LA SECRETARÍA Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) informó que, a través del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sancionó e inhabilitó a las empresas Alta Especialidad de Medicina y Capacitación, S.C., y Protein, S.A. de C.V., por irregularidades detectadas en procedimientos de contratación con el Gobierno federal.
De acuerdo con la dependencia, Alta Especialidad de Medicina y Capacitación fue sancionada con una multa de 138 mil 911 pesos e inhabilitación por un año y tres meses, luego de que proporcionó información falsa durante la adjudicación directa para el servicio de traslado de pacientes en ambulancias de alta tecnología correspondiente a 2021.
La SABG explicó que la empresa “manifestó bajo protesta de decir verdad que sus accionistas no desempeñaban empleo, cargo o comisión en el servicio público”, pero en realidad, uno de sus accionistas laboraba como servidor público en el IMSS. Esta notificación fue realizada el 10 de julio de 2026.
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- EL TIP: LA SABG omitió revelar los datos personales del servi dor público del IMSS involucrado por respeto a la legalidad.
En tanto, la empresa Protein, S.A. de C.V., recibió una multa de 138 mil 911 pesos e inhabilitación por tres meses, debido a que incumplió un contrato derivado de la Adjudicación Directa para la Adquisición Consolidada de Medicamentos y Bienes Terapéuticos.
La dependencia precisó que la empresa “omitió entregar la garantía de cumplimiento y 150 piezas de cloroquina”, con lo que incumplió las obligaciones establecidas en el contrato abierto correspondiente. La notificación de esta sanción se efectuó el 9 de julio de 2026.
La SABG informó que ambas sanciones fueron publicadas este martes en el Diario Oficial de la Federación y que las empresas quedaron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar, por sí mismas o intermediarios, en nuevos procedimientos de contratación ni celebrar contratos con la Administración Pública Federal.
Enfatizó que las sanciones fueron impuestas conforme a la ley y con base en criterios de proporcionalidad y gravedad de las faltas y que las empresas tienen el derecho de impugnarlas. Estas acciones buscan fortalecer la legalidad en las contrataciones y advierten que “engañar para obtener contratos públicos o incumplirlos, tiene consecuencias”.
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