La disputa interna del Cártel de Sinaloa (CDS) dejó más de mil millones de dólares en afectaciones económicas, 15 mil empleos perdidos y una caída turística de hasta 30 por ciento en Mazatlán frente a años anteriores, de acuerdo con datos recopilados por International Crisis Group.
El informe “La guerra de los herederos en Sinaloa: combatir el crimen en México bajo presión de EU”, documentó que la violencia no sólo elevó el número de homicidios y desapariciones, sino que también paralizó parte de la actividad comercial en Culiacán y golpeó sectores clave del estado, desde restaurantes y hoteles hasta vivienda, construcción y servicios.
- El Dato: El gobierno de EU acusó a Carlos Páez Pereda, alias Carlitos Rugrats, de narcoterrorismo como un presunto operador “de alto nivel” de Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa.
Mazatlán, principal destino turístico sinaloense, registró una disminución de hasta 30 por ciento en la llegada de visitantes, según el documento. El golpe alcanzó a una ciudad donde este sector sostiene cadenas de hoteles, restaurantes, transporte, pesca, comercio, entretenimiento y desarrollos inmobiliarios ligados a la costa.
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La operación aérea del puerto mostró otra señal de retroceso. El Aeropuerto Internacional de Mazatlán pasó de un millón 868 mil 817 pasajeros en 2024 a un millón 736 mil 208 el siguiente año, una reducción de 132 mil 609 viajeros, de acuerdo con estadísticas del Grupo Aeroportuario Centro Norte.
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Pero el puerto de Mazatlán no fue el único destino en resentir el golpe en conectividad. La terminal aérea de Culiacán registró una caída de 77 mil 972 usuarios en el primer año completo posterior al estallido de la disputa criminal. Es decir, que la capital de Sinaloa perdió 3.5 por ciento de sus visitantes en ese periodo.
Hacia el sector hotelero, el portal de DataTur identificó como variables centrales la ocupación, los cuartos disponibles, los espacios ocupados y la llegada de turistas en los principales destinos del país. Esa medición ayuda a ubicar por qué la baja reportada en Mazatlán impacta de inmediato en hospedaje, alimentos, transporte y servicios.
Decenas de proyectos de lujo quedaron a medio construir después de que inversionistas frenaron obras por temor a nuevos brotes de violencia. Crisis Group también señaló que los precios de inmuebles en barrios de altos ingresos de Culiacán cayeron durante el conflicto, un dato que muestra el traslado del riesgo criminal al mercado patrimonial.
Una líder empresarial entrevistada por la organización estimó 15 mil puestos de trabajo perdidos en la región. La misma fuente calculó daños superiores a mil millones de dólares durante el periodo de violencia ligado a la disputa entre Los Mayos y Los Chapitos.
Restauranteros consultados por Crisis Group también describieron otro efecto sobre el consumo local. El dueño de un establecimiento dijo que, a raíz del conflicto, el propio narcotráfico dejó de gastar en Culiacán y también se detuvo esa derrama económica.
Culiacán sufrió cierres de negocios, suspensión de clases y restricciones asumidas por la población ante el avance de los enfrentamientos. El informe describió que los residentes acataron toques de queda informales al anochecer, mientras comercios bajaron cortinas de forma recurrente por la incertidumbre en calles, avenidas y zonas comerciales.
Crisis Group indicó que la ofensiva federal redujo bloqueos carreteros y enfrentamientos abiertos en espacios públicos de la capital estatal, pero el conflicto se trasladó hacia zonas rurales. La violencia, de acuerdo con el reporte, continuó con asesinatos, desapariciones y desplazamientos, lo que frenó la reactivación comercial de distintas zonas de Sinaloa.
Según el documento, la disputa estalló en septiembre de 2024, después de la entrega de Ismael Zambada García, El Mayo, a autoridades de Estados Unidos por un rival de la misma organización. Desde entonces, la pugna modificó el control territorial del cártel y afectó la vida económica de distintas regiones.
A escala estatal, la plataforma Data México, con base en indicadores laborales trimestrales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reportó que, en el primer trimestre de 2026, Sinaloa tuvo 1.41 millones de personas ocupadas, una tasa de desocupación de 2.59 por ciento y 37 mil 500 desocupados.
Para dimensionar el alcance del golpe sobre actividades sensibles al consumo, la plataforma federal señaló que las ocupaciones con más personal en el estado de Sinaloa fueron empleados de ventas, despachadores y dependientes en comercios, con 92 mil 600 personas; comerciantes en establecimientos, con 57 mil 400, y jornaleros de apoyo agrícola, con 44 mil 700.
Tras esa estructura laboral aparece el peso de los pequeños negocios. Data México, con base en el Censo Económico 2019, registró 40 mil 502 unidades de comercio al por menor, 18 mil 850 de otros servicios y 14 mil 101 de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, tres ramos expuestos al cierre de locales, la caída de visitantes y el menor flujo de consumidores.
El informe del organismo internacional colocó el impacto económico como una dimensión adicional de la crisis de seguridad en la entidad.
La pérdida de empleos, el freno turístico y la salida de inversiones revelan daños que van más allá de las cifras criminales y alcanzan el ingreso diario de familias, empresas y trabajadores.
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