La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió este miércoles a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para responder al citatorio emitido dentro de la carpeta de investigación FED/FEILC/FEILC-CHIH/000051/2026, pero rechazó rendir entrevista en calidad de testigo al sostener que su cargo como titular del poder ejecutivo de un estado, le permite atender el requerimiento por escrito o mediante vías institucionales.
En un oficio dirigido a Julio César Jaimes Carmona, agente del Ministerio Público de la Federación, Maru Campos afirmó que su presencia física no implica someterse a un acto de investigación personal. “No comparezco para rendir entrevista en calidad de testigo ni para sujetarme a acto de investigación alguno”, señaló en el documento.
La respuesta fue presentada bajo el oficio 057-2026 DESP. GOB. CHIH., con fecha del 27 de mayo de 2026. En el escrito, Campos Galván acusó que la citación resulta “ambigua, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación”.
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Según Maru Campos, el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece una excepción para servidores públicos protegidos por el artículo 111 constitucional. Campos sostuvo que esa regla aplica a su investidura como titular del Poder Ejecutivo de Chihuahua.
Bajo ese argumento, Maru Campos afirmó que el Ministerio Público no puede someterla a una entrevista testimonial ni a una diligencia de carácter personal mientras conserve fuero constitucional. En su escrito, planteó que la protección no opera en favor de la persona, sino de la función pública que desempeña.
“El Ministerio Público carece de atribuciones para someter al titular del Poder Ejecutivo de una entidad federativa a actos de investigación de carácter personal mientras subsista la inmunidad constitucional”, expuso en el oficio.
Maru Campos también cuestionó que el citatorio no precisara el objeto de la diligencia. De acuerdo con su respuesta, la autoridad federal no detalló los hechos concretos sobre los que pretendía entrevistarla ni aclaró si buscaba información institucional, documentos públicos, datos de contexto o conductas atribuibles a su persona.
Otro punto central del escrito se refiere a la calidad jurídica con la que se le citó. La gobernadora acusó una contradicción porque el oficio la llamó como testigo, pero al mismo tiempo invocó disposiciones relacionadas con derechos de defensa, propias de una persona imputada.
Para Maru Campos, esa mezcla de figuras legales podría convertir la entrevista en una diligencia “materialmente preimputativa” bajo la apariencia de testimonio. “Una diligencia de colaboración institucional, una entrevista testimonial genérica y un acto de investigación con posible contenido incriminatorio tienen naturaleza, régimen y consecuencias absolutamente distintas”, indicó.
Aunque rechazó la entrevista, Maru Campos aseguró que el Gobierno de Chihuahua mantiene disposición para entregar información a la FGR. La mandataria pidió que cualquier requerimiento se tramite por la vía de colaboración entre autoridades, con fundamento, motivación y precisión sobre el material solicitado.
Maru Campos planteó tres peticiones formales. Solicitó tener por presentada su respuesta al citatorio del 22 de mayo, declarar improcedente la entrevista en cualquier modalidad y, si la FGR requiere datos del Gobierno estatal, formular la solicitud mediante colaboración institucional.
Maru Campos sostuvo que acudió y respondió a la autoridad federal, pero insistió en que el Ministerio Público debe optar por un cauce legal distinto. “Corresponde ahora a esta Representación Social elegir entre la cooperación institucional o la persistencia en una diligencia que el propio orden constitucional no autoriza. Confío en que prevalecerá el Derecho”, concluyó.
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