El gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y a Américo Villarreal, de Tamaulipas, por presuntos vínculos con grupos criminales, esto de acuerdo con una publicación de Los Angeles Times (LAT) basada en fuentes cercanas a los casos.
La publicación estadounidense sostuvo que Washington retiró las visas de ambos funcionarios, aunque los dos habrían cruzado la frontera mediante un permiso especial de entrada que no requiere el primer documento.
De acuerdo con el diario, las indagatorias forman parte de un cambio en la estrategia estadounidense contra el crimen organizado, con mayor atención en funcionarios electos, policías y operadores políticos señalados por presunta colaboración con redes delictivas.
Según la publicación, Durazo figura entre los perfiles de mayor peso político bajo revisión, debido a su paso por la Secretaría de Seguridad federal durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a la relevancia de Sonora como corredor fronterizo.
- El dato: Alfonso Durazo fue titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con Andrés Manuel López Obrador, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020.
Personas consultadas por el medio afirmaron que la visa del gobernador sonorense quedó cancelada el año pasado y que el mandatario ha ingresado a Estados Unidos para recibir atención médica especializada mediante un Permiso de Permanencia Temporal por Beneficio Público Significativo, que permite el ingreso sin visa por razones humanitarias o legales.Sobre Américo Villarreal, el medio estadounidense señaló que la investigación apunta al presunto contrabando de combustible. El caso se ubica en Tamaulipas, estado fronterizo con Texas y considerado por Los Angeles Times como un punto relevante para esa actividad ilícita.
Según las fuentes, Villarreal también cuenta con libertad condicional por beneficio público significativo. Cuando cruza la frontera hacia Estados Unidos, suele ser escoltado por funcionarios estadounidenses, según una persona familiarizada con su caso.
El rotativo vinculó estos casos con la presión abierta contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra funcionarios actuales y anteriores en abril de este año.
El diario recordó que esa acusación señaló a Rocha Moya por presunta ayuda al Cártel de Sinaloa para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a cambio de sobornos y apoyo electoral.
Según el medio estadounidense, las investigaciones contra ambos gobernadores abren otro frente de tensión entre Washington y el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha cuestionado las indagatorias de la Corte Este de Nueva York contra políticos mexicanos por considerarlas una posible intromisión en asuntos internos.
El diario cita como origen de esta nueva disputa el evento de celebración por los dos años del triunfo electoral de la mandataria mexicano, en el cual cuestionó si el interés de Estados Unidos responde al combate legítimo contra el crimen organizado, o a cálculos electorales de sectores conservadores de ese país. Ronald Johnson, embajador estadounidense en México, respondió a la mandataria un día después con un mensaje en redes sociales en el que remarcó que la lucha contra los cárteles debe unir a ambos países y no convertirse en una disputa ideológica.
Frente a ese mensaje, el diario californiano consignó que el martes, Sheinbaum Pardo pidió al representante diplomático no opinar sobre temas internos del país: “Los asuntos de México les corresponden a las y los mexicanos”.
Como antecedente, el medio recordó que Reuters informó el año pasado sobre el retiro de visas a por lo menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, aunque pocos casos han salido a la luz pública. Washington, según la publicación, ha usado la cancelación de documentos migratorios como una estrategia discreta de presión, mientras crece el debate bilateral por seguridad, soberanía y cooperación contra el crimen organizado.
Exige la oposición aclarar estatus legal de señalados
| Por Claudia Arellano |
LEGISLADORES del PAN exigieron al Gobierno federal y a Morena informar de la situación migratoria de los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, ante versiones que señalan posibles restricciones a sus visas para ingresar a Estados Unidos.
Consideraron que el tema ha adquirido relevancia pública y tiene implicaciones para la imagen internacional del país, por lo que demandaron transparencia por parte de las autoridades federales.
“El retiro de visas a gobernadores en funciones ya es un tema de dominio público que afecta la postura internacional de México. Le exigimos formalmente al Gobierno federal dejar de evadir el tema y presentar un informe inmediato”, señalaron los legisladores.
El vocero de la bancada en San Lázaro, Federico Döring, sostuvo que es necesario conocer con precisión cuántos funcionarios, legisladores o gobernadores se encuentran bajo observación de autoridades estadounidenses y cuál es su situación migratoria: “Queremos saber exactamente cuántos funcionarios, cuántos legisladores y cuántos gobernadores están bajo la lupa y sin visado. La soberanía se defiende con la verdad, no ocultando información”.
