El consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Uuc-kib Espadas, propuso que los diputados de representación proporcional se elijan en una boleta separada de la de mayoría relativa en 2027, con el fin de terminar con lo que describió como una votación “clandestina”, en la que la mayoría de los ciudadanos elige a esos legisladores sin siquiera saberlo.
“Todos votamos por diputados de representación proporcional, pero la gran mayoría de la gente ni siquiera lo sabe”, advirtió el consejero, quien explicó que hoy basta con marcar a los candidatos de mayoría relativa para que, automáticamente y sin que el elector lo perciba, ese voto se cuente también para las listas plurinominales.
“Esto tendría distintas virtudes. La primera es que sacaría de la clandestinidad la votación de representación proporcional”, sostuvo Espadas, para quien esta es la razón de fondo, que justifica dividir la boleta.
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Con dos boletas, dijo el consejero, el ciudadano podría distinguir con claridad ambas decisiones: “por mayoría relativa voy a votar por los candidatos fulana y perengana, y por representación proporcional por la lista del partido tal”.
Y añadió que el esquema también obligaría a los partidos a exhibir a sus candidatos plurinominales en lugar de mantenerlos en el anonimato de una lista: “los partidos políticos tendrán que salir, mostrarse ante la ciudadanía (y) decirle a la ciudadanía quiénes proponen para diputados por la vía de la representación proporcional”.
Espadas apuntó que esto impediría que las listas sirvan, como ha ocurrido, para colocar sin escrutinio público a “candidatos de imagen pública cuestionable” que hoy “pasan en una lista que nadie lee” y son “elegidos clandestinamente sin someterse a una auténtica valoración por parte de las urnas”.
“Mi propuesta central es que los diputados de representación proporcional en la próxima elección de junio de 2027 deben ser votados en dos boletas y no en una”, afirmó el consejero, quien anunció que llevará la iniciativa al Consejo General para su discusión formal en septiembre u octubre, cuando se defina el modelo de boletas de ese proceso.
Espadas Ancona calculó que imprimir una boleta adicional costaría entre 200 y 250 millones de pesos, cifra que comparó con los 6 mil millones de pesos que costó la elección judicial del año pasado: “le daría a algo más de 100 millones de electores la plena libertad de votar según lo ordena la Constitución”.
Uuc-Kib Espadas explicó que, aunque lo ideal sería una reforma legislativa, las facultades de control de constitucionalidad y convencionalidad otorgadas a las autoridades electorales desde 2009 y 2014 permiten al INE implementar el cambio sin modificar la ley, y que la decisión final recaerá en los 11 consejeros con derecho a voto, no en los partidos.
Consultado sobre los señalamientos de presuntos recursos ilícitos en la fundación del partido Somos México y sobre el voto electrónico, el consejero declinó pronunciarse y pidió abordar esos temas en otro momento.
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