La ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, volvió a cuestionar la reforma judicial y advirtió que su implementación ha generado “muchos focos rojos” en materia de certeza jurídica y de independencia judicial.
Durante el foro “Diálogos Constitucionales: México en perspectiva”, organizado por la Escuela Libre de Derecho, la expresidenta de la Suprema Corte sostuvo que la reforma no fue adecuadamente diseñada y cuestionó que se haya impulsado sin un diagnóstico previo sobre las necesidades reales del sistema de justicia.
Piña Hernández consideró que el hecho de que la reforma constitucional haya tenido que ser modificada antes de cumplir un año constituye, por sí mismo, una señal de que el proceso no fue suficientemente analizado.
• Estilos de la abogacía
“Un primer signo es que antes del año se tuvo que reformar, es lo primero que uno ve. Si uno hace una reforma sin diagnóstico, sin claridad, porque no hubo participación que fuese tomada en cuenta”, señaló.
La ministra en retiro advirtió que todavía es demasiado pronto para evaluar de manera integral las consecuencias de la reforma, que modificó el mecanismo de integración del Poder Judicial y llevó a elección popular la designación de ministros de la SCJN, así como de jueces y magistrados federales.
Como ejemplo de los problemas que, a su consideración, ha generado la reforma, Piña Hernández citó el caso de la prisión preventiva oficiosa y las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Señaló que, pese a los cuestionamientos internacionales sobre esta figura, la reforma constitucional terminó ampliando el catálogo de delitos que pueden llevar a prisión preventiva oficiosa.
“Se reformó la Constitución y en lugar de evitar prisión preventiva oficiosa se incorporaron más delitos al catálogo”, reprochó.
Entre los delitos incorporados, mencionó conductas relacionadas con asuntos fiscales, contrabando, emisión de comprobantes fiscales y facturas, así como el congelamiento de cuentas.
La exministra también cuestionó que la reforma limite la posibilidad de conceder suspensiones dentro de juicios de amparo relacionados con delitos contemplados en el Código Fiscal de la Federación.
Para Piña Hernández, estas modificaciones representan elementos que deben observarse con atención, debido a sus posibles implicaciones para la protección judicial y la certeza jurídica.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
MSL
• Se prende la Cuauhtémoc
