Como parte de una práctica que se ha hecho tendencia en la última década, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subejerció más de 140 millones de pesos durante el primer trimestre del año, que eran parte del presupuesto destinado a la investigación de presuntas violaciones a garantías de grupos vulnerables.
De acuerdo con una revisión de La Razón a los registros hacendarios del órgano autónomo, entre enero y marzo de 2026 se tenía contemplado un presupuesto de 392.9 millones de pesos, de los que únicamente se gastaron 250.5 millones de pesos, lo que se traduce en un subejercicio de 142.4 millones.
Dentro del informe rendido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se apunta que la principal causa de la subutilización de dinero en la planeación presupuestaria de la CNDH responde a que se erogaron menos recursos para atender al público en general en oficinas centrales y foráneas, para actividades de apoyo administrativo y también para investigar expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos.
Niegan que haya excepción a las reglas
El subejercicio es la situación en la que una entidad pública o gubernamental no gasta la totalidad del presupuesto que le autorizaron para un determinado periodo. En términos financieros, se trata de la diferencia que resulta entre los recursos programados o modificados y los que realmente se ejercieron.
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Uno de los principales programas presupuestarios con menos recursos gastados con respecto a lo planeado en la CNDH, fue el de “Protección y defensa de los derechos humanos de las personas indígenas y afrodescendientes privadas de la libertad”, al que originalmente se destinaron 3.7 millones de pesos en el primer trimestre del año, pero de los que únicamente se ejecutaron 1.8 millones.
El objetivo central de dicho programa es “proteger, garantizar, prevenir y promover los derechos humanos de las personas indígenas y afrodescendientes privadas de la libertad” en todo el país.
Para ello, se recurre a visitas regulares del personal de la CNDH a las instalaciones del sistema penitenciario, donde deben entrar en contacto con personas identificadas como miembros de pueblos originarios o afrodescendientes, en situación de indefensión.
En dichas inspecciones, el equipo de la comisión realiza entrevistas individuales y brinda orientación jurídica para abordar diversas situaciones que estos sectores enfrentan debido a la privación de su libertad.
La no erogación de estos recursos, motivadas por un ahorro en las investigaciones de posibles abusos a los derechos humanos, no es exclusiva de este trimestre. La misma práctica se ha advertido en los informes hacendarios anuales de la última década.
Cada año se ha subejercido mayor cantidad de presupuesto, con excepción de 2022, que registra el único presupuesto con sobreejercicio —de 390.1 millones de pesos— por concepto de actividades de apoyo administrativo, para la regulación de los servicios de telecomunicaciones y para la radiodifusión y fortalecimiento de los derechos de sus usuarios y audiencias.Desde 2016, la SHCP expuso subejercicios de la CNDH en recursos que estaban destinados ya sea a la atención del público, actividades administrativas o el seguimiento a expedientes de denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Año con año, hasta 2021, se subejecutaron entre 59.5 y 543.6 millones de pesos (en 2020, la cifra más alta hasta ahora); sin embargo, desde 2023 estos subejercicios se han incrementado, al pasar de los 203.3 millones de pesos de 2023, a los 356.9 millones de 2024 y a los 475.6, al cierre de 2025. En una revisión hecha a los informes donde la misma comisión documenta las acciones que realiza, ya se observa una disminución, aunque ligera —de 3.72 por ciento— en las entrevistas hechas para la atención a personas indígenas en el último año, ya que entre 2024 y 2025 pasaron de dos mil 770 a dos mil 667; también se identifica una reducción en las tareas de sensibilización con autoridades penitenciarias y con organismos públicos, también mínima, de 70 a 69 acciones.
La CNDH fue consultada por este medio, a fin de que explicara a detalle el motivo de estos subejercicios; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Refuerza vigilancia contra tortura
Por Redacción
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) conmemoró el 20 aniversario de la entrada en vigor del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT, por sus siglas en inglés), instrumento internacional que establece la prohibición absoluta de estas prácticas, al que están adheridos en la actualidad 96 Estados.
En un comunicado, recordó que México firmó el Protocolo Facultativo en 2003, lo ratificó en 2005, y entró en vigor en 2006. Asimismo, en 2017 se promulgó la Ley General contra la Tortura, mediante la cual se creó el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) como instancia adscrita a la CNDH.
Añadió que el MNPT ha consolidado una estrategia de monitoreo permanente, sistemático y especializado en los penales, con el objetivo de identificar factores de riesgo que pudieran derivar en actos de tortura. La incorporación del mecanismo a la estructura de la CNDH ha fortalecido su operación y facilitado la interlocución con autoridades de los tres órdenes de gobierno, además de robustecer sus capacidades técnicas.
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