La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acudió este miércoles a la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México, para presentar una denuncia penal y responder al citatorio que recibió como testigo en una investigación federal ligada al desmantelamiento de un narcolaboratorio en la zona serrana de Pinal. Frente a la sede ministerial, la mandataria sostuvo que la diligencia no buscaba obtener información institucional, sino colocarla en una condición jurídica distinta.
Acompañada por la dirigencia del Partido Acción Nacional, coordinadores parlamentarios, su defensa y figuras de oposición, la mandataria estatal se lanzó en mitin contra la Cuarta Transformación.
- El Dato: El senador Javier Corral acusó a la gobernadora Maru Campos de victimizarse y distorsionar trámites judiciales para eludir responsabilidades por presuntas conductas ilegales.
Afirmó que acudió “de frente” ante la autoridad, pero no para rendir una entrevista ministerial. Su equipo legal entregó escritos contra el citatorio y una denuncia penal por lo que consideró un intento de uso indebido de la FGR.
Campos Galván centró su señalamiento en el origen de la investigación y vinculó la actuación ministerial con el operativo estatal contra un laboratorio clandestino. Desde esa línea, acusó que el requerimiento de la FGR encubría una intención distinta. “Se me cita bajo la simulación de ser una ‘testigo’, pero con la burda finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpada”, sostuvo.
Roberto Gil Zuarth, abogado de la gobernadora, explicó que la defensa llegó a la sede federal porque el documento recibido fijó ese domicilio para presentar objeciones y escritos. Aclaró que la mandataria no acudió a una comparecencia formal, sino a contestar el requerimiento que le notificaron el sábado previo.
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El litigante afirmó que la FGR no puede imponerle actos de molestia como testigo o como inculpada, debido a la protección constitucional del cargo. También cuestionó la falta de precisión del oficio, pues, a su juicio, la autoridad no detalló el hecho concreto que pretende investigar.
Maru Campos acusó que la autoridad federal rebasó los límites legales al citarla de manera personal. “No guardaron las formas, no respetaron la ley y atropellaron la protección constitucional del cargo que los chihuahuenses me han conferido”, expresó. También advirtió una persecución política por la falta de fundamentación y motivación en el oficio de notificación.
La denuncia penal quedó arropada por el PAN en un acto político de respaldo a la mandataria estatal. Al lugar acudieron el presidente nacional del partido, Jorge Romero; el coordinador de las y los senadores panistas, Ricardo Anaya; integrantes de las bancadas de Acción Nacional en ambas cámaras y personajes de oposición, entre ellos Alessandra Rojo de la Vega. Con esa presencia, el albiazul buscó mostrar que la defensa de Campos Galván no se limitará al terreno jurídico.
Anaya Cortés sostuvo que el caso tiene relevancia nacional y contrastó la acción contra ella frente al trato que, según dijo, reciben otros políticos. Romero Herrera adelantó que el partido podría salir a las calles “hasta donde tope” y anunció una convocatoria en Chihuahua para expresar apoyo a la mandataria. La postura marcó un cierre de filas de la estructura panista alrededor de la denuncia.
INVOCA FUERO. En lugar de rendir una entrevista presencial ante la sede de la FGR en Ciudad Juárez, donde debía comparecer este miércoles, Maru Campos respondió en un escrito al citatorio relacionado con la carpeta de investigación 000051/2026. La mandataria presentó en la Ciudad de México el oficio 057-2026, con fecha del 27 de mayo de 2026, ante Julio César Jaimes Carmona, agente del Ministerio Público de la Federación en apoyo del equipo de investigación de la Fiscalía Especial en Investigación de Casos Complejos.
Según la respuesta, la presencia física de la mandataria en la sede federal no implicó someterse a una diligencia personal. La gobernadora calificó la citación como “ambigua, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación”, por considerar que no precisó el objeto de la diligencia ni el alcance real del requerimiento.
Bajo ese argumento, la mandataria citó el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 111 constitucional. Su posición jurídica establece que la excepción prevista para determinados servidores públicos alcanza a la titularidad del Poder Ejecutivo de Chihuahua, por lo que el Ministerio Público no tendría facultades para someterla a una entrevista testimonial o a un acto de investigación personal mientras conserve fuero constitucional.
Otra objeción central apuntó a la calidad jurídica con la que la FGR la citó. Campos Galván señaló que el oficio la llamó como testigo, pero al mismo tiempo invocó disposiciones relacionadas con derechos de defensa, propias de una persona imputada.
Esa mezcla de figuras, según la respuesta, podía convertir la entrevista en una diligencia materialmente pre imputativa bajo apariencia testimonial.
