El Paquete Económico 2027 presentado el martes por el Gobierno de Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, plantea mayores recursos para salud y educación, dos sectores considerados prioritarios, pero especialistas advierten que el incremento presupuestal debe analizarse más allá de las cifras nominales y frente a las necesidades acumuladas en los sistemas.
La propuesta contempla 1.1 billones de pesos para salud, un aumento de 11.3 por ciento respecto de 2026, mientras que para educación se proyectan 1.3 billones de pesos, 10.7 por ciento por encima del presupuesto vigente. El Gobierno federal plantea que los recursos permitirán avanzar en el Servicio Universal de Salud, infraestructura médica y fortalecimiento de planteles educativos.
El análisis de especialistas coloca el foco en saber si el incremento será suficiente para revertir los rezagos que enfrentan los servicios públicos.
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En materia sanitaria, el Gobierno plantea avanzar en el Servicio Universal de Salud. No obstante, el diputado panista y médico Éctor Jaime Ramírez cuestionó la suficiencia de los recursos destinados específicamente a este nuevo esquema.
De acuerdo con su análisis, el programa tendría alrededor de 500 millones de pesos etiquetados en el ramo 12, una cantidad que consideró insuficiente para atender el objetivo de permitir que personas sin seguridad social puedan recibir atención en el IMSS y el ISSSTE.
El legislador advirtió que, si no existe financiamiento adicional, la atención de nuevos pacientes podría presionar los presupuestos asignados éstas.
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El cuestionamiento cobra relevancia frente a los rezagos estructurales del sistema sanitario. El Programa Sectorial de Salud 2025-2030 reconoce que México cuenta con 2.5 médicos y 2.9 enfermeras por cada mil habitantes, frente a promedios de la OCDE de 3.7 y 9.2, respectivamente. También identifica problemas en la distribución territorial de especialistas y en la formación de personal.
Por ello, el aumento de recursos para 2027 tendrá que enfrentar no sólo el reto del abasto de medicamentos, sino también la disponibilidad de médicos y enfermeras, infraestructura, mantenimiento hospitalario y capacidad para atender a una población que enfrenta importantes diferencias en el acceso a servicios.
En educación, el Gobierno federal propone 1.3 billones de pesos, con un incremento superior a siete por ciento. Los recursos estarán destinados, entre otros objetivos, al fortalecimiento del sistema educativo público y a la infraestructura de planteles educativos.
Sin embargo, México Evalúa ha advertido que el problema educativo no puede medirse sólo por el monto total destinado.
La organización señaló que México destina alrededor de 10 por ciento de su presupuesto a educación, frente al 15 por ciento mínimo recomendado por la UNESCO. Además, entre 2018 y 2026 la proporción destinada a becas y subsidios aumentó de 6.2 a 18.4 por ciento del gasto educativo, mientras rubros como formación docente, materiales y evaluación perdieron peso.El señalamiento ocurre además en un momento particularmente delicado para el sistema educativo. México enfrenta resultados preocupantes en aprendizaje y cobertura.
México Evalúa ha llamado la atención sobre la baja cobertura de educación inicial y preescolar, así como sobre el abandono en educación media superior.
Esto significa que el aumento presupuestal tendrá que responder a una serie de necesidades que van más allá de la entrega de apoyos económicos: infraestructura escolar, formación de docentes, materiales educativos, evaluación, permanencia de estudiantes y recuperación de aprendizajes.
Para Judith Senyacen Méndez, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), uno de los principales riesgos está en el reducido margen para ajustar las finanzas públicas.
Méndez estimó que los ingresos presupuestarios prácticamente se mantendrían estancados en alrededor de 22.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras el gasto público pasaría de 26.1 a 25.4 por ciento del PIB entre 2026 y 2027.
El problema, de acuerdo con el análisis de la especialista, “es que la consolidación fiscal podría terminar recayendo nuevamente sobre la inversión pública si no se encuentran espacios suficientes para reducir otros componentes del gasto”.
El CIEP señaló que el Paquete Económico 2027 mantiene como prioridad los programas sociales, entre ellos las pensiones para adultos mayores y Mujeres Bienestar, Salud Casa por Casa, La Escuela es Nuestra y la Beca Universal Rita Cetina.
La advertencia es relevante porque buena parte del gasto público se encuentra comprometido en obligaciones que dejan poco espacio para reasignaciones.
Para la directora de Análisis Económico de Grupo Financiero BASE, Gabriela Siller, uno de los elementos centrales del paquete es que el Gobierno proyecta un crecimiento económico que considera más optimista que las previsiones de analistas.
Hacienda estima que la economía crecerá entre 1.5 y 2.5 por ciento en 2027, mientras que especialistas han planteado escenarios más moderados. Janneth Quiroz, directora de análisis de Monex, estima un crecimiento cercano a 1.8 por ciento.
La diferencia entre las previsiones importa porque una economía que crece menos de lo esperado puede generar menores ingresos públicos y complicar todavía más el proceso de consolidación fiscal.
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