La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) rechazó los señalamientos sobre las condiciones de internamiento del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, en el penal federal del Altiplano y aseguró que recibe servicios médicos especializados, medicamentos, artículos básicos, llamadas telefónicas y acceso a visitas conforme a las reglas penitenciarias.
Al ingresar al Centro Federal de Reinserción Social No. 1, personal penitenciario canalizó a Ruffo Appel al área de Observación y Clasificación. Especialistas de Psicología, Medicina, Jurídica, Criminología y Trabajo Social participaron en la integración de su expediente único, de acuerdo con el reporte oficial.
Durante su estancia, el interno ha tenido consultas de medicina general, así como atención en geriatría, neumología, urología, oftalmología e interna. El penal también le suministró los fármacos requeridos para sus padecimientos bajo los protocolos establecidos.
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Respecto a sus necesidades cotidianas, autoridades del Altiplano le entregaron ropa, calzado y productos de higiene personal desde su llegada al centro penitenciario. La dependencia sostuvo que estos apoyos forman parte de los insumos básicos previstos para las personas privadas de la libertad.
Sobre el contacto con familiares, la SSPC explicó que el ex mandatario no incluyó inicialmente personas dentro de su propuesta de visitantes. El centro autorizó después, por razones humanitarias, el ingreso de un pariente, encuentro que ya ocurrió.
Ruffo Appel también ha tenido acceso a llamadas telefónicas conforme a las disposiciones del Altiplano. La SSPC sostuvo que este servicio, al igual que el resto de la atención que recibe, se mantiene bajo las reglas aplicables a las personas privadas de la libertad en centros federales.
Prevención y Reinserción Social sostuvo que el ex gobernador cuenta con atención, servicios e insumos previstos por la normatividad carcelaria y afirmó que su permanencia en el Altiplano transcurre con respeto a sus derechos, sin condiciones distintas a las establecidas para otras personas privadas de la libertad.
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