La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a los presuntos responsables de un juicio laboral que habría sido fabricado en 2007 para perjudicar el patrimonio de Grupo Herdez, mediante el uso de documentos apócrifos y la supuesta relación laboral inexistente de una persona con empresas de la corporación.
La indagatoria, iniciada originalmente por la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y posteriormente atraída por la FGR, busca esclarecer el origen del procedimiento laboral, los mecanismos de presión legal y mediática empleados contra la compañía, así como la posible participación de más involucrados.
De acuerdo con la entrevista ministerial de Irene “E”, integrada en la carpeta de investigación, el juicio habría sido diseñado deliberadamente como un ataque contra el patrimonio de la empresa.
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Según el documento bajo análisis de la FGR, el litigio no habría surgido de una controversia legítima entre trabajador y empleador, sino de una planeación presuntamente elaborada en un bufete particular.
En su declaración, Irene “E” habría referido que participó en una estrategia para demandar fraudulentamente a empresas, mientras que las condiciones y montos del reclamo laboral fueron elevados artificialmente con la finalidad de presionar a la corporación para alcanzar un acuerdo económico.
La declarante señaló también que, al consultar páginas de internet y medios oficiales, se percató de que Alfredo Jorge Colín Huerta no había trabajado en ninguna de las empresas morales demandadas.
“Y me di a la tarea de consultar en aquella época en páginas de internet y medios oficiales y me percaté que efectivamente el señor Alfredo Jorge Colín Huerta no trabajaba ni había trabajado en absolutamente ninguna de las empresas morales demandadas…”, se lee en la declaración ministerial.
La entrevistada agregó que, pese a sus dudas sobre la legalidad de las actuaciones, se habría limitado a seguir instrucciones de su entonces jefe por temor a perder su empleo.
La investigación ministerial también documenta presuntas instrucciones para iniciar acciones de embargo contra la empresa, luego de que no se cumplieran las exigencias planteadas por el despacho.
“Siendo que una vez que no fueron cumplidas las exigencias de mi entonces jefe, salí del lugar y me fue ordenado se realizaran las gestiones para en ese momento embargar las cuentas del grupo”, refiere la declaración atribuida a Irene “E”.
Las constancias integradas en la carpeta apuntan a que los elementos presentados ante las juntas laborales habrían sido estructurados mediante hechos inexistentes y alteraciones de perfiles profesionales, con el propósito de sostener la demanda contra Grupo Herdez.
La empresa, de acuerdo con la información contenida en la investigación, mantuvo una postura de firmeza institucional frente a las exigencias del despacho, lo que habría contribuido a que las actuaciones fueran trasladadas al ámbito penal.
La FGR mantiene abierta la indagatoria para esclarecer el diseño de la presunta estrategia fraudulenta, determinar el alcance de las afectaciones intentadas contra la firma comercial y establecer si existen otros involucrados en los hechos.
Hasta el momento, la información proporcionada no acredita por sí misma la responsabilidad penal de las personas señaladas, por lo que corresponderá a la autoridad ministerial determinar las responsabilidades que procedan conforme avance la investigación.
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