La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó una “persecución política” en la investigación contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido por su probable participación en la mayor red de contrabando de hidrocarburos por ferrocarril detectada en México.
La institución aseguró que ha reunido 96 datos de prueba desde el inicio de la investigación en julio de 2025, tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila. Asimismo, explicó la relación entre el mandatario con la empresa Ingemar S.A. de C.V., relacionada con operaciones irregulares que causaron un posible daño al erario superior a los 4 mil millones de pesos.
Tras exponer la secuencia de las investigaciones, la FGR negó que la acusación contra Ruffo Appel responda a “ideales o vínculos políticos”.
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“Fueron las propias investigaciones las que revelaron la posible participación de las personas que han sido vinculadas a proceso, lo que deja claro que no se trata de una persecución política”, afirmó.
Prisión preventiva, establecida en la Constitución
Sobre la prisión preventiva oficiosa, explicó que la Constitución Política establece esa medida cautelar para el delito de delincuencia organizada. “Es la Carta Magna la que establece que las personas imputadas por dicho ilícito no pueden seguir su proceso en libertad”, agregó.
La investigación inició con en el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, que representaban un riesgo por las altas temperaturas y el desconocimiento de la sustancia almacenada.
Desde ese punto, peritos e investigadores reconstruyeron la cadena logística del combustible. La revisión permitió localizar unidades relacionadas en San Luis Potosí y Nuevo Laredo, donde las autoridades detectaron que los documentos de importación reportaban apenas 10 por ciento del contenido real.
Ernesto Ruffo entró a empresa investigada en 2018
La revisión de pedimentos, facturas, cartas porte, registros ferroviarios y archivos corporativos ubicó a Ingemar como la principal importadora relacionada con las operaciones bajo investigación. Los documentos de la compañía señalan que José Merino Valdés Cuervo, junto a las empresas Dragados y Puertos y Servicios Portuarios, constituyeron dicha sociedad en agosto de 2018.
Dos meses más tarde, Ernesto Ruffo Appel se incorporó al capital variable de Ingemar, según las actas societarias. En 2021 figuraba como accionista y ocupaba la Secretaría del Consejo de Administración, desde donde intervino junto con Merino Valdés Cuervo en decisiones corporativas y actos de representación legal.
Por medio de la documentación incorporada al expediente, la FGR ubicó la participación conjunta de ambos en modificaciones corporativas, otorgamiento de poderes, representación legal, comercio exterior, trámites fiscales, gestiones aduaneras y decisiones relacionadas con la operación general de la compañía.
Mediante cambios posteriores, Ingemar amplió su objeto social hacia el almacenamiento, importación, exportación, transporte y manejo de hidrocarburos. También agregó actividades vinculadas con terminales ferroviarias y servicios auxiliares del sector energético.
Dentro de los 96 datos de prueba reunidos existen dictámenes químicos para identificar gasolina o diésel, análisis mecánicos y eléctricos destinados a calcular la capacidad de los ferrotanques, estudios fotográficos, evaluaciones criminalísticas, documentos financieros y registros de la ruta comercial.
Estiman 4 mil millones de pesos de daño patrimonial
Bajo la imputación presentada hasta ahora, el perjuicio fiscal supera 100 millones de pesos por el contrabando atribuido a 170 unidades aseguradas en julio de 2025. Esa cantidad, aseguró la FGR, no representa el cálculo total de las operaciones bajo revisión.
Respecto de la dimensión económica del caso, el cruce de información entre la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) permitió detectar más de 4 mil movimientos irregulares durante el primer semestre de aquel año. La FGR estimó que el daño patrimonial podría rebasar 4 mil millones de pesos, aunque deberá acreditar esa cifra durante la investigación complementaria.
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cehr
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