En relación con la nota publicada el 23 de junio por el medio La Razón, en cuya primera plana se advierte: “Subejercicios al alza en CNDH pegan a indagatoria de casos, indígenas presos…”, y en cuya nota interior sigue diciendo, según la autora Yulia Bonilla supuestamente en base a “un informe rendido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)” que la CNDH “subejerció más de 140 millones de pesos durante el primer trimestre del año, que eran parte del presupuesto destinado a la investigación de presuntas violaciones a garantías de grupos vulnerables”, este organismo nacional precisa lo siguiente:
Durante años ha prevalecido la idea de que todo presupuesto asignado debía agotarse, aun cuando no existiera una necesidad real que justificara su utilización. La gestión de la Mtra. Rosario Piedra Ibarra ha decidido romper con esa lógica y adoptar una política basada en el cumplimiento cabal de la Ley Federal de Austeridad Republicana, es decir en el control del gasto, la eficiencia y la rendición de cuentas, privilegiando el uso racional de los recursos públicos.
Lo que la nota presenta como un problema o algo criticable: “Cada año se ha subejercido mayor cantidad de presupuesto”, es nuestro mayor orgullo. Porque para quienes forman parte de la actual CNDH, “austeridad” no significa “desatención”, sino mayor exigencia de eficiencia. Como se planteó en el Informe Anual de Actividades correspondiente a 2025, la actual gestión ha demostrado que puede dar mejores resultados ajustando el gasto corriente y eliminando los gastos prescindibles y los privilegios de los altos mandos que imperaban en administraciones pasadas.
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Se ha desterrado la vieja e incorrecta práctica burocrática de “gastar por gastar” o de dilapidar recursos innecesarios al final del periodo con tal de no reportar ahorros. A contracorriente de esta manera de ejercer el gasto público, esta Comisión Nacional ha optado por una ruta distinta: en lugar de poner pretextos para aplicar la Ley, hemos combatido y combatiremos siempre el dispendio, hemos vigilado y seguiremos vigilando cuidadosamente todo aquello en lo que se gasta para generar ahorros, para finalmente, reintegrar a la Federación los recursos no utilizados o aquellos que derive de la eliminación de excesos, sin tocar jamás el presupuesto dedicado a la atención de las víctimas.
En este contexto, calificar los ahorros que de manera comprometida hacen todas y todos quienes forman parte de la CNDH, como un “subejercicio”, responde a una visión equivocada de la administración pública. La responsabilidad institucional no consiste en gastar por gastar ni en comprometer recursos únicamente para cumplir con metas presupuestales. Por el contrario, implica administrar con prudencia los recursos disponibles, eliminar gastos innecesarios y garantizar que cada peso ejercido contribuya efectivamente al cumplimiento de la misión institucional. En ese sentido, la verdadera irregularidad sería destinar recursos a gastos injustificados con el único propósito de agotar el presupuesto asignado.
Lejos de afectar sus atribuciones sustantivas, como se deja entrever en la nota, 6 años después del inicio de la actual gestión, la nueva CNDH ha demostrado que es posible fortalecer la defensa y protección de los derechos humanos bajo criterios de responsabilidad financiera, eficiencia administrativa y transparencia.
En la administración que preside Rosario Piedra Ibarra, es cuando más quejas se han recibido y cuando se atiende a más mexicanas y mexicanos, no sólo a los sectores vulnerables, por cierto, pero también es cuando más recomendaciones se han emitido en toda la historia de la CNDH, y también el mayor número de Acciones de Inconstitucionalidad. Y esto, lo hace una CNDH que hoy le cuesta menos al pueblo, por lo que, tratando de centrarnos en los señalamientos descalificatorios de La Razón, la realidad es que los ahorros logrados, denominados también “economías”, obedecen a la optimización de recursos, no a una reducción del trabajo y de las acciones de la Comisión.
Para empezar, el eje central de la nota periodística es falso. En los programas sustantivos señalados por el medio, la CNDH ha alcanzado el 100% del cumplimiento de sus metas institucionales durante el primer trimestre de 2026, y sin ocupar todo el presupuesto programado.
En los programas presupuestarios específicos “E006 Atender asuntos relacionados con víctimas de violaciones a derechos humanos”, “E024 Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” y “E022 Protección y defensa de los derechos humanos de las personas indígenas y afrodescendientes privadas de la libertad”, se registraron las siguientes cifras globales:
Es falso pues, que se afecte la atención a grupos vulnerables e indígenas, y tan lo es, que esto queda evidente en el propio libelo. Por ejemplo, respecto al programa de “Protección y defensa de los derechos humanos de las personas indígenas y afrodescendientes privadas de la libertad”, el artículo señala que, tras revisar los informes de la propia Comisión, “se observa una disminución, aunque ligera —de 3.72 por ciento— en las entrevistas hechas para la atención a personas indígenas en el último año, ya que entre 2024 y 2025 pasaron de dos mil 770 a dos mil 667; también se identifica una reducción en las tareas de sensibilización con autoridades penitenciarias y con organismos públicos, también mínima, de 70 a 69 acciones”. En pocas palabras, están haciendo un balance tramposo con tal de atacar, según ellos para justificar su narrativa con la ridícula reducción de 1 acción y de 3 entrevistas.
1.- Hay una Interpretación errónea e inexacta de las cifras globales
El medio confunde, por otro lado, deliberadamente, el presupuesto global de la Comisión con los fondos destinados exclusivamente a un programa. Es falso que se hayan “subejercido” 140 MDP en el área de investigación de grupos vulnerables. El estado financiero general del primer trimestre muestra un avance sólido y programado conforme a la planeación anual:
La diferencia de 105.6 MDP (no de 140 MDP como cita el medio) responde a la calendarización natural del gasto, licitaciones en curso y compromisos contractuales que se materializarán en los trimestres posteriores de este mismo ejercicio fiscal. Un corte al primer trimestre no representa un subejercicio definitivo.
Adicionalmente, las cifras de reintegros a la hacienda federal publicadas por el medio citado son erróneas en, al menos, 3 ejercicios, siendo los montos correctos los siguientes:
Reorientación del gasto hacia la defensa del pueblo
La política presupuestaria implementada desde 2019 por la presente gestión, transformó la normativa, la operación y la estructura interna de la CNDH para priorizar las tareas sustantivas, la atención a las víctimas, por encima de las acciones de escenografía, los costosos eventos de fotografía, los abultados gastos en viáticos, los viajes al exterior, y desde luego, todos los privilegios que gozaba la alta burocracia de la Comisión y el “generoso” presupuesto en comunicación social.
La reorientación del gasto ha sido notable para centrarlo en el cumplimiento de su misión, pues mientras en 2019, el 54% del presupuesto se destinaba a acciones de protección y defensa, en 2025 esta cifra ascendió al 75%. Una tendencia se repite en el presente año, pues del presupuesto asignado, el 72% se destina a Protección y Defensa de los Derechos Humanos, esto es, 1 mil 305 millones 972 mil 217 pesos.
Concretamente respecto al llamado “subejercicio”, hay que precisar que, en el primer trimestre de 2026, del presupuesto programado se ha ejercido el 74%, siendo el resto (26%) resultado de ahorros y economías generadas por la política de austeridad referida, los cuales se analizará con mucha responsabilidad su destino, o, en su caso, si esto se mantiene a fin de año, una vez más se devolverá a la Secretaría de Hacienda.
Estos resultados demuestran que la austeridad no implica reducir capacidades ni limitar el cumplimiento de las funciones institucionales, sino iniciar una nueva forma de ejercer el servicio público y en especial la defensa de los derechos humanos, administrando el presupuesto con responsabilidad, eficiencia y sentido social.
Gracias a esta política, la CNDH ha logrado cumplir plenamente con su mandato constitucional y contribuir a la transformación del país, mejorando la vida de personas y comunidades no sólo en el discurso ni en sesiones académicas de relumbrón. Tan simple como que, en efecto, hoy las y los mexicanos cuentan con un organismo autónomo que promueve y defiende sus derechos.
¡Defendemos al pueblo!
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