Durante la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, diputadas y diputados de los seis grupos parlamentarios confrontaron sus posturas sobre la política social, en un debate donde Morena y sus aliados defendieron el alcance de los programas para el bienestar, mientras PAN, PRI y Movimiento Ciudadano exigieron mayor transparencia, evaluación y resultados.
En dos rondas de intervenciones, legisladores de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC expusieron sus argumentos sobre el modelo de política social impulsado por el Gobierno federal.
Por Morena, la diputada Giselle Yunueen Arellano Ávila sostuvo que la política social no puede reducirse a una suma de programas, sino que debe generar condiciones para que las personas ejerzan sus derechos con mayor libertad, seguridad y autonomía.
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El diputado Oscar Iván Brito Zapata destacó que los programas de bienestar alcanzan actualmente a más de 42 millones de personas. Señaló que cerca de 14 millones de adultos mayores reciben una pensión, alrededor de dos millones de personas con discapacidad cuentan con apoyo y casi 20 millones de estudiantes reciben becas.
Desde el PAN, la diputada Elisa Paola Zamora Ramírez sostuvo que los programas sociales no pertenecen a ningún partido y demandó que cuenten con transparencia, evaluación, fiscalización y blindaje electoral.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba fue más crítico y afirmó que el Segundo Informe muestra una contradicción entre presumir el monto de las transferencias y garantizar derechos sociales.
Cuestionó que el gasto destinado a los programas del bienestar y el número de beneficiarios demuestren por sí mismos una mejora en áreas como salud, aprendizaje o autonomía.
También señaló que el Banco del Bienestar no entregó 96 mil tarjetas, de las cuales, afirmó, 94 mil se encontraban activas.
Por el PVEM, la diputada Liliana Carbajal Méndez destacó los avances del Programa de Vivienda para el Bienestar, al señalar que se han construido más de 320 mil viviendas y se han reestructurado deudas consideradas impagables ante el Infonavit y el Fovissste.
La diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del PT, sostuvo que la política social es la columna vertebral del Gobierno y destacó que los programas de bienestar están garantizados constitucionalmente.
Afirmó que 13.4 millones de mexicanos han salido de la pobreza y señaló que el presupuesto destinado a salud, vivienda y programas de bienestar superará el billón de pesos.
El PRI rechazó que exista un debate sobre la desaparición de los programas sociales. El diputado Christian Mishel Castro Bello sostuvo que su partido los defiende, pero cuestionó cuánto dinero se distribuye y cuántas tarjetas son entregadas.
“El ingreso importa, pero no es todo el bienestar”, señaló, al plantear que también deben garantizarse salud, educación, seguridad social y empleo digno.
Desde Movimiento Ciudadano, el diputado Erubiel Lorenzo Alonso sostuvo que un gobierno no debe medirse únicamente por lo que reparte, sino por lo que garantiza.
Cuestionó que, mientras se reportan más de 42 millones de beneficiarios y una inversión cercana al billón de pesos, persistan problemas como las desapariciones, el desabasto en salud y los retrocesos educativos.
El diputado Gildardo Pérez Gabino afirmó que MC respalda los programas sociales como derechos de los mexicanos, pero pidió avanzar hacia una política integral que además de transferencias garantice salud, educación, seguridad, empleo, crecimiento y oportunidades.
De esta manera, la discusión durante la glosa del Segundo Informe se centró en una diferencia de fondo: mientras Morena y sus aliados defendieron la cobertura, inversión y constitucionalización de los programas sociales, la oposición sostuvo que el número de beneficiarios y los recursos ejercidos no son suficientes para acreditar una mejora integral en el bienestar de la población.
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