Más de 133 mil personas permanecen desaparecidas en México, mientras el país registra un promedio de 35 casos cada día, de los cuales más de cinco corresponden a niñas, niños o adolescentes, advirtió el partido SOMOS al exigir que la crisis reciba atención como una emergencia nacional de derechos humanos.
Durante el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el frente político señaló que el año pasado cerró con 12 mil 961 registros, la cifra anual más alta de la serie reciente. El partido reclamó al Gobierno federal una política de Estado con presupuesto, responsables, objetivos y mecanismos que permitan evaluar resultados.
Según el partido, al 8 de junio de 2026, 18 mil 104 menores de edad permanecían desaparecidos o no localizados. De ese universo, 6 mil 685 eran mujeres de entre 12 y 17 años, sector que SOMOS identificó entre los más vulnerables frente a esta crisis.
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“México no puede acostumbrarse a vivir con miles de familias buscando a sus hijos, hijas, padres y hermanos. No son cifras. Son personas. Son familias. Son vidas que el Estado tiene la obligación de buscar, encontrar y proteger”, sostuvo la agrupación.
El partido también cuestionó la respuesta del Gobierno de Claudia Sheinbaum ante la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de remitir la situación mexicana a consideración de la Asamblea General. A juicio de SOMOS, las autoridades federales han minimizado la gravedad del problema y deben asumir las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado.
Somos remarca crisis forense en tema de desapariciones
Otro frente señalado corresponde a la crisis forense. La organización partidista citó investigaciones especializadas que calculan la existencia de 72 mil cadáveres sin identificar y alrededor de cinco mil fosas clandestinas, por lo que pidió acelerar los procesos y la restitución digna de restos a las familias.
Entre sus demandas, SOMOS planteó investigaciones y sanciones contra responsables de desapariciones, así como contra agentes estatales que permitan impunidad por acción u omisión. También reclamó cooperación con mecanismos internacionales de derechos humanos, en particular con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.
La agrupación política exigió protección para madres y familias buscadoras ante amenazas y agresiones, además de una estrategia nacional que coloque la búsqueda, la justicia y la memoria entre las prioridades públicas.
“No aceptamos excusas y pretextos oficiales sobre la crisis; queremos resultados para abordarla y terminar con esta tragedia diaria”, afirmó el partido.
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