El CONVENIO que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) firmó con la empresa Territorium Life, S.A.P.I. de C.V. para la aplicación de exámenes de admisión en línea no se limitaba al proceso de licenciatura de este año.
De acuerdo con el contrato al que tuvo acceso La Razón, el convenio contemplaba aplicaciones programadas hasta noviembre de 2026 y establecía un amplio esquema de garantías para proteger a la máxima casa de estudios, que incluía multas por incumplimiento, fianza de cumplimiento, responsabilidad civil y protocolos de confidencialidad y seguridad de la información.
- 6 días faltan para la aplicación de exámenes de control
El contrato fue firmado el 23 de marzo pasado, y su vigencia operativa para la aplicación de exámenes corría de mayo a diciembre de 2026.
Además del examen de licenciatura, conforme al contrato, correspondía a la empresa aplicar también la evaluación para el concurso de ingreso a bachillerato, aplicado en junio, y cuyos resultados se darán a conocer el 18 de agosto.
Asimismo, el convenio contemplaba el proceso de ingreso al Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), entre octubre y noviembre de este año.
En conjunto, estimaba una demanda mínima de 154 mil y máxima de 385 mil exámenes, a un precio unitario de 264.31 pesos por examen aplicado, lo que representaba un monto estimado de entre 40.7 y 101.7 millones de pesos a lo largo de la vigencia del convenio.
Para garantizar el cumplimiento, la UNAM incorporó un régimen de penas convencionales que obligaba a Territorium a pagar una penalización equivalente al uno por ciento por cada día natural de atraso cuando incumpliera con las obligaciones pactadas. La sanción se calcularía sobre el monto de los servicios incumplidos o, cuando el retraso hiciera imposible aprovechar el servicio contratado, sobre el valor total del contrato.
También se establecieron los mecanismos para dar por concluida la relación jurídica. El documento establece que, en caso de una terminación anticipada, la UNAM únicamente reembolsaría al prestador los gastos no recuperables en que hubiera incurrido, siempre que éstos fueran solicitados por escrito, estuvieran debidamente comprobados y guardaran relación directa con la ejecución del contrato.
La universidad también pudo rescindir el contrato, hacer efectiva la fianza y exigir el pago de las penas convencionales y demás responsabilidades previstas en el propio instrumento.
El documento establece una cláusula de responsabilidad civil, mediante la cual la empresa asumiría los daños y perjuicios que pudiera ocasionar con motivo de la prestación del servicio.
También obligaba a Territorium Life a presentar una fianza de cumplimiento por un monto equivalente al 10 por ciento del valor total del contrato.
Debido a que el proveedor tendría acceso a información sensible relacionada con los procesos de admisión, el contrato dedicaba un apartado específico a la confidencialidad y seguridad de la información. Entre otras obligaciones, Territorium se comprometía a resguardar los datos personales de los aspirantes y la información confidencial de la universidad; garantizar la integridad de la información durante su transmisión, almacenamiento y procesamiento; contar con mecanismos de respaldo y recuperación de datos, y eliminar de forma segura toda la información generada al concluir la prestación del servicio.
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