La Comisión de Receso del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) suspendió de manera temporal al juez Primero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, Carlos Alberto Rico Mondragón, mientras se investiga su posible actuación irregular en la atención de solicitudes médicas de Brenda Quevedo Cruz, procesada por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace.
La suspensión fue dictada como medida cautelar, luego de que el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas detectara indicios de posibles irregularidades y solicitara la separación temporal del cargo para garantizar el desarrollo de la investigación.
El caso tomó relevancia después de que, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del 16 de julio, se denunciara que el juez no autorizó que Brenda Quevedo, quien permanece en prisión domiciliaria con brazalete electrónico, recibiera atención en una clínica privada pese a presentar una fuerte hemorragia atribuida a posibles miomas. Según la denuncia, sus defensoras tampoco habían conseguido una audiencia para solicitar un cambio en la medida cautelar.
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El juez autorizó únicamente su traslado en ambulancia a un hospital público, al considerar innecesario permitir su atención en una institución privada. De acuerdo con la denuncia, la atención especializada habría sido programada hasta marzo de 2027.
Ante estos hechos, el TDJ ordenó al Órgano de Investigación realizar diligencias urgentes para determinar si existieron omisiones del personal del juzgado que afectaran el derecho a la salud de la procesada y, en su caso, promover las medidas correspondientes.
El Tribunal precisó que la suspensión no constituye una sanción definitiva ni implica responsabilidad administrativa, sino una medida preventiva prevista por la ley para proteger el derecho a la salud de la persona procesada, garantizar una investigación objetiva e imparcial y asegurar la continuidad de la impartición de justicia.
Asimismo, reiteró que será hasta la conclusión del procedimiento cuando se determine si existieron responsabilidades administrativas derivadas de los hechos.
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