El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del PAN, impulsa una iniciativa para modificar las leyes de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, del Seguro Social y del ISSSTE, con el objetivo de permitir que una parte de los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez pueda ser embargada por orden judicial para garantizar el cumplimiento de obligaciones alimentarias a favor de menores de edad.
La propuesta establece que el embargo únicamente podrá aplicarse hasta por el monto que la legislación permite retirar por concepto de seguro de desempleo. Además, la persona deudora deberá encontrarse desempleada, no contar con bienes suficientes para cubrir la obligación alimentaria y no haber dispuesto de recursos por el mismo concepto durante los cinco años anteriores.
El legislador plantea también que la autoridad judicial verifique que la medida no comprometa el mínimo vital de subsistencia de la persona trabajadora.
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De acuerdo con la iniciativa, los recursos embargados deberán reintegrarse a la subcuenta correspondiente cuando la persona trabajadora se reincorpore a un empleo formal, conforme a las disposiciones generales que emita la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
Buscan proteger a 13.3 millones de menores
En los considerandos del documento, enviado a la Comisión de Seguridad Social, Ramírez Barba señala que el beneficio social directo sería proteger a 13.3 millones de niñas, niños y adolescentes que no cuentan actualmente con el respaldo económico de ambos progenitores.
La propuesta, sostiene, no generaría gasto público adicional ni requeriría una partida presupuestal específica, debido a que el mecanismo se instrumentaría mediante el sistema existente de disposición de recursos por desempleo, administrado por las Afore, el IMSS y el ISSSTE.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba argumenta que la reforma permitiría cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño y sería congruente con el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha reconocido la procedencia constitucional de este tipo de embargo mediante una interpretación conforme.
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