Ante los hechos registrados durante la movilización de familiares de personas desaparecidas la noche del miércoles, Amnistía Internacional llamó a las autoridades de la Ciudad de México y al gobierno federal a garantizar plenamente el derecho de los colectivos y familias buscadoras a manifestarse pacíficamente, en el contexto del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La organización defensora de derechos humanos advirtió que el Estado mexicano tiene la obligación de facilitar y proteger las protestas sociales, especialmente aquellas encabezadas por personas que exigen verdad y justicia frente a la crisis de desapariciones que enfrenta el país.
“Las autoridades tienen la obligación de facilitar y proteger el derecho a la protesta pacífica, no de obstaculizarlo. Su actuación debe privilegiar el diálogo, la protección de la integridad de quienes se manifiestan y la adopción de medidas para prevenir cualquier forma de represión, intimidación o uso innecesario de la fuerza”, señaló Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
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La organización destacó que las familias buscadoras han desempeñado un papel fundamental para visibilizar la problemática de las desapariciones en México y para impulsar acciones encaminadas a la búsqueda de personas, la identificación de víctimas y el acceso a la verdad y la justicia.
En ese sentido, sostuvo que su labor constituye una forma legítima de defensa de los derechos humanos que debe ser reconocida, respetada y protegida por las instituciones del Estado.
Amnistía Internacional advirtió además que, en un momento en que la atención pública y mediática se concentra en un evento internacional como la Copa Mundial de la FIFA 2026, las autoridades deben garantizar que las demandas de las familias de personas desaparecidas puedan expresarse libremente, sin restricciones indebidas ni actos de estigmatización o criminalización.
“Las familias buscan porque el Estado no ha garantizado plenamente verdad y justicia. Su exigencia no puede ser tratada como una amenaza al orden público. Garantizar su derecho a manifestarse no es una concesión: es una obligación del Estado mexicano”, agregó Olivares Ferreto.
Finalmente, la organización hizo un llamado a investigar cualquier denuncia relacionada con posibles abusos cometidos durante la movilización, así como a garantizar la seguridad e integridad de las personas participantes en futuras protestas.
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MSL
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