La liquidación de los partidos políticos que perdieron su registro nacional entre 2019 y 2024 arrastra años de retraso y ha abierto un vacío institucional: mientras el Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene 237 procedimientos judiciales activos derivados de esos procesos, algunos de los dirigentes de esas fuerzas políticas ya encabezan nuevos partidos con registro nacional.
De acuerdo con el más reciente informe de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), los litigios corresponden a cuatro institutos políticos nacionales que perdieron su registro por no alcanzar el porcentaje mínimo de votación en las elecciones federales.
- El Dato: El representante de PAZ (conformado por exintegrantes del PES) ante el INE coincidió en la necesidad de revisar la duración de los procesos de liquidación.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), que perdió el registro en 2024, concentra 211 procedimientos judiciales; el Partido Encuentro Social (PES), que desapareció en 2019, mantiene seis; el Partido Encuentro Solidario (PES), extinguido en 2021, acumula 16; y Redes Sociales Progresistas (RSP), también desaparecido en 2021, enfrenta cuatro litigios.
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Los expedientes abarcan principalmente juicios laborales promovidos por extrabajadores, controversias con proveedores y acreedores, impugnaciones por sanciones electorales, así como procedimientos para la recuperación, administración y venta de bienes que integran el patrimonio de los partidos en liquidación. Mientras esos asuntos permanezcan sin resolverse, el INE no puede dar por concluidos los procesos de extinción.
La permanencia de estos procedimientos implica que los interventores designados por el instituto continúan administrando los activos y pasivos de los partidos extintos, realizando inventarios, atendiendo litigios y cubriendo obligaciones conforme al orden de prelación establecido por la legislación.
Sin embargo, cada nuevo juicio laboral, mercantil o administrativo retrasa el cierre definitivo de los expedientes y mantiene abiertas las liquidaciones durante años.
Este escenario ha generado una situación inédita: mientras jurídicamente siguen existiendo partidos en proceso de extinción, algunos de sus antiguos dirigentes ya participan en nuevas fuerzas políticas con registro nacional, acceso a financiamiento público, representación ante el INE y posibilidad de competir en futuros procesos electorales.
Para especialistas, esta coexistencia evidencia un vacío regulatorio que no fue previsto por la legislación electoral y que hoy plantea nuevos desafíos para el sistema de partidos.
Uno de los casos más representativos es el de Hugo Eric Flores, fundador y presidente nacional del extinto Partido Encuentro Social y posteriormente de Encuentro Solidario, ambos aún con procesos de liquidación abiertos.
Actualmente es es representante suplente del partido PAZ (que obtuvo su registro hace un mes) ante el INE, así como diputado federal de Morena, una circunstancia que ha reavivado el debate sobre la necesidad de impedir que un mismo grupo político obtenga un nuevo registro sin haber concluido las obligaciones financieras, laborales y patrimoniales derivadas del partido anterior.
Durante la sesión del Consejo General, la consejera Carla Humphrey señaló que la existencia de más de 200 procedimientos pendientes constituye una de las principales razones por las que las liquidaciones se prolongan durante años. Subrayó que cada litigio pendiente y cada bien que no se liquida oportunamente genera costos administrativos, jurídicos y patrimoniales.
Planteó que el INE analice si deben existir reglas más claras de corresponsabilidad para quienes estuvieron al frente de partidos que perdieron su registro, particularmente cuando existan obligaciones vinculadas con la fiscalización, el manejo de recursos públicos, la comprobación del gasto o la generación de pasivos: “La creación de un nuevo partido no puede entenderse como un borrón y cuenta nueva respecto de obligaciones laborales, fiscales, patrimoniales o de fiscalización de partidos que perdieron su registro”.
Eduardo Huchim, exconsejero del extinto Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), consideró que esta situación constituye un “sinsentido” que toca corregir al INE: “Tiene que hacer las cosas de tal forma que no ocurra este sinsentido de que el mismo grupo político ya tiene un nuevo registro cuando todavía no ha concluido la liquidación del partido anterior”.
Huchim recordó que los retrasos en estos procedimientos no son un fenómeno reciente y citó como ejemplo la liquidación del extinto Partido Humanista, que perdió su registro en 2015, pero cuyo proceso concluyó hasta junio de 2025. Calificó ese caso como “escandaloso”, al señalar que el interventor recibió alrededor de 67 millones de pesos, cuando el patrimonio sujeto a liquidación rondaba los 34 millones: “Casi el doble costó lo que le pagaron a este interventor para realizar la liquidación del Partido Humanista”.
A su juicio, el esquema de remuneración eliminó cualquier incentivo para concluir con rapidez el procedimiento: “Obviamente, el interventor no se dio ninguna prisa”. Sostuvo que, aunque existen factores que naturalmente prolongan las liquidaciones, como los litigios laborales o el cobro de adeudos, resulta injustificable que estos procedimientos permanezcan abiertos durante casi una década.
Por ello, consideró que el INE debe revisar sus procesos internos. Enfatizó que “la responsabilidad principal está en la autoridad”, por lo que le corresponde diseñar mecanismos para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse.
En el mismo sentido, el analista en temas electorales Jorge Aljovín advirtió que la coexistencia de nuevos partidos con institutos políticos aún en liquidación exhibe deficiencias del marco jurídico y genera costos administrativos, patrimoniales y jurídicos que podrían evitarse con reglas más estrictas: “No puede darse en nuestro país, y sobre todo en el tema electoral, que se creen nuevos partidos sin que antes se hayan liquidado a partidos que no hayan alcanzado el registro”.
A su juicio, el INE no debe esperar una reforma del Congreso, sino utilizar su facultad reguladora para fortalecer el Reglamento de Fiscalización. Entre las medidas que propuso están establecer plazos perentorios para los interventores, agilizar la venta de bienes mediante subastas electrónicas, cerrar oportunamente las cuentas bancarias, crear una ventanilla única de liquidación con autoridades laborales y fiscales, e imponer responsabilidad solidaria a los dirigentes partidistas para evitar que eludan las consecuencias legales una vez que el partido pierde el registro.
“Los políticos tienen que entender que las prerrogativas también implican responsabilidades”, dijo, al advertir que, mientras no existan reglas más estrictas, seguirán los casos de líderes que encabezan nuevas fuerzas políticas sin haber cerrado los pendientes del partido anterior.
