Con el Mundial como vitrina global, las calles mexicanas podrían convertirse en escenario de demandas laborales, reclamos por desapariciones, denuncias contra abusos policiales y movilizaciones de sectores históricamente inconformes.
Para organizaciones civiles, periodistas y organismos públicos de derechos humanos, el riesgo no está en la protesta, sino en la respuesta que puedan tener las autoridades de seguridad si priorizan la imagen internacional del país por encima del derecho a manifestarse.
- El Dato: Instancias públicas de derechos humanos y organizaciones civiles acordaron fortalecer la coordinación, prevención y monitoreo para proteger las garantías.
En Casa de Francia, el conversatorio “Voces en la calle: el derecho a defender derechos humanos y a la protesta social en el contexto del Mundial de Futbol en México”, reunió a personas defensoras, reporteros, comisiones estatales, instancias de protección y representantes diplomáticos. La convocatoria fue impulsada por las organizaciones Espacio OSC, Red Rompe el Miedo México y Agir Ensemble pour les droits humains.
Frente al despliegue que acompaña a un torneo global, el llamado fue directo. Las autoridades deben evitar que la competencia deportiva derive en criminalización, vigilancia, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, agresiones físicas o campañas de estigmatización contra quienes salgan a manifestarse.
La preocupación alcanza a colectivos de búsqueda, organizaciones sociales, personas habitantes de calle y periodistas que cubran protestas antes, durante o después de los partidos.
De acuerdo con organizaciones participantes, el problema no se limita al orden público, sino a la posibilidad de que los gobiernos privilegien la imagen del torneo sobre derechos como la manifestación, la defensa de causas sociales y la libertad de expresión.
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Con partidos programados en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, nuestro país recibirá parte de una competencia compartida con Estados Unidos y Canadá. Ese escenario abre una disputa por el espacio público en tres sedes donde ya existen antecedentes de movilizaciones, demandas de seguridad, denuncias por desaparición y reclamos contra abusos de autoridad.
Denisse Montiel, representante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo de Jalisco, advirtió sobre actos de represión a la protesta social. Su intervención puso el foco en posibles detenciones sin justificación, actos de persecución y vigilancia contra grupos que decidan movilizarse durante la competencia, especialmente los colectivos de familiares de personas desaparecidas y madres buscadoras.
Melva Frutos, de la Red de Periodistas de Nuevo León, alertó que el Mundial podría abrir presiones contra la libertad de expresión y el trabajo informativo. También recordó que en el estado persisten los delitos de difamación y calumnias, figuras señaladas por organizaciones de prensa como herramientas de intimidación contra voces críticas.
Para la Ciudad de México, el riesgo también pasa por quienes viven en el espacio público. Víctor Parada Picos, de la Comisión de Derechos Humanos local, habló de la preocupación por posibles actos de “limpieza social” contra personas en situación de calle durante la justa deportiva, una práctica que colocaría a poblaciones vulnerables frente a operativos diseñados para ocultar pobreza, no para garantizar derechos.
La transparencia en los protocolos de seguridad abrió un segundo ángulo de alarma. Pedro Cárdenas, oficial del programa de protección y espacio cívico de Artículo 19 México y Centroamérica, recordó que la Red Rompe el Miedo surgió en 2013 ante agresiones contra periodistas en contextos de protesta.
Ahora, la red prevé monitorear manifestaciones y coberturas periodísticas del 10 de junio al 20 de julio, periodo clave para documentar incidentes y acompañar a reporteros que cubran estos temas durante el torneo.
En los preparativos del torneo también preocupa la posible participación de cuerpos de seguridad privada junto con autoridades públicas. Sin reglas claras de actuación, coordinación y rendición de cuentas, un operativo fragmentado puede dejar sin respuesta inmediata a víctimas de abuso, comunicadores o manifestantes.
Como tercer eje, los organismos públicos anunciaron medidas de seguimiento y atención. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México prevé desplegar personal en manifestaciones y distintas zonas urbanas, mientras que su homólogo en Jalisco anunció monitoreo territorial y 13 quioscos digitales en dependencias y fan fests para recibir reportes por posibles violaciones.
Desde Nuevo León, Pablo Rojas Durán, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lamentó que la promoción y protección de garantías fundamentales no ocupara un lugar prioritario en los preparativos mundialistas. También expuso que existen llamados sin atender, aunque destacó una guía de actuación policial en coberturas de prensa elaborada con Artículo 19.
Ante ese panorama, organizaciones, academia, comisiones estatales y mecanismos de protección acordaron impulsar acciones de prevención, promoción y coordinación interinstitucional. La ruta apunta a impedir que el Mundial coloque candados a la protesta social bajo el argumento del orden público, mientras las calles mexicanas concentran demandas que ningún calendario deportivo puede suspender.
• Importante hallazgo