Aunque rechazó la entrevista, la gobernadora afirmó que el Gobierno de Chihuahua mantiene disposición para entregar información por cauces oficiales. En el escrito pidió que cualquier solicitud de la FGR se tramite mediante colaboración entre autoridades, con fundamento, motivación y precisión sobre documentos, datos públicos o materiales requeridos. La defensa recalcó que ese camino permitiría atender a la autoridad sin vulnerar la investidura constitucional de la mandataria.
Tres peticiones formales cerraron la respuesta entregada por Campos Galván. Solicitó que la FGR tenga por contestado el citatorio del 22 de mayo, declare improcedente la entrevista en cualquier modalidad y, en caso de requerir información del gobierno estatal, formule una petición institucional.
“Corresponde ahora a esta representación social elegir entre la cooperación institucional o la persistencia en una diligencia que el propio orden constitucional no autoriza. Confío en que prevalecerá el derecho”, concluyó.
La defensa de la gobernadora de Chihuahua confirmó que este viernes acudirá a una reunión con autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para discutir el supuesto citatorio que recibió la mandataria chihuahuense por un caso relacionado con el senador Javier Corral Jurado.
De acuerdo con el equipo legal, ese expediente había quedado cerrado y con determinación de no ejercicio de la acción penal hace más de un año.
Comparece en Ciudad Juárez exfiscal Jáuregui
Por Elizabeth Hernández
Durante dos horas y media, César Jáuregui Moreno, exfiscal general del Estado de Chihuahua, compareció ante la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez como testigo en la investigación por la intervención y muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), un caso que también arrastró una movilización panista afuera del inmueble.
La diligencia giró en torno a un cuestionamiento del Ministerio Público Federal (MPF). Al salir con su abogado, el exfuncionario dijo que atendió el requerimiento y no recibió una nueva cita: “Espero que sirva para aclarar las cosas”, expresó a los reporteros presentes, antes de sostener que sus respuestas darán mayores elementos para determinar qué ocurrió.
- El Dato: La entidad es la segunda con mayor promedio diario de homicidios dolosos, de acuerdo con datos del SESNSP.
Ante preguntas sobre si estaba tranquilo tras acudir al llamado, Jáuregui Moreno respondió: “por eso vine”. Al ser consultado sobre la imparcialidad de la FGR, evitó una valoración directa. “Más allá de ese tipo de consideraciones, lo que hay que tener claro es que, cuando alguien es requerido por una autoridad, tiene la obligación de venir a responder”. Sin embargo, dejó ver que, desde su consideración, “es probable” que el caso por el que acudió a comparecer esté politizado.
Jáuregui Moreno dejó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) el 27 de abril, ocho días después del accidente que expuso la presencia de personal de la CIA en territorio estatal. Al anunciar su salida, reconoció que los resultados contra el crimen organizado, incluida “la destrucción de uno de los laboratorios de drogas más grandes en la historia del país”, no justificaban acciones fuera del estricto apego a la ley.
También admitió inconsistencias en la información inicial y fallas en los mecanismos de control, comunicación y gestión institucional que le correspondían como titular de la dependencia: “Reconozco esta responsabilidad política y la necesidad de corregirla”.
Jáuregui Moreno abandonó la delegación federal en una camioneta blanca con antena satelital en el techo. Detrás avanzó una escolta en una camioneta pickup.
Simpatizantes de la gobernadora María Eugenia Campos Galván y dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) acudieron a las oficinas de la FGR en Ciudad Juárez. Entre empujones, consignas y preguntas de la prensa, Ulises Pacheco, líder estatal del blanquiazul, escoltó al exfiscal hasta el acceso.
El citatorio dirigido a Campos Galván elevó el tono del reclamo partidista cuando Pacheco acusó a la institución federal de actuar contra la mandataria y el exservidor público: “La FGR se ha vuelto el brazo armado de un narcopartido”, afirmó.
Un nuevo capítulo interno se abrirá el sábado, adelantó el dirigente, al anticipar que ese día “la estructura” panista se reunirá en la capital de Chihuahua para definir acciones políticas en respaldo a la gobernadora María Eugenia Campos.
Fuera del edificio, la discusión alcanzó la eventual presencia de agentes de EU en territorio chihuahuense. Uno de los manifestantes defendió la posibilidad bajo el argumento de combatir a los grupos criminales “¡Hasta que vengan los marcianos! Lo que no queremos es que cogobiernen los cárteles. Si es para combatirlos, ¡que vengan hasta los extraterrestres!”, respondió un manifestante.
Ir contra los narcoalcaldes depende de las denuncias
| Por Elizabeth Hernández |
Las investigaciones vinculadas con el Operativo Enjambre parten de las denuncias ciudadanas o querellas presentadas ante fiscalías, no de una revisión general de todos los alcaldes o autoridades estatales, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Ante preguntas sobre el alcance del operativo, la mandataria federal explicó que los casos surgen cuando una persona aporta información sobre posibles vínculos entre servidores públicos y grupos criminales. Con esos señalamientos, dijo, las áreas correspondientes inician una indagatoria y sólo avanzan si hay pruebas.
