La violencia sexual facilitada por la tecnología contra niñas, niños y adolescentes no es consecuencia del uso de Internet, sino de relaciones de poder, desigualdades de género, impunidad y fallas institucionales, que permiten a los agresores actuar, de acuerdo con una ficha informativa elaborada por Tejiendo Redes Infancia y difundida por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
El documento, basado en hallazgos de organismos internacionales como Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y ECPAT, busca desmontar diversos mitos que persisten en torno a este tipo de violencia y planteó la necesidad de cambiar el enfoque de prevención y protección hacia las infancias.
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Entre los principales hallazgos, el documento destaca que la violencia sexual facilitada por la tecnología no constituye un fenómeno exclusivamente digital, sino una extensión de violencias que también ocurren en espacios presenciales como la escuela, el hogar o las relaciones afectivas.
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Otro de los mitos que el informe busca desmontar es la idea de que el principal riesgo proviene de personas desconocidas. De acuerdo con los datos presentados, en 64 por ciento de los casos las víctimas conocían a quien cometió la agresión, ya fuera una amistad, pareja o familiar. Sólo 15 por ciento correspondió a personas desconocidas.
El documento destacó que la violencia digital tiene consecuencias graves para la salud mental. Las víctimas registraron mayores probabilidades de autolesionarse, presentar pensamientos suicidas, ansiedad, depresión, alteraciones del sueño y una disminución de la autoestima.
La ficha también advirtió sobre las barreras que enfrentan las víctimas para denunciar, pues 32 por ciento de quienes sufrieron este tipo de violencia no habló con nadie sobre lo ocurrido, mientras que menos del uno por ciento acudió a la policía y apenas el dos por ciento buscó apoyo en líneas de ayuda o servicios sociales.
La Redim cuestionó los enfoques centrados sólo en la vigilancia de niñas, niños y adolescentes y propone exigir plataformas digitales seguras por diseño, fortalecer protocolos escolares y comunitarios, garantizar acceso a la justicia con perspectiva de niñez e impulsar educación integral en sexualidad y ciudadanía digital.
El documento también recomendó a periodistas y medios de comunicación evitar expresiones que responsabilicen a las víctimas, como “se expuso”, “cayó en la trampa” o “mandó fotos”, y sustituirlas por un lenguaje centrado en derechos humanos, protección integral y responsabilidad de las personas agresoras y de las instituciones.
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