El huachicol fiscal ya dejó de ser un esquema limitado a la evasión de impuestos para convertirse en una estructura que involucra al poder político, al sector empresarial y al crimen organizado, con un desfalco que, de acuerdo con el periodista Raúl Olmos, ya supera los 700 mil millones de pesos.
Para el autor de “Huachicol fiscal, la madre de todas las estafas”, el fenómeno representa el mayor caso de corrupción documentado en nuestro país por el monto de recursos comprometidos y por la cantidad de actores que participan en la operación.
- El Dato: El pasado 9 de julio, el Gabinete de Seguridad descubrió una red de contrabandistas que utiliza ferrocarriles para trasladar los hidrocarburos desde la aduana de Matamoros.
A esa dimensión se suma una ruta penal y fiscal ya abierta por las autoridades. Desde enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha integrado 109 expedientes penales por fraudes al fisco federal, con un perjuicio estimado en 22 mil 843 millones de pesos.
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El mismo registro incluyó 205 verificaciones con mercancía ilegal por cuatro mil 564 millones, embargos por siete mil 554 millones, así como solicitudes para cancelar 60 patentes aduanales y 22 mil 352 contribuyentes suspendidos del padrón de importadores.
Bajo ese contexto, la trama ya no aparece sólo como una denuncia periodística. Decomisos de combustible, auditorías fiscales, sanciones financieras de Estados Unidos y expedientes federales en México han mostrado una ruta que va de las aduanas a los puertos, pasa por empresas fachada y termina en redes de distribución con capacidad para colocar hidrocarburos en el mercado formal.
- El Tip: La FGR informó que 144 millones de litros de huachicol cruzaron México entre el 1 de junio y el 22 de julio del 25.
Con ese mapa como fondo, Raúl Olmos explicó a La Razón que el cálculo inicial de su investigación partía de 600 mil millones de pesos, pero el daño al erario creció. El periodista afirmó que la cifra “fácilmente supera los 700 mil millones de pesos”, un monto que, según dijo, rebasa casos como Odebrecht y Segalmex.
Desde su análisis, el tamaño del fraude no es lo único que distingue al caso. Olmos sostuvo que este negocio reúne “el poder político gubernamental, el poder económico y el poder del crimen organizado”, una combinación que, a su juicio, lo separa de otros delitos donde suelen aparecer funcionarios y empresarios, pero no siempre cárteles con la capacidad logística y financiera que requiere el huachicol fiscal.
La enorme capacidad de estos grupos delictivos se refleja en el volumen de los aseguramientos más grandes registrados durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Los decomisos no sólo muestran el volumen físico del mercado ilícito, sino el tamaño de la red necesaria para mover, ocultar, almacenar y colocar millones de litros de hidrocarburos fuera de los canales legales.
En conjunto, los seis mayores decomisos ubicados durante la actual administración suman al menos 40.4 millones de litros de hidrocarburo, con un valor comercial potencial cercano a 972 millones de pesos, calculado con un precio de referencia de 24 pesos por litro de gasolina regular. La cifra no equivale al daño fiscal, ya que ese cálculo depende del tipo de producto, impuestos aplicables, origen y documentación utilizada.
Coahuila encabeza la lista con 15.4 millones de litros localizados en 129 carrotanques en Ramos Arizpe y Saltillo, equivalentes a 369.6 millones de pesos. Le siguen Tampico y Altamira, con 10 millones de litros vinculados al buque Challenge Procyon y un valor aproximado de 240 millones; Ensenada, con casi ocho millones, cercanos a 192 millones, y operativos en Tabasco, Nuevo León y Veracruz, que suman 7.08 millones de litros, con unos 170 millones.
El patrón detrás de esos volúmenes ayuda a entender el mecanismo del fraude. La clasificación falsa permite que diésel o gasolinas ingresen bajo etiquetas de aditivos, aceites, lubricantes o productos químicos para evadir impuestos.
Raúl Olmos explicó que los operadores ampliaron las fracciones arancelarias hasta insumos químicos o alimenticios. “Lo que ingresaba era distinto a lo que declaran”, dijo.
Luego está el componente binacional que aparece desde el origen de los embarques. El periodista también aseguró que localizó facturas de empresas de Texas donde el producto ya figuraba como aditivos o químicos antes de llegar a México, aunque el contenido correspondía a diésel o gasolinas.
A nivel local, el esquema también requiere protección. El especialista sostuvo que las aduanas sólo muestran una parte del engranaje, porque los centros de almacenamiento, las rutas urbanas y los expendios necesitan permisos, tolerancia o ausencia de inspecciones. “No se puede entender esta trama de corrupción sin una gran participación de distintos niveles de gobierno”, afirmó.
La escala también explica el poder corruptor. Un tractocamión puede mover entre 32 mil y 50 mil litros; un buque, hasta 20 millones. Con ese volumen, dijo, el margen puede alcanzar para sobornar mandos militares, funcionarios aduanales o actores políticos.
El caso mantiene una pregunta central. Las indagatorias deben identificar “quiénes resultaron beneficiados” en los niveles más altos del poder económico, político y criminal.
Si la pesquisa no escala, advirtió Raúl Olmos, el país puede quedar otra vez ante un expediente de corrupción sin responsables principales.
Obras clave
Resultados de la FGR contra el combate al contrabando de hidrocarburos.
En Tamaulipas aseguró un buque con 10 millones de litros de diésel, tractocamiones, autotanques e infraestructura; detuvo a dos personas y causó un impacto económico estimado en 372 millones de pesos.
En Ensenada, Baja California, se decomisaron 8.89 millones de litros de hidrocarburo, se aseguraron pipas y se detuvieron a tres personas; el golpe económico fue de casi 155 millones 920 mil 363 pesos.
En la modalidad ferroviaria aseguró 170 ferrotanques con 18.9 millones de litros en San Luis Potosí, Nuevo Laredo, Tampico y Coahuila, además de una espuela; el impacto económico fue de 238.8 millones de pesos y continúan investigaciones contra más de 70 personas y empresas en nueve estados.
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