En los dos años que van del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han impuesto sanciones a más de cuatro mil servidores públicos que cometieron acciones indebidas a costa de su cargo, en donde la gravedad de algunos casos también llevó a la presentación de más de medio millar de denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), expuso la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro.
A la fecha, se ha sancionado administrativamente a cuatro mil 193 servidores públicos por incurrir en prácticas como otorgar y autorizar pagos indebidos; sustraer información que está resguardada bajo su responsabilidad que incluye que podría incluir datos personales.
También por autorizar pagos por bienes o servicios que nunca fueron entregados; aprobar compras innecesarias o hacer compras innecesarias injustificadas; ocultamiento de bienes e incrementos patrimoniales; falsificación de documentos y hostigamiento y acoso sexual.
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Aquí se han encontrado tres mil 528 faltas no graves establecidas por la Secretaría, mientras que 665 sí lo fueron y por ello se remitieron al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para que éste finque las sanciones. Adicionalmente, se han remitido a mil 737 servidores, de los que 87 ya fueron sancionados, mientras que mil 650 están en proceso.
Debido a la gravedad que llegan a alcanzar algunas de las prácticas sancionables, se han presentado 517 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, de los que 53 han sido vinculados a proceso.
Entre las conductas que llevaron a los funcionarios a un proceso penal se encuentran enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.
Como caso “emblemático” se encuentra la contratación de un servicio de inteligencia al interior de lo que fue la Policía Federal. El costo era por 130 millones de dólares
sanciones de 15 y 20 años de inhabilitación al extitular de la División de Inteligencia de la Policía Federal, Damián Canales, y a la exsecretaria general Frida Martínez, a quienes se ha pedido la reparación de daño y se presentó una denuncia ante la FGR que está en proceso.
Al respecto, la secretaria aclaró que el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, no es previsto como responsable, ya que hasta ahora no se ha encontrado su firma en los documentos que forman parte de la indagatoria.
Otro caso es la contratación de servicios de producción y envasado por 80 mdp, de los que se pagaron anticipadamente 73.6 mdp y el servicio nunca se dio. El caso fue remitido al TFJA, donde se encontró la participación de nueve servidores y un particular, contra quienes también se presentó una denuncia penal.
Los particulares también han sido sancionados. Hasta ahora se han procedido contra 286 personas morales por incurrir en prácticas como presentación de documentación falsa en las licitaciones, por no entregar los bienes y servicios en tiempo y forma, por simulación de experiencia técnica, falsificación del currículum, incapacidad para atender un contrato u obligación con el gobierno o que ocultan conflictos de interés.
En consecuencia, también se ha inhabilitado e impuesto multas a 222 personas, mientras que otras 64 sólo han sido multadas. En suma, el monto de las sanciones alcanza los 147.3 mdp.
Estos casos igualmente han ido a parar al TFJA, a dónde