La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró impedida a la ministra María Estela Ríos González para participar en la resolución de dos amparos relacionados con una disputa por terrenos ubicados en Baja California Sur, donde una empresa busca desarrollar el proyecto minero Los Cardones, una mina de oro a cielo abierto.
Por unanimidad, el Pleno del máximo tribunal aprobó los proyectos de resolución elaborados por la ministra Loretta Ortiz Ahlf y determinó que Ríos González se encuentra legalmente impedida para conocer los amparos directos 18/2026 y 19/2026, debido a su participación previa en actos administrativos vinculados con el caso.
La controversia gira en torno a los predios “El Encanto”, de 883 hectáreas, y “Jesús María”, de 751 hectáreas, ubicados en el municipio de La Paz y considerados parte de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna. La empresa minera Desarrollos Zapal S.A. de C.V. reclama derechos sobre parte de esos terrenos para impulsar el proyecto extractivo.
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Al presentar los asuntos ante el Pleno, la ministra Ortiz Ahlf explicó que la propia María Estela Ríos reconoció haber intervenido en los actos que dieron origen al litigio.
“Al rendir su informe, la ministra señaló que participó en la emisión del acto reclamado en el juicio agrario referido, por lo que considera estar legalmente impedida para conocer del amparo directo 19/2026”, expuso. Añadió que la ministra manifestó la misma circunstancia respecto del amparo directo 18/2026.
Ministra Ríos González reconoce su participación
En años anteriores, Ríos González se desempeñó como directora general de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Desde ese cargo intervino en acuerdos suscritos en 2019 mediante los cuales los predios en disputa fueron puestos a disposición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
En los informes entregados al máximo tribunal, la ministra reconoció su participación en dichos actos administrativos.
“Es cierto que participé en la elaboración del acuerdo citado, ya que en dicho documento se advierte que la suscrita rubricó en carácter de directora general de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”María Estela Ríos González, ministra de la SCJN
La decisión de la Corte se apoyó en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley de Amparo, que establece como causa de impedimento que una persona juzgadora haya intervenido previamente como autoridad responsable o haya emitido el acto que posteriormente es objeto de impugnación.
Los amparos fueron atraídos por la SCJN en marzo pasado a petición de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Con anterioridad, órganos jurisdiccionales de menor jerarquía habían negado la protección constitucional solicitada por la empresa al considerar que no acreditó la propiedad de los terrenos donde pretende desarrollar el proyecto minero.
Tras la aprobación de los impedimentos 24/2026 y 25/2026, los expedientes serán turnados a otro integrante de la Suprema Corte para la elaboración de los proyectos de sentencia que posteriormente serán discutidos por el Pleno.
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