Sheinbaum Pardo rechazó que el operativo funcione como una búsqueda masiva desde inteligencia contra todos los presidentes municipales del país, y sostuvo que ese modelo resultaría inviable.
“Lo que tiene que haber es pruebas, porque no es nada más el dicho”, señaló Sheinbaum al explicar que las fiscalías sólo pueden proceder si la investigación reúne elementos conforme al sistema penal acusatorio.
- 14 alcaldes y exediles se han detenido en el Operativo Enjambre
De acuerdo con la mandataria federal, las denuncias pueden llegar por distintas vías. Una persona puede acercarse directamente a ella, al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, a elementos de seguridad o presentar la acusación directamente ante una fiscalía.
Tras recibir esos reportes, añadió, las autoridades revisan la información y, en caso de encontrar pruebas, el asunto queda en manos de la Fiscalía General de la República o de las fiscalías estatales, según corresponda a su competencia.
Al ser cuestionada sobre si algún gobernador se encuentra bajo investigación por señalamientos de esa naturaleza, la Presidenta evitó confirmar casos y remitió cualquier información oficial a la autoridad ministerial correspondiente.
“Tiene que decirlo la fiscalía, no me compete a mí”, respondió.
La titular del Ejecutivo también negó haber recibido señalamientos contra mandatarios estatales durante sus recorridos por el país: “No he recibido ninguna denuncia personal sobre eso”, dijo al descartar que alguien le haya señalado a un gobernador o gobernadora por presuntos nexos criminales.
Confirma CSP salida de 2 agentes de la CIA
Por Elizabeth Hernández
Dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) salieron de México después de que el Gobierno federal pidió su retiro a la embajada de ese país por no contar con acreditación para realizar labores de inteligencia en territorio nacional.
La Presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la solicitud ocurrió a través de una nota, luego de que se conociera la participación de personal de esa agencia en el operativo relacionado con un narcolaboratorio en Chihuahua.
El caso llegó a la conferencia presidencial dentro de una serie de preguntas sobre seguridad, cooperación bilateral y presencia extranjera en investigaciones sensibles. Según la mandataria, de manera pública se conoció la presencia de cuatro agentes en ese episodio. Dos fallecieron en México y otros dos permanecían en el país sin el registro requerido para actividades de inteligencia, por lo que el Gobierno pidió definir su situación ante las autoridades competentes.
- El Dato: El 19 de abril pasado, dos agentes de la CIA y dos de la Fiscalía de Chihuahua fallecieron en un accidente en la Sierra Tarahumara, lo que abrió la polémica de intervención extranjera.
La salida de los agentes quedó confirmada por Sheinbaum con una frase directa: “Se pidió a la embajada que se retiraran del país a través de una nota y se retiraron”. Lo anterior, al referirse a los dos elementos que seguían con vida tras el operativo en la sierra del Pinal. La Presidenta no detalló nombres, fechas ni cargos específicos dentro de la CIA.
El Gobierno federal marcó una diferencia entre el ingreso legal al país y la autorización para participar en tareas de inteligencia en nuestro país.
Sheinbaum sostuvo que una persona puede entrar con documentos válidos, pero si pretende efectuar actividades de esa naturaleza debe cumplir un protocolo adicional ante autoridades mexicanas.
Para esos casos, dijo, el procedimiento pasa por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y por el Gabinete de Seguridad. Esta ruta permite revisar la presencia de personal extranjero, definir el tipo de actividad solicitada y aprobar, en su caso, la estancia bajo reglas específicas.
México no acusó a los dos agentes de ingresar al país con documentos falsos. La observación central, de acuerdo con la versión presidencial, consistió en que no tenían acreditación para operar como personal de inteligencia.
“Ellos entran con pasaportes legales”, señaló Sheinbaum al responder sobre la condición migratoria de los agentes. Después aclaró que si venían a realizar labores de inteligencia, debían sujetarse a lo previsto por el Gobierno mexicano.
A partir de esa revisión, las autoridades plantearon dos opcione: los agentes podían registrarse bajo el protocolo correspondiente o abandonar el país. La decisión final, según la Presidenta, surgió de un diálogo entre la Embajada de Estados Unidos y la SRE.
El Gobierno buscó enviar una señal sobre los límites de la cooperación en seguridad con Estados Unidos. La administración de Sheinbaum mantiene canales de intercambio de información con instituciones estadounidenses, pero sostuvo que cualquier presencia operativa debe respetar los procedimientos nacionales.
La Presidenta Sheinbaum también defendió que la colaboración bilateral continúe sólo bajo autorización expresa, comunicación institucional y respeto a las reglas mexicanas.
