El Gabinete de Seguridad acumula más de 67 mil 200 detenciones por delitos de alto impacto desde el inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además del aseguramiento de 34 mil 353 armas de fuego y 534 toneladas de droga en operativos desplegados en el país, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Durante la conferencia matutina de la Presidenta, el funcionario presentó el balance comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026. De acuerdo con el reporte, las instituciones federales concentraron sus acciones contra líderes, operadores regionales, responsables financieros y células vinculadas con homicidio, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto.
A ese resultado se suma el descenso del 53 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, equivalente a 46 asesinatos menos cada día. García Harfuch sostuvo que la reducción no significa que el problema esté resuelto. “Esto no quiere decir que la tarea esté terminada”, expresó.
Sobre el armamento retirado de circulación, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que ocho de cada 10 piezas aseguradas provienen de Estados Unidos. El 61 por ciento corresponde a armas largas, con una presencia relevante en Sinaloa, Sonora y Baja California.
Las operaciones contra el tráfico de narcóticos también dejaron 88 toneladas de cocaína incautadas en acciones marítimas encabezadas por la Secretaría de Marina. El balance incluye un cargamento superior a ocho toneladas localizado frente a las costas de Michoacán, que García Harfuch identificó como el mayor aseguramiento de este tipo en la historia de esa institución.
Mientras tanto, las acciones terrestres permitieron retirar 534 toneladas de distintos estupefacientes, en su mayoría mediante despliegues de la Secretaría de la Defensa Nacional. El Secretario agregó más de dos toneladas de fentanilo y alrededor de 9.5 millones de pastillas de esa sustancia entre los resultados reportados.
Contra la producción de metanfetamina, Ejército y Marina inhabilitaron dos mil 700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración en 24 entidades durante casi dos años. Los despliegues permitieron asegurar más de tres millones de litros y 900 toneladas de sustancias químicas utilizadas en esos centros.
Por separado, García Harfuch detalló algunas de las principales operaciones realizadas durante las últimas tres semanas. En La Esperanza, Puebla, autoridades federales y estatales cumplimentaron 23 órdenes de cateo y detuvieron a 10 personas relacionadas con una organización dedicada al robo de transporte de carga, asaltos, extorsión y secuestro en carreteras.
Uno de los capturados fue Isaac Rodríguez Ochoa, presidente municipal de La Esperanza. También quedaron bajo custodia Abigail Contreras Camacho, exdirectora de Seguridad Pública Municipal, y Manuel Rodríguez Ochoa, hermano del alcalde. Los cateos dejaron más de 40 armas largas y cortas, entre ellas dos fusiles Barrett, 52 cargadores, 11 vehículos, unidades con blindaje, drones e inhibidores de señal.
Bajo esas investigaciones, las autoridades identificaron a la organización conocida como Los Uñas, a la que vinculan con delitos cometidos en la carretera federal 150-D. Fuerzas federales capturaron el 15 de agosto en Cuitláhuac, Veracruz, a Genaro Zúñiga Alvarado, señalado como principal líder de esa estructura, junto con otras dos personas. A esas acciones se agregó la detención de Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco, relacionado con secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.
También en Culiacán, Sinaloa, Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) inutilizaron un complejo clandestino de cinco mil 700 metros cuadrados, descrito por el secretario como el segundo laboratorio de metanfetamina más grande localizado durante esta administración. El sitio contenía más de 16 toneladas de esa droga y otras 10 de sustancias químicas.
Respecto de Guerrero, elementos de Defensa, Guardia Nacional y SSPC localizaron tres centros clandestinos para fabricar metanfetamina. Las fuerzas federales aseguraron más de siete toneladas y aproximadamente 25 mil 800 litros de sustancias y precursores químicos, además de reactores, condensadores, destiladores, recipientes industriales y tanques de gas.
Varios operativos ampliaron los decomisos en otras entidades. En Mexicali, Baja California, la Agencia de Investigación Criminal y personal de Seguridad localizaron 120 kilogramos de pastillas de fentanilo, cantidad que, de acuerdo con el reporte presentado, equivalía a cuatro millones de comprimidos.
Harfuch informó además que autoridades federales capturaron a ocho personas vinculadas con grupos delictivos en Chiapas. Entre ellas figura Christian “N”, relacionado con el trasiego de cocaína y hechos de violencia en Guatemala y México. En Hidalgo, agentes cumplimentaron una orden de aprehensión contra Jorge Luis “N”, identificado como líder de Pueblos Unidos y relacionado con un ataque armado cometido en un establecimiento de Villahermosa, Tabasco.
Otro despliegue en municipios de Jalisco y Michoacán derivó en 36 cateos y la captura de 32 personas vinculadas con Los Guerreros, grupo señalado como brazo armado de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades aseguraron armamento, 113 vehículos, equipos de comunicación y animales exóticos.
En Tocumbo, Michoacán, integrantes de una célula criminal atacaron a personal del Ejército y de Marina. Dos agresores murieron después de que los elementos repelieron los disparos, entre ellos Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El Güicho” o “R5”, señalado como líder del grupo y sucesor de Alfonso “N”, alias “Kurin”, detenido el 1 de agosto.
Fuerzas de la SSPC también detuvieron en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, a tres personas que transportaban 195 armas largas, 15 cortas y 93 cargadores en dos vehículos y dos semirremolques. García Harfuch calificó ese decomiso de 210 piezas como el mayor aseguramiento de este tipo durante la actual administración.
México, en colaboración con Estados Unidos, participó además en la entrega de 92 personas a las que el secretario describió como algunos de los delincuentes más peligrosos del país. Según el funcionario, el objetivo de las operaciones ya no se limita a capturar liderazgos, sino que busca afectar redes financieras, logísticas, de producción y estructuras vinculadas con hechos violentos.
Con relación a la extorsión, García Harfuch informó que las autoridades acumulan dos mil detenidos en 29 estados. El funcionario señaló que la Estrategia Nacional contra la Extorsión inició el 6 de julio de 2025, pero ubicó el periodo de resultados entre el 6 de agosto de ese año y el 31 de agosto de este.
Ese esquema contempla detenciones mediante inteligencia e investigación, fortalecimiento de unidades locales, protocolos de atención a víctimas, capacitación para operadores del 089 y una campaña nacional de prevención. La Unidad de Inteligencia Financiera participa en la cancelación de cuentas utilizadas para recibir pagos, mientras otras dependencias actúan contra líneas telefónicas vinculadas con amenazas y revisan intervenciones dentro de centros penitenciarios.
Otro de los casos expuestos ocurrió en Veracruz, donde dos integrantes de la SSPC murieron durante labores para identificar células dedicadas al secuestro y la extorsión, además de localizar a dos personas privadas de la libertad. Una agente resultó herida. Tras el ataque, Defensa, Marina y autoridades de Veracruz y Oaxaca desplegaron un operativo que permitió rescatar a las víctimas.
García Harfuch aseguró que continúan las investigaciones para localizar a los responsables del asesinato de los agentes. “La muerte de nuestros compañeros no quedará impune”, afirmó.
El secretario sostuvo que los resultados no representan el término de la estrategia de seguridad. “Los avances alcanzados no deben interpretarse como una tarea concluida ni dar lugar a triunfalismos. Por el contrario, deben ser un llamado a redoblar esfuerzos”, señaló.
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