A raíz de los cuestionamientos y acusaciones referentes a censura de parte de su Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la reciente exposición de una supuesta red de derecha para atacar a su administración haya tenido como intención elaborar una “lista negra” contra la prensa; no obstante, expuso una encuesta en la que se refleja el supuesto respaldo de la ciudadanía para que se impongan sanciones a los medios por difundir información falsa.
Durante la conferencia Derecho de Réplica del 12 de agosto, la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, expuso un monitoreo en redes sociales para analizar el comportamiento de las cuentas que difunden información contra el Gobierno, a partir de lo cual acusó que existe un “ecosistema digital” organizado en cuatro capas, donde en la primera se conforma por medios y periodistas al “originar” y “legitimar” información crítica hacia la administración con sus investigaciones, noticias y opiniones.
Al desatarse una reprobación desde el debate público y una crítica por la mención de periodistas y demás figuras públicas, la mandataria instó en su rueda de prensa diaria a que se vuelva a ver la conferencia, pues aseguró que no se responsabilizó a los medios, sino que se hizo mención de que la información que publican es utilizada por otras cuentas para acometer contra su administración.
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“Aprovecho para decirlo, porque ya están diciendo que ‘la lista de Sheinbaum’. Les invito a que vean nuevamente la conferencia de prensa de Derecho de Réplica de Luisa María y lo que ayer (jueves) dijo Luisa María es: Viene una noticia de una cuenta y de ahí se agarra todo un mecanismo en contra de una posición política de un proyecto de la Presidenta. Nunca dijo: ‘Ésta es la lista de quién sabe qué’”, sostuvo.
En cuanto a la controversia por los lineamientos para la defensa de los derechos de las audiencias, expuso una encuesta en la que se muestra un elevado respaldo de las personas consultadas para que la prensa sea sancionada cuando difunda información falsa.
“Más del 80 por ciento de la gente está a favor de que el Gobierno de México sancionara un medio por decir mentiras. Vuélvela a poner. Y miren que jamás lo hemos planteado nosotros. Nosotros lo único que dijimos fue recuperar una lucha legítima de la sociedad civil que hoy muchos de ellos se echaron para atrás”, dijo Sheinbaum Pardo.
La titular del Ejecutivo federal aseguró que su administración está tranquila y también afirmó que continuará con las mañaneras que encabeza a diario para informar a la población sobre las acciones de su Gobierno.
“Estamos muy tranquilos trabajando todos los días por el pueblo de México. Y en la mañanera se va a mantener porque es indispensable informar a la gente y debatir de la vida pública de México”, afirmó la Presidenta.
Reiteró que prueba de que existe libertad de expresión en su Gobierno, es que no se censura a nadie, pese a que se le compare con figuras como Hitler o Stalin. “Es la mejor demostración de que hay libertad de expresión”, tras rechazar que se llame a dueños de medios de comunicación para censurar a algún periodista: “Hay libertad de expresión total y absoluta. A nadie se le silencia”.
“Libertad de expresión no es derecho a mentir”
| Por Yulia Bonilla |
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció en respaldo de los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias, respecto a los que negó ver como un intento de censura contra la prensa, sino más bien una iniciativa para defender a la población ante la información que recibe.
“Fortalece el debate, que es indispensable pero, además, necesario, sobre el papel de los medios de comunicación en el ejercicio efectivo del derecho a la verdad y a la democracia. Lo que no significa en modo alguno, como algunos actores han dicho, que se esté ante un intento de censura o represión”, dijo en un comunicado.
El órganismo autónomo a cargo de Rosario Piedra Ibarra señaló que el espectro radioeléctrico, el cual permite la transmisión de los canales, es de dominio público y es un recurso limitado, por lo que su uso debe de privilegiar el beneficio social y regirse por “los principios de eficiencia, equidad e interés público, asegurando la aplicación de un enfoque de derechos humanos”.
Además, comentó que así como se espera que los medios públicos no se comporten como “voceros del poder”, los particulares y empresas que cuentan con una concesión deben procurar el ejercicio de la comunicación con responsabilidad social, que vaya más de responder a sus propios intereses y la lógica mercantil.
Consideró que el debate sobre la libertad de expresión se ha concentrado en defender a quienes emiten la información, mas no en quienes la reciben, por lo que consideró que esta iniciativa abonaría a subsanar la “deuda histórica” con las audiencias y así reconocer su derecho a recibir “información veraz, plural, claramente identificada y respetuosa de la dignidad humana”.
A la vez, la CNDH cuestionó las críticas que surgieron contra estos lineamientos, pues acusó que quienes se han pronunciado en contra se han “beneficiado económica y políticamente de difundir, sin consideración de las audiencias y en su directo detrimento, mentiras, tergiversaciones y opiniones particulares o de grupo, como verdades absolutas e incuestionables”.
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