El fenómeno armado que comenzó como respuesta comunitaria frente a los cárteles de las drogas alcanzó presencia en 13 entidades del país; los testimonios de comisarios revelan disputas entre organizaciones criminales, pueblos bajo presión de grupos delictivos y desplazamiento forzado.
Primero apareció la urgencia. Pueblos sin protección, economías sometidas por la extorsión y regiones bajo control criminal. Después llegaron las armas, retenes y el discurso de defensa comunitaria. En Michoacán y Guerrero, las autodefensas nacieron hace más de una década como respuesta al vacío de autoridad, pero parte de esos grupos dejó de resistir al crimen y comenzó a reproducir algunas reglas.
- El Dato: Luis Enrique Barragán, El R5, se perfila como líder de la organización tras la detención de Fernández Magallón, sobre quien pesa una recompensa de 3 millones de dólares.
La captura de Alfonso Fernández Magallón, alias Poncho, este sábado en Michoacán, colocó en primer plano la mutación de un grupo que surgió como autodefensa en ese estado y acabó convertido en una estructura criminal. Doce años atrás, aparecía como comandante de civiles armados en Los Reyes frente a Los Caballeros Templarios; hoy, las autoridades lo identifican como líder del cártel que adoptó el nombre de ese municipio y aliado de Cárteles Unidos.
En Guerrero, las autodefensas y policías comunitarias llegaron a operar en 46 de los 81 municipios, donde habitaba 65 por ciento de la población estatal, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Hoy, grupos armados controlan mandos locales, imponen condiciones y expulsan familias.
- 5 millones de dólares ofrecía EU por la captura del capo
El testimonio de Eusebio, comisario originario de Tlapa que pidió reservar su nombre completo, describió una estructura que impone comandantes de policía, obtiene información de agentes, tolera el tráfico de drogas y participa en extorsiones. “Ellos dictan toques de queda, controlan precios de productos, resuelven disputas vecinales y aplican castigos brutales a quienes no obedecen”, afirmó.
Esta crisis volvió a exhibirse en semanas anteriores en la sierra de Coyuca de Catalán. Habitantes del ejido Guajes de Ayala denunciaron que, el 8 de julio, hombres armados atacaron el poblado El Pescado con disparos y explosivos lanzados desde drones. Al menos 70 mujeres, niñas, niños y adultos mayores dejaron sus viviendas para resguardarse en una clínica abandonada, mientras otras familias buscaron refugio en iglesias.
Los pobladores atribuyeron la ofensiva a La Nueva Familia Michoacana y, aunque en un inicio autoridades descartaron los hechos difundidos en redes sociales y medios autónomos, poco después se anunció el envío de fuerzas estatales y federales para verificar la situación.
El episodio mostró la capacidad criminal frente a grupos civiles que también se arman y vigilan caminos. Guajes de Ayala formó una fuerza de autodefensa ante el avance de La Familia Michoacana. Sus integrantes sostienen que protegen el territorio, pero informes de seguridad también han documentado armas de alto poder, granadas y vínculos con organizaciones rivales, una combinación que dificulta separar la defensa local de la lucha criminal.
La CNDH identificó al menos seis agrupaciones de autodefensa o policía comunitaria en Guerrero, entre ellas la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Las policías comunitarias y guardias indígenas pueden responder a sistemas normativos propios, mientras las autodefensas surgen con estructuras, mandos y controles distintos.
Esa frontera se rompe cuando una fuerza local cobra cuotas, impone sanciones, administra entradas o negocia con autoridades desde una posición armada. Investigadores como Salvador Maldonado Aranda y Enrique Guerra Manzo han advertido que estos movimientos no forman un bloque homogéneo. En ellos conviven intereses comunitarios, liderazgos políticos, grupos económicos y actores con agendas criminales.
Algunas zonas de la Montaña ofrecen el costo más visible. Entre el 6 y el 11 de mayo, ataques con armas de alto calibre y drones contra Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, en Chilapa, provocaron un éxodo cuya magnitud se disputa. El Congreso Nacional Indígena habló de más de 800 familias, mientras el gobierno estatal reconoció inicialmente 70. Los desplazados se refugiaron en Alcozacán, en medio de señalamientos contra Los Ardillos y reclamos por la falta de protección.
La violencia se extendió días después a Olinalá. Más de 500 habitantes de Teticic, Chautipa, Tecorrales y Rancho Esperanza salieron entre el 20 y 22 de mayo. En Teticic, quienes regresaron encontraron casas saqueadas, incendiadas o destruidas, animales muertos y escuelas vacías. Sólo 22 personas habían vuelto a finales de junio.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha documentado el impacto de la violencia sobre pueblos indígenas y autoridades tradicionales atrapadas entre la presión criminal y la falta de respuesta gubernamental.
Para expertos en seguridad, el jefe de una autodefensa deja de aparecer sólo como el vecino que protege a su comunidad y puede convertirse en intermediario armado, controlar accesos, condicionar mercados y decidir qué relación mantiene el pueblo con el Estado. La disputa ya no enfrenta sólo a cárteles rivales. También revela una crisis donde seguridad comunitaria, poder criminal y desplazamiento forzado avanzan sobre la misma frontera.
Presencia
Municipios de operación del Cártel de Los Reyes en Michoacán.
- Cotija de la Paz
- Tocumbo
- Los Reyes de Salgado
- Buenavista Tomatlán
- Peribán de Ramos