Descarta SSPC ficha roja de Interpol contra Rocha
Por Elizabeth Hernández
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) descartó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuente con una notificación roja vigente ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), luego de revisar el caso con instancias nacionales e internacionales.
El antecedente inmediato surgió en la conferencia matutina del viernes 22 de mayo, cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer información sobre una supuesta ficha roja contra Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa. El tema volvió a Palacio Nacional tras la comparecencia del mandatario ante autoridades federales y por el operativo de resguardo que se observó alrededor del inmueble de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Culiacán.
- El Dato: La ficha roja es una solicitud internacional a las fuerzas del orden para localizar y detener provisionalmente a una persona, en espera de su extradición o acción judicial similar.
De acuerdo con la SSPC, las consultas oficiales no arrojaron registros activos en ese mecanismo de búsqueda internacional. “No cuenta con notificación roja emitida por la Interpol”, indicó la dependencia en un comunicado. En el mismo posicionamiento, sostuvo que “no existe ninguna notificación en su contra”, por lo que rechazó una alerta internacional relacionada con el funcionario.
Durante la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum evitó dar detalles sobre la entrevista que sostuvieron ayer varios funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. La mandataria remitió el asunto a la FGR como la única instancia responsable de informar sobre la comparecencia y los procedimientos ligados al expediente. “Son ellos quienes tienen que dar la información, no nos corresponde a nosotros”.
Ante preguntas sobre el reporte que recibió del Gabinete de Seguridad con relación a esta entrevista, la Presidenta sostuvo que no hubo un informe particular sobre el caso. La única referencia, explicó, fue que personal de la FGR acudió por la mañana y comentó que varias personas declararon, aunque precisó que el número pudo ubicarse entre siete u ocho comparecientes.
Para explicar el alcance de una Notificación Roja, Omar García Harfuch, titular de la SSPC, aclaró que ese instrumento no implica la captura inmediata de una persona. El trámite, expuso, primero pasa por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y después llega a la FGR, donde se revisa si procede una acción legal.
Bajo ese criterio, García Harfuch comparó el procedimiento con las solicitudes que México envía a Estados Unidos, ya sea por ficha roja o extradición. En esos casos, detalló, el Departamento de Justicia revisa la viabilidad jurídica antes de que avance una detención. “Es decir, no porque haya una ficha roja se puede detener a la persona”, afirmó.
- 62 por ciento de mexicanos cree las acusaciones a Rocha
Con esa precisión, el funcionario federal añadió que para ejecutar una captura con fines de extradición debe existir una orden específica. Con relación al caso mencionado en la pregunta, dijo desconocer si la FGR cuenta con una ficha roja, aunque aclaró que existe una orden de detención en Estados Unidos.
Ninguna alerta internacional queda vigente, según la versión oficial difundida por la SSPC. La dependencia cerró la puerta a una Notificación Roja contra el gobernador con licencia y dejó a la FGR los actos ministeriales del expediente. El expediente, de acuerdo con lo dicho en la conferencia, deberá seguir su curso por la vía ministerial.
Canciller evita confirmar si EU ya entregó pruebas
| Por Tania Gómez |
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, evitó responder si el gobierno de Estados Unidos ya entregó pruebas a México relacionadas con los señalamientos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador de Morena Enrique Insunza y otros ocho funcionarios y exfuncionarios sinaloenses presuntamente vinculados con el narcotráfico.
A su llegada al Senado, donde acudió a la ceremonia de apertura de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), el canciller fue cuestionado por representantes de medios de comunicación sobre si la administración estadounidense ya compartió evidencia formal con México relacionada con el caso.
“Voy ahorita al evento”, respondió Velasco al ser interrogado sobre si ya habían llegado las pruebas provenientes de Estados Unidos sobre el caso Sinaloa. Ante la insistencia de los reporteros, el funcionario evitó emitir una respuesta clara y continuó avanzando hacia el salón de plenos.
- 62 por ciento de mexicanos cree las acusaciones a Rocha
La presencia de Velasco en la Cámara Alta ocurrió en el marco de la inauguración de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, encuentro que reúne a legisladores de América Latina y Europa para abordar temas de cooperación política, económica y social.
El breve intercambio ocurrió en medio de las presuntas investigaciones abiertas en Estados Unidos contra políticos y exfuncionarios de Sinaloa señalados de posibles vínculos con la facción criminal de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.
Entre los nombres mencionados se encuentran Rocha Moya e Inzunza, además de otros ocho funcionarios y exfuncionarios de la entidad.
Hasta ahora, ni la Cancillería ni otras dependencias del Gobierno federal han informado oficialmente sobre la recepción de pruebas, expedientes o solicitudes formales relacionadas con dichos señalamientos.
Egresan 429 agentes de inteligencia