- 10 funcionarios de Sinaloa fueron requeridos por EU
La presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, afirmó que los señalamientos sobre presuntos vínculos entre gobernadores y otros actores políticos con el narcotráfico deben ser investigados por el Estado mexicano, independientemente de la militancia partidista de los involucrados.
“Más allá de que sean un par de gobernadores o todo Morena quienes están siendo investigados, lo importante es qué hacemos nosotros como Estado mexicano para evitar que esa práctica de proteger a los criminales y a los narcopolíticos siga generalizándose”, expresó.
- 50 políticos a los que EU les habría quitado la visa
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que lo reportado ayer es algo que hace tiempo él mismo había señalado, lo que “es un golpe directo a la credibilidad del país”, mientras tanto, el gobierno de Morena los protege, en lugar de exigirles cuentas.
Advierte uso de combate al narco como presión de EU
| Por Elizabeth Hernández |
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que en la relación con Estados Unidos hay la posibilidad de que el narcotráfico puede operar como mecanismo de presión, que las solicitudes contra políticos mexicanos abren un riesgo electoral y que ninguna agencia extranjera puede intervenir en operativos dentro del país sin sujetarse a la ley nacional.
Ante los recientes desencuentros con Washington, la mandataria defendió la cooperación en seguridad y migración, pero fijó límites sobre la actuación del personal estadounidense. Sostuvo que el intercambio de información puede continuar, siempre que las acciones correspondan a instituciones federales.
- El Dato: El EMBAJADOR Ronald Johnson destacó la colaboración entre México y EU en el descubrimiento de un narcotúnel usado para traficar doga desde Tijuana a San Diego.
El punto de mayor fricción surgió por el caso de Chihuahua, donde elementos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) ubicaron un laboratorio clandestino sin contar con acreditación ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La Presidenta precisó que sólo acudieron a identificar el sitio y que después dieron aviso a la Fiscalía General de la República (FGR).
“Por cierto, no iban a desmantelar un laboratorio, iban a ubicarlo”, afirmó. Tras ese episodio, el Gobierno federal pidió que regularizaran su presencia, pero, de acuerdo con la mandataria, ellos prefirieron salir del país.
Al hablar sobre los mecanismos de diálogo con la administración estadounidense, la jefa del Ejecutivo afirmó que la comunicación con la embajada de Estados Unidos seguirá por canales institucionales. “No queremos un conflicto, no es nuestra intención”, expresó. Ronald Johnson mantiene reuniones frecuentes con Roberto Velasco, canciller y titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En esas conversaciones participan la Secretaría de Gobernación (Segob), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN), bajo la conducción de la Cancillería. La mandataria dijo que ella ha sostenido encuentros con el embajador, aunque el contacto cotidiano ocurre mediante la SRE.
Rumbo a una eventual nueva conversación directa, Claudia Sheinbaum afirmó que ha tenido alrededor de 20 llamadas con Donald Trump y dejó abierta la posibilidad de otro contacto. “Si es necesario, vamos a buscar la llamada”, señaló.
Sin cerrar la puerta a acuerdos, la Presidenta insistió en que México mantendrá la colaboración con EU bajo límites claros. “Siempre vamos a buscar el mejor mecanismo de la diplomacia para buscar acuerdos. Sí tenemos que poner los puntos sobre las íes, pues los ponemos”, afirmó.
Desde Palacio Nacional, la mandataria federal vinculó ese caso con una práctica que, dijo, aparece desde hace décadas en la relación bilateral. Para respaldar su argumento, citó memorias de Miguel de la Madrid. “El narcotráfico va a ser un pretexto para influir en México”, señaló en referencia a ese libro.
Bajo esa línea, aseguró que su administración acepta la colaboración, pero no la intervención. “Nosotros siempre dijimos: denos la información, colaboramos de distinta forma, pero en los operativos participan las instituciones mexicanas”, expresó.
También colocó el debate en el terreno político. La mandataria cuestionó las solicitudes urgentes de detención con fines de extradición contra 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos un gobernador, un senador y un presidente municipal en funciones. La FGR, dijo, abrió carpetas propias para revisar si existen pruebas sustantivas sobre los delitos atribuidos.
Con relación a esos expedientes, defendió que cualquier acción debe ajustarse a la Constitución y a las leyes mexicanas. “Tú no puedes detener a una persona sin pruebas, nada más porque en los medios dijeron que era culpable o porque políticamente es conveniente”, dijo.
También advirtió que una autoridad extranjera no puede incidir sobre cargos definidos en las urnas.
Frente a esa posibilidad, planteó que México debe revisar si las solicitudes responden a un asunto penal, a un interés real de seguridad o a cálculos vinculados con las elecciones de Estados Unidos y con los próximos comicios mexicanos. Además, rechazó que su postura dependa del partido de los políticos señalados.
Ante las versiones publicadas por Los Angeles Times sobre el supuesto retiro de visas a otros dos gobernadores mexicanos investigados en Estados Unidos por crimen organizado, Sheinbaum Pardo insistió en que esa información debe aclararse por los aludidos.
Además, cuestionó que una medida administrativa se difunda mediante filtraciones y la presentó como una forma de presión política.
“¿Qué intención tiene quitar la visa y además hacerlo público?”. Según dijo, el efecto sería instalar una amenaza indirecta: “Aguas, van a quitártela”.
Sobre la estrategia interna, afirmó que su administración utiliza investigación, inteligencia, órdenes judiciales y atención a las causas contra grupos delictivos. Y añadió que, por decisión del Consejo Nacional de Seguridad, se han enviado a 92 personas a Estados Unidos. En materia migratoria, la mandataria presentó datos atribuidos a autoridades estadounidenses y aseguró que los cruces irregulares en la frontera norte bajaron 97.5 por ciento.
Gobiernos de Durazo y Villarreal reviran
| Por Elizabeth Hernández |
Las administraciones de Sonora y Tamaulipas rechazaron los señalamientos publicados por Los Angeles Times sobre presuntas investigaciones en Estados Unidos contra Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya; además, negaron que existan notificaciones oficiales de las autoridades, expedientes o pruebas en contra de ambos mandatarios.
Ante la versión del diario estadounidense, la vocera sonorense, Paloma Terán, calificó como una “completamente falsa” la información relacionada con Durazo Montaño. También aseguró que el mandatario estatal conserva vigente su visa y que no ha recibido aviso alguno de autoridades estadounidenses sobre una indagatoria en su contra.
El gobernador respondió en conferencia que las acusaciones carecen de sustento y defendió su trayectoria pública. “Siempre he actuado con integridad y transparencia, casi sudo agua bendita”, dijo al rechazar vínculos con grupos criminales. Sobre la versión de que perdió su visa, el sonorense afirmó que no tiene obligación de exhibir el documento ni viajar a territorio estadounidense para demostrar su estatus.
En esa misma respuesta, sostuvo que cualquier dato formal sobre una investigación debe venir de las autoridades correspondientes. También aseguró que su vida pública lo protege frente a los señalamientos y que en Sonora “todos nos conocemos y todos nos sabemos todo”.
Por separado, Villarreal Anaya difundió un video para fijar su postura ante el mismo reporte. El mandatario tamaulipeco negó las acusaciones del medio y las calificó como “falsas, tendenciosas y carentes de cualquier evidencia que las respalde”.
Al referirse a los señalamientos, el mandatario afirmó que no existe resolución, imputación, procedimiento judicial ni comunicación oficial de alguna autoridad en México o Estados Unidos que sostenga la información divulgada. “Rechazo categóricamente cualquier insinuación o afirmación que pretenda vincularme con organizaciones criminales o con actividades al margen de la ley”, declaró.
De acuerdo con el mandatario, su visa estadounidense sigue vigente y no ha recibido avisos sobre restricciones, cancelaciones o procesos relacionados con ese documento. “Jamás he ingresado a Estados Unidos utilizando un documento distinto al que legalmente me acredita para ello”, señaló.
La postura del gobierno tamaulipeco también apareció en redes sociales a través de su vocero, Gerardo Algarín, quien afirmó que no hay “una sola prueba” contra Villarreal. El funcionario añadió que tampoco existen documentos, expedientes, resoluciones o evidencia verificable que respalde lo publicado.
