Vaya estado de emergencia en el que, nos cuentan, se encuentra el partido guinda, pues entre que puede que su proceso interno se esté saliendo de control y que hay un montón de señalamientos contra alcaldes y otros funcionarios de sus filas que han salido embarrados con el crimen, la dirigencia nacional —hoy bajo la tutela de Ariadna Montiel— está forzando la máquina para tratar de limpiarse las manchas para no salir mal parados en el próximo proceso electoral —donde, por cierto, necesitan retener la mayoría en San Lázaro—. Por eso es que, nos explican, hasta van a adelantar la tarea del INE para comenzar a fiscalizar a sus aspirantes, con el apoyo de todo el Gabinete de Seguridad —la FGR y la SSPC— y de filón la Secretaría de Hacienda —con el SAT y la UIF— con tal de, ahora sí, alejarse del fantasma de la colusión con los malos del cuento. Elevar la apuesta de esta manera, nos señalan, más que por buenos es porque ya ciertos números o indicadores dejan ver que las acusaciones apiladas a varios de sus militantes ya les están cobrando factura, al menos en la popularidad.
