incluso autoridades electorales han señalado dificultades para aplicarlo en los tiempos previstos.
Otro riesgo operativo está en el empalme entre la elección judicial y los cambios electorales, de acuerdo con Miguel Sulub y Mario Di Costanzo. Ambos recordaron que la renovación contempla alrededor de 850 cargos federales, entre magistraturas electorales, magistraturas de tribunales colegiados y jueces, además de cerca de 3 mil juzgadores locales pendientes.
Para la oposición priista, el debate legislativo de esta semana tendrá como punto central impedir reformas que, según sus legisladores, centralizan decisiones electorales y judiciales. Moreira adelantó que darán la batalla “día y noche”, mientras Añorve advirtió que la información del comité podría utilizarse contra adversarios políticos.
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