La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que exista una persecución política detrás de la investigación y las órdenes de aprehensión relacionadas con el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, y aseguró que el caso deriva de una indagatoria iniciada hace aproximadamente un año por una presunta red de contrabando de combustibles, conocida como “huachicol fiscal”.
En su conferencia en Tulum, Quintana Roo, la titular del Ejecutivo federal respondió a los señalamientos del expresidente Felipe Calderón, quien expresó su respaldo al exmandatario estatal y acusó una supuesta “justicia selectiva”.
Sheinbaum recordó que en 2017 el propio exmandatario publicó mensajes en los que vinculaba a Ruffo con una organización delictiva.
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“Es falso que haya un asunto político. Aquí es derivado de una investigación que tiene un año, un año, en donde se hacen todas las diligencias que tienen que hacerse para poder garantizar ante los jueces que se tienen pruebas suficientes para la emisión de una orden de aprehensión”, afirmó.
La Presidenta explicó que la indagatoria comenzó tras el aseguramiento de 33 ferrotanques con combustible en Ramos Arizpe, Coahuila, cuyos cargamentos eran declarados como otro tipo de producto para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
“En realidad es contrabando de combustible”, sostuvo, al explicar que las pesquisas permitieron identificar a la empresa importadora y a la presunta red de distribución.
Añadió que, de acuerdo con la información presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), el exgobernador es socio mayoritario de Ingemar S.A. de C.V., empresa bajo investigación.
“La empresa que es la que importa ese combustible. Es socio mayoritario el exgobernador, es así de directa”, señaló Sheinbaum, aunque subrayó que Ruffo Appel cuenta con todas las garantías para demostrar su inocencia.
“Si él demuestra que no estaba involucrado en esto, pues actuarán los jueces, y tienen que hacerlo de manera imparcial”, expresó.
También rechazó que las acciones judiciales respondan a criterios partidistas: “No hay ninguna visión de que a los que llegan por un partido no se les investiga y a los que llegan por otro partido sí se les investiga, de ninguna manera”.
En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la indagatoria es resultado de una investigación de más de un año encabezada por la FGR, y confirmó que el jueves fueron cumplimentadas ocho órdenes de aprehensión, aunque aún faltan más por ejecutar.
“Es una investigación que parte de después del aseguramiento de los 33 ferrotanques. Es una investigación de más de un año. Se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión, faltan otras por cumplimentar”, explicó.
García Harfuch señaló que la red investigada es una de las más grandes dedicadas al contrabando de combustibles y operaba mediante la importación de derivados del petróleo desde Estados Unidos, declarando cantidades menores a las reales para reducir el pago de impuestos.
“La red declaraba prácticamente sólo el 10 por ciento de la capacidad real del ferrotanque”, indicó.
De acuerdo con la información presentada por el Gobierno de México, la investigación ha identificado a 25 objetivos, entre ellos, socios de empresas, operadores, agentes y personal autorizado de agencias aduanales, con operaciones en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México.
PESQUISA SE SUSTENTA EN LA LEY: MORENA
Por Claudia Arellano
ARIADNA MONTIEL Reyes, presidenta nacional de Morena, sostuvo que la investigación que derivó en la detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, responde a un proceso realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) y rechazó que se trate de una persecución política.
En entrevista radiofónica, la dirigente del partido guinda señaló que la indagatoria presentada por la FGR documenta un esquema de presunta importación, comercialización y distribución irregular de hidrocarburos, en el que estaría involucrada una empresa vinculada con el exmandatario panista.
“Lo que (el jueves) presentó la FGR ha sido una investigación donde se detecta un mecanismo de importación, comercialización y distribución de hidrocarburos de manera irregular, donde está involucrada la empresa del exgobernador panista”, declaró.
Montiel Reyes afirmó que el caso es resultado de un caso desarrollado conforme a derecho, y sostuvo que las autoridades deberán continuar con el proceso judicial: “Estamos viendo el resultado de una investigación apegada a la ley”.
La dirigente nacional de Morena también lanzó críticas contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien acusó de haber incurrido en actos que, dijo, representan una “traición a la patria”, al señalar que habría sido partícipe de la injerencia de agentes extranjeros.
Asimismo, cuestionó el desempeño de la mandataria estatal al asegurar que “siempre miente” y que no atiende los problemas de seguridad que enfrenta Chihuahua.
Asimismo, aprovechó sus redes sociales para criticar la defensa que el expresidente Felipe Calderón hizo del exmandatario, al recordar que “tú mismo señalaste al exgobernador panista de tener nexos con el crimen organizado. Hoy que las investigaciones exhiben un fraude fiscal por miles de millones de pesos en hidrocarburos y la utilización de la infraestructura del país para el contrabando, su única salida es querer engañar con el argumento de ‘persecución política’”.
Exmandatario de BC enfrenta 1.a audiencia
| Por Tania Gómez |
Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, compareció ayer por videoconferencia ante una jueza federal junto con otros siete detenidos, acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de presuntamente formar parte de una organización dedicada al contrabando de combustibles por vía ferroviaria, en un caso que involucra un presunto daño al erario estimado en cuatro mil millones de pesos.
Al cierre de esta edición, la audiencia continuaba de manera virtual y a puerta cerrada, sin que se hubiera definido la situación jurídica de los ocho imputados.
Los ocho imputados permanecían en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), mientras la jueza Alejandra Ramírez de la Vega encabezaba la diligencia desde el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La audiencia inició a las 13:00 horas y, una hora después, la jueza decretó un receso para que las defensas revisaran el contenido de la causa penal 253/2026. La diligencia se reanudó a las 19:00 horas y se desarrolló sin acceso a representantes de los medios de comunicación.
Se prevé que los imputados sean vinculados a proceso y se ordene su traslado al penal federal del Altiplano para que enfrenten ahí el procedimiento penal.
No obstante, la defensa también podría solicitar la ampliación del plazo constitucional de 72 a 144 horas para que se resuelva la situación jurídica de los acusados. El equipo de abogados de Ruffo Appel está encabezada por Fernando Gómez Mont, quien fuera secretario de Gobernación durante la administración del expresidente Felipe Calderón.
Ruffo Appel fue detenido el jueves en Ensenada, Baja California, en cumplimiento de una orden de aprehensión librada dentro de la investigación federal. Tras su captura, fue trasladado a las instalaciones de la FEMDO, en la Ciudad de México, donde permanecía al momento de la audiencia.
Como parte de las indagatorias, a las instalaciones fueron ingresadas 18 cajas con documentación con el membrete de la empresa Ingemar S.A. de C.V.
Durante un operativo simultáneo también fueron capturadas otras siete personas presuntamente relacionadas con una presunta red de tráfico ilegal de combustibles. De acuerdo con la causa penal, el Ministerio Público federal imputó a Ruffo Appel y a los demás detenidos los delitos de delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, al sostener que integraban una red dedicada al llamado “huachicol ferroviario”.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso sus datos de prueba, aunque al cierre de esta edición aún no concluía la etapa de imputación y no se había determinado si los acusados serían vinculados a proceso. Entre los elementos presentados, la FGR señaló que la organización presuntamente utilizó más de 100 carros tanque ferroviarios para introducir combustible desde Texas y que, mientras e se declaraban cargamentos de 10 mil litros por contenedor, en realidad ingresaban hasta 110 mil litros.
La investigación deriva del aseguramiento, en abril de 2025, de aproximadamente 15 millones de litros de combustible transportados en carros tanque de la empresa Ingemar, localizados en patios ferroviarios de Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila. De acuerdo con las investigaciones, ficha firma sería una de las siete empresas presuntamente utilizadas para operar una red de contrabando de combustibles por vía ferroviaria.
Acosta Naranjo ve trato indigno a exgobernador
| Por Claudia Arellano |
El presidente de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, acusó que Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, recibió un trato “indigno” durante su detención por presunta participación en una red de huachicol fiscal, y pidió que se le garantice un debido proceso.
En entrevista con Javier Solórzano en el programa Al Mediodía con Solórzano, de La Razón, el dirigente partidista señaló que, aunque ninguna persona debe estar exenta de una investigación, el caso contra Ruffo Appel debe analizarse bajo criterios jurídicos y no políticos.
“Yo sé que no podemos negarnos a que se investigue a nadie y que se determinen las responsabilidades en cada caso, pero Ernesto Ruffo no andaba huyendo, no se amparó, se presentó por su propio pie a la Fiscalía General de la República (FGR) a dar su versión y a poner a disposición todos los elementos contables”, afirmó.
Por lo anterior, cuestionó que el político haya sido exhibido públicamente durante su detención: “Esos videos y esas fotografías son prácticamente violatorios de la dignidad humana”.
Sobre la indagatoria de la FGR, que relaciona a Ruffo con una red de importación irregular de combustibles, consideró poco creíble que el exgobernador sea presentado como el principal responsable de una estructura de contrabando de combustibles, al argumentar que no tenía facultades sobre aduanas, transporte o distribución de hidrocarburos.
“Imagínate tú, Ernesto Ruffo con control de aduanas, de la Guardia Nacional, de la Marina, del Ejército, del transporte interno, de la distribución del huachicol. Es una versión absolutamente inverosímil”, afirmó Acosta Naranjo.
Explicó que la empresa relacionada con Ruffo presuntamente realizaba trámites administrativos para proveedores, pero no tenía control sobre la entrada física de combustibles al país.
Afirmó que el caso podría funcionar como un distractor frente a otros conflictos políticos, entre ellos los señalamientos derivados de audios relacionados con autoridades de Morena y presuntas comunicaciones con agencias estadounidenses.
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