Luego de que la noche del sábado se reportaron disturbios en la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración (INM) en la ciudad de Tapachula, Chiapas, fuerzas federales desplegaron un operativo que se prolongó durante la madrugada del domingo.
Los disturbios comenzaron cerca de las 22:00 horas, cuando los migrantes incendiaron colchonetas en los dormitorios para exigir su liberación inmediata, al señalar que son víctimas de abusos sistemáticos e incomunicación.
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El operativo duró aproximadamente dos horas y media, y concluyó hacia las doce y media de la noche.
Como resultado, fueron detenidas dos personas de nacionalidad venezolana, identificados como Henderson “N” y Howard David “N”, a quienes se les trasladó hacia las instalaciones del INM en Tuxtla Gutiérrez, donde serán procesadas para su deportación inmediata.
Por su parte, el INM informó que el orden fue restablecido mediante el diálogo y la coordinación interinstitucional con autoridades federales y estatales. Asimismo, se informó que no se registraron personas lesionadas y en todo momento el instituto privilegió el respeto a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad.
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El activista Luis García Villagrán, representante del Centro de Dignificación Humana AC, acusó al INM de retener por tiempos prolongados a los migrantes, tenerlos incomunicados y sin acceso a una defensa jurídica.
“Hay una opacidad terrible sobre lo que sucede en esta estación migratoria, y hay un clasismo terrible en el tema migratorio”, denunció.
Sostuvo que quienes más sufren los abusos son los migrantes deportados de Estados Unidos, que son entregados a ese organismo en la frontera norte.
“Estos compañeros vienen cansados del ICE, porque está haciendo deportaciones ilegales, y, ¿qué pasa con el ICE mexicano, el Instituto Nacional de Migración? Incluso, los retiene. Pedimos a la opinión pública que abran las puertas de la estación migratoria, haya sido lo que haya sido. Tenemos que saber, como ciudadanos tapachultecos, qué está pasando al interior de esta cárcel migratoria”, expuso el activista.
En la estación migratoria siglo XXI, García Villagrán dijo que los migrantes sufren incomunicación y son obligados a contratar abogados. Estimó que hay 65 mil migrantes varados en la frontera sur, quienes están a la espera de resoluciones positivas o negativas.
Este hecho volvió a encender las alarmas, luego de que un incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, causó la muerte de 40 migrantes el 27 de marzo de 2023.
En aquella ocasión, los migrantes habían sido detenidos como parte de un operativo para retirarlos de las calles, donde algunos de ellos estaban viviendo o pedían dinero para mantenerse.
Entre los detenidos había familias completas, pero las mujeres y los niños fueron llevados a un lugar aparte de los hombres. En total, se reportaron 68 hombres quienes, al ser avisados de que iban a ser deportados o enviados a otras estaciones migratorias, comenzaron una protesta para exigir su liberación.
La protesta comenzó con la quema de colchones, lo que derivó en la tragedia en la que murieron personas originarias de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela.
La mayoría de las víctimas murió por inhalación de humo/asfixia, más que por quemaduras, y uno de los aspectos más polémicos fue que los migrantes permanecieron encerrados mientras el fuego y el humo se propagaban. Videos de seguridad, posteriormente difundidos, mostraron a personal presente en las instalaciones sin abrir la celda.
Hasta la fecha, ninguna persona ha recibido una sentencia firme por dicho incendio y el caso sigue abierto, a tres años del suceso. No obstante, hay cuatro personas en prisión y siete siguen su proceso en libertad, entre ellos el excomisionado del INM Francisco Garduño.
Representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que no ha habido reparación integral del daño y sentencias para los responsables de este hecho.
Lorena Cano, representante del Instituto de la Mujer Migrante, denunció que las 15 mujeres que se encontraban en la estancia la noche del incendio aún no han sido reconocidas como víctimas, a pesar de que no sólo resultaron lesionadas por la combustión, sino que también padecieron daños psicológicos de los que aún no se recuperan.
Agregó que los familiares de los sobrevivientes tampoco han recibido apoyo económico ni emocional como víctimas indirectas. Algunos no cuentan con empleos estables y viven en situaciones precarias en sus países, mientras han enfrentado problemas de salud que les impiden trabajar, lo cual agrava su condición de vulnerabilidad.
