La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por Tamaulipas, Maki Esther Ortiz Domínguez, solicitó realizar un análisis a fondo sobre la iniciativa de reforma constitucional referente a la doble nacionalidad.
Durante un encuentro con medios de comunicación, la legisladora advirtió que la propuesta promovida desde el Ejecutivo federal podría vulnerar los derechos políticos y humanos de los ciudadanos mexicanos que residen en la frontera o en Estados Unidos y que cuentan con dicho estatus legal.
Ortiz Domínguez concluyó que las implicaciones de haber nacido o elegido contar con otra nacionalidad continúan bajo estudio analítico dentro de su grupo parlamentario antes de que el dictamen sea sometido a las siguientes etapas del proceso legislativo.
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En sus declaraciones, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez cuestionó si la restricción planteada no contraviene los derechos fundamentales de quienes nacieron o crecieron con dos nacionalidades.
La legisladora señaló que la propuesta abre la posibilidad de que este sector de la población conserve el derecho a votar, pero quede privado de la oportunidad de ser votado para cargos de elección popular de alta responsabilidad estatal y federal.
¿Qué ha pasado con la iniciativa?
La discusión parlamentaria se centra en la propuesta enviada por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión para reformar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dicha iniciativa pasa de la fórmula de “no adquirir otra nacionalidad” a exigir expresamente la condición de “no tener ni adquirir otra nacionalidad” para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, las gubernaturas estatales o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El proyecto de reforma contempla que las personas con una segunda nacionalidad puedan registrarse como aspirantes a los cargos señalados únicamente si efectúan una renuncia formal previa a dicha condición jurídica.
Por su parte, la postura gubernamental argumenta que la medida busca garantizar una lealtad exclusiva hacia el Estado mexicano y prevenir posibles conflictos de interés en el ejercicio de la representación nacional.
Actualmente, la propuesta legislativa se encuentra en fase de debate dentro del Congreso de la Unión, tras haber recibido la aprobación en comisiones de la Cámara de Diputados con el impulso de Movimiento Regeneración Nacional y sus fuerzas aliadas.
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