El gobierno federal realiza una segunda revisión del proyecto Saguaro, en el Golfo de California, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al señalar que el nuevo análisis incluye la ruta de barcos, la frecuencia de entrada de embarcaciones y sus posibles efectos en la región.
La segunda valoración sobre este proyecto, ligado al traslado de gas hacia Asia desde el Golfo de California, fue necesaria después de que recibió cuestionamientos por sus posibles efectos en una zona de importancia ecológica, pesquera y marítima.
Según Sheinbaum, el proyecto llegó a su administración con autorización ambiental otorgada durante el gobierno anterior. Aun así, señaló que las autoridades federales revisan el alcance real de la obra en esta zona.
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“No es un proyecto nuevo”, dijo la Presidenta al responder sobre las dudas en torno a Saguaro. También sostuvo que la revisión debe partir de una valoración científica sobre impactos reales, medidas de mitigación y posibles daños irreversibles.
Para la mandataria, las decisiones ambientales no deben reducirse a una negativa automática frente a cualquier obra, y señaló que cada proyecto requiere una evaluación integral sobre beneficios, costos o riesgos para las zonas donde pretende desarrollarse.
En el mismo debate energético, la mandataria defendió la revisión de nuevas tecnologías vinculadas al fracking ante la dependencia que México mantiene del gas proveniente de Estados Unidos. Sheinbaum sostuvo que ese análisis responde a un problema que el país debe atender, aunque aclaró que cualquier decisión debe pasar por una evaluación sobre su viabilidad ambiental.
También se mencionaron construcciones presuntamente irregulares en algunas zonas de Baja California sur, especialmente en la Sierra de la Laguna, cambios en el ordenamiento territorial de La Paz, disputas por caminos usados por empresas hoteleras y la llegada de cruceros a Loreto.
Sheinbaum respondió que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debe actuar cuando las denuncias involucren obras dentro de zona federal. Para los casos que dependan de uso de suelo, permisos locales o desarrollo turístico, dijo que la atención debe coordinarse entre municipios, gobierno estatal y autoridades federales.
Al otro lado del país, en Quintana Roo, el conflicto con Calica -subsidiaria de la empresa estadounidense Vulcan Materials- mantiene al gobierno federal en pláticas para buscar una salida negociada. La disputa gira principalmente en torno a la extracción de piedra caliza y a los señalamientos de daño ambiental, aunque la empresa también conserva una concesión portuaria ligada a sus operaciones en Punta Venado.
De acuerdo con la mandataria, una eventual extracción adicional de materiales sólo podría revisarse en zonas ya impactadas, sin abrir nuevos daños ambientales en el área. “Se está buscando llegar a una solución negociada”, afirmó.
Frente al crecimiento turístico en distintas regiones del país, la Presidenta reconoció que algunos desarrollos han avanzado de forma desordenada y con implicaciones ambientales. Por ello, sostuvo que las autoridades deben cuidar las zonas vulnerables y actuar cuando haya denuncias por construcciones ilegales o afectaciones al territorio.
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MSL
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