La Arquidiócesis de México llamó a convertir la búsqueda de personas desaparecidas en una causa nacional y sostuvo que el Estado mantiene una responsabilidad “irrenunciable” para prevenir estos casos, localizar de inmediato a las víctimas, investigar los hechos y procurar justicia.
Desde el editorial Desde la Fe, con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Iglesia advirtió que la respuesta institucional no puede quedar sustituida por las tareas que realizan familiares, colectivos u organizaciones civiles.
“La desaparición de personas es una herida de México”, expresó la Iglesia, que pidió abandonar la indiferencia y mantener la exigencia de verdad y justicia.
También sostuvo que cualquier respuesta a la crisis de desapariciones debe incluir el esclarecimiento de los casos y responsabilidades concretas. “No puede haber reconciliación construida sobre la impunidad ni diálogo que pretenda esconder la verdad”, afirmó.
A propósito de la conmemoración internacional, el editorial retomó el llamado de los obispos mexicanos a “salir al encuentro” de quienes buscan a sus familiares y de las personas dispuestas a contribuir a la construcción de paz. La publicación planteó que la magnitud del problema no puede reducirse a estadísticas porque detrás de cada registro existe una familia que espera respuestas.
La Arquidiócesis recuperó un mensaje de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) del 12 de marzo de 2025, en el cual reconoció la “extraordinaria labor de las madres buscadoras y distintas organizaciones ciudadanas que, impulsadas por su dolor, valentía y tenacidad, son las que verdaderamente consiguen avances en la búsqueda de sus seres queridos y realizan hallazgos decisivos que mantienen vivo el clamor por la justicia”.
Para la Iglesia católica, las autoridades deben contar con instituciones capaces de responder ante la desaparición de personas, mientras la sociedad debe acompañar a quienes mantienen labores para localizar a sus seres queridos. El editorial pidió además abrir espacios de escucha, fortalecer el tejido social y respaldar iniciativas orientadas al encuentro y la paz.
México enfrenta, según el pronunciamiento, una problemática que obliga tanto a las instituciones públicas como a la sociedad a evitar la normalización de estas desapariciones, así como del sufrimientos de miles de familias en el país.
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