El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer un nuevo recurso relacionado con el caso de huachicol fiscal que involucra al empresario Édgar Marín Meza Moreno, señalado por el presunto contrabando de 21.5 millones de litros de diésel, en una investigación valuada en alrededor de 173 millones de pesos.
La discusión jurídica girará en torno a si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene facultades para representar el interés fiscal de la Federación en delitos de contrabando, o si esa atribución corresponde únicamente a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Por unanimidad, los ministros admitieron el recurso de queja 126/2026, promovido por el SAT contra una resolución del Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito, en Veracruz, que confirmó la no vinculación a proceso del empresario.
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FGR acusó a empresario en 2025
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente a Édgar Marín Meza Moreno por presunto contrabando de combustible el 3 de julio de 2025.
Aunque un juez federal con sede en Xalapa determinó inicialmente vincularlo a proceso, meses después el Tribunal Colegiado de Apelación del Séptimo Circuito dejó sin efectos esa resolución al considerar que la FGR omitió dar participación a la ANAM, autoridad competente en la materia.
La controversia legal se centra en determinar qué autoridad federal tiene legitimación para intervenir en procesos penales por contrabando tras los cambios administrativos derivados de la entrada en vigor del reglamento interior de la ANAM en 2022.
El expediente llegó al máximo tribunal luego de que el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, y la ministra Sara Irene Herrerías Guerra respaldaran la solicitud de atracción del caso.
Este es el segundo recurso que la Corte atrae sobre el tema. El pasado 18 de marzo, el máximo tribunal admitió el recurso de queja 39/2026, a propuesta del ministro Irving Espinosa Betanzo, también relacionado con el mismo empresario y el presunto esquema de “huachicol fiscal”.
La decisión que eventualmente tome la SCJN podría definir el alcance legal de las atribuciones del SAT y de la ANAM en investigaciones de contrabando, un criterio que tendría impacto en otros procesos abiertos por delitos fiscales y aduaneros en el país.
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