La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo públicos tres documentos sobre las solicitudes de detención provisional con fines de extradición que Estados Unidos presentó contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y nueve funcionarios o excolaboradores de su administración, pero mantuvo bajo reserva las notas diplomáticas por comunicaciones entre ambos gobiernos y los expedientes judiciales del caso.
El material difundido incluye los cargos penales mencionados por Washington, un balance de la posición asumida por México y un oficio de extrañamiento dirigido a la embajada de Estados Unidos en México por la divulgación de nombres y acusaciones. La Cancillería ubicó ese reclamo en la ruta institucional abierta tras las peticiones del 28 de abril.
- El Dato: La UIF congeló las cuentas de los tres hijos de Rocha Moya por presunta triangulación y contratos simulados, rastreo de cuentas fachada y posible red de prestanombres.
Cristina Planter, subsecretaria para América del Norte de la SRE, explicó que la reserva no obedeció a una decisión política, sino a límites previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y en la Convención de Viena: “Revelar comunicaciones diplomáticas bilaterales vulnera la confianza recíproca y compromete la cooperación internacional”.
• No sólo es el T-MEC
Ante señalamientos sobre una presunta protección federal al gobernador de Sinaloa con licencia, la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, negó que el Gobierno busque proteger a Rocha Moya o a cualquier otra persona, pues argumentó que ciertos intercambios entre países no pueden publicarse por convenios internacionales, no sólo en México, sino en cualquier relación diplomática del mundo.
Un oficio fechado el 30 de abril de 2026, identificado como ASJ-22632 y emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SRE, expuso el reclamo mexicano ante la embajada de EU.
En el documento, la Cancillería cuestionó la difusión pública de la Novena Acusación de Reemplazo presentada ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York.
Además, México advirtió que la difusión de datos penales y nombres de personas reclamadas podría afectar los procedimientos de extradición antes de una detención formal en territorio nacional.
La SRE sostuvo que esa información tenía carácter sensible para la procuración de justicia y se relacionaba con una investigación abierta en EU.
La dependencia advirtió que revelar información de una solicitud de extradición antes del arresto y del inicio del proceso en México “vulnera el derecho al debido proceso” y recordó que el propio gobierno estadounidense había pedido medidas para impedir que esos datos quedaran bajo dominio público, y que esa preocupación ya había sido expresada el 29 de abril durante una conversación telefónica.
Otro documento del 30 de abril fijó la postura oficial en seis líneas de comunicación bajo los ejes de “verdad, justicia y defensa de la soberanía”. En ese apartado, la SRE retomó la declaración de la Presidenta, quien afirmó que su administración “no va a proteger a nadie que haya cometido un delito”.
La SRE detalló la ruta institucional del caso, ya que todas las solicitudes se einviaron a la FGR, que abrió una investigación para definir los pasos con base en pruebas, debido proceso y Estado de derecho.
La Cancillería sostuvo que el sistema penal acusatorio en México impide una detención o una acción judicial sin pruebas sólidas, no sólo con señalamientos escritos o declaraciones.
FGR descarta indagatoria financiera a exgobernador
| Por Elizabeth Hernández |
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró la puerta, por el momento, a una investigación financiera contra el gobernador con licencia Rubén Rocha y otras nueve personas señaladas por Estados Unidos de mantener vínculos con el crimen organizado.
Ernestina Godoy, titular de la FGR, aclaró que la carpeta no abarca los delitos de lavado de dinero, manejo de cuentas bancarias, bienes ni redes familiares, pues sólo se limita a los delitos incluidos por Washington en la solicitud de detención provisional con fines de extradición.
“Por otro lado, la investigación que se sigue contra las 10 personas son únicamente de los delitos que fueron señalados por EU. No más delitos”, afirmó la fiscal.
- El Tip: La FGR no indaga las finanzas de Rocha, pero la UIF ordenó formalmente el bloqueo de las cuentas bancarias.
David Bone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, explicó que la carpeta comenzó con la solicitud de EU y que el punto de partida son los hechos descritos por Washington, aunque éstos todavía deben cumplir con el estándar probatorio que exige el derecho mexicano.
En ese punto, la fiscalía marcó otra limitante para el avance del expediente. Bone de la Garza señaló que, hasta ahora, no existen pruebas suficientes conforme al parámetro mínimo requerido en México, pese a que la indagatoria ha incluido reportes, informes y entrevistas ministeriales. La investigación sigue abierta y la institución continúa con la recopilación de datos de prueba.
Para integrar el expediente, la FGR citó a las 10 personas mencionadas en el requerimiento estadounidense. Además, un Ministerio Público, un fiscal en jefe y uno especial en casos complejos participan en la revisión del asunto.
Tras esa explicación, Godoy Ramos diferenció este caso de las entregas anteriores de más de 90 personas a EU por razones de seguridad nacional. En esos expedientes, dijo, los implicados ya estaban detenidos, tenían órdenes de aprehensión y enfrentaban procesos en curso.
México, en cambio, recibió una petición de detención provisional con fines de extradición como medida urgente para Rocha Moya y los otros nueve señalados.
La fiscal general indicó que la FGR solicitó a Washington explicar por qué considera urgente esa captura y mantiene el trámite bajo los protocolos de la Ley de Extradición.
• Puja por el Senado
