La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el litigio por las modificaciones al Programa de Desarrollo Urbano de Mahahual, Quintana Roo, que fueron cuestionadas por ciudadanos por sus posibles efectos ambientales y por la falta de consulta pública, en un caso relacionado con el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean, cuyo desarrollo dejó de avanzar después de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunciara que no autorizaría su construcción y la naviera retirara la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Por unanimidad, el máximo tribunal del país decidió atraer los recursos promovidos por habitantes de Mahahual contra los cambios al Programa de Desarrollo Urbano aprobados por el Cabildo de Othón P. Blanco a finales de noviembre y principios de diciembre de 2025.
Las modificaciones abarcaron 107.67 hectáreas y fueron solicitadas por las empresas Cielo Asoleado y Promociones Turísticas Mahahual, vinculadas con el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean, que se pretendía desarrollar junto al muelle de cruceros de Costa Maya.
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Litigio, por incumplir consulta y participación de Mahahual
El proyecto turístico contemplaba una inversión cercana a los mil millones de dólares. Pese al freno del proyecto, vecinos de Mahahual y la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) mantienen el litigio contra las modificaciones al instrumento de planeación urbana, al sostener que los cambios en usos de suelo, densidades, alturas y vialidades se realizaron sin cumplir con el procedimiento de consulta y participación ciudadana previsto en la legislación de asentamientos humanos.
Los promoventes argumentan, además, que la reconfiguración urbanística podía abrir la puerta a un desarrollo de gran escala en una zona de relevancia ambiental, con posibles impactos sobre los manglares y el ecosistema costero, así como sobre el derecho de la comunidad a un medio ambiente sano.
El conflicto derivó en tres juicios de amparo promovidos por distintos grupos de ciudadanos de Mahahual. Los asuntos dieron origen a los recursos de queja 76/2026, 112/2026 y 113/2026, derivados de los juicios de amparo 57/2026, 129/2026 y 134/2026, que se encontraban ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en Quintana Roo.
El 9 de junio, DMAS solicitó a la Presidencia de la SCJN que ejerciera su facultad de atracción sobre los asuntos, al considerar que reunían los requisitos constitucionales de interés y trascendencia.
La organización planteó que el máximo tribunal establezca criterios sobre el alcance del derecho humano a un medio ambiente sano frente a los Programas Municipales de Desarrollo Urbano, así como sobre el interés legítimo de las comunidades para impugnar decisiones de planeación territorial que puedan afectar su entorno.
Otro de los temas planteados corresponde a los plazos para promover juicios de amparo en materia ambiental. DMAS sostiene que éstos deben interpretarse de manera que garanticen un acceso efectivo a la justicia, conforme a la Constitución y al Acuerdo de Escazú.
También busca que la Corte se pronuncie sobre la aplicación de principios ambientales como el precautorio, la participación ciudadana y el in dubio pro natura en los procesos de planeación territorial.
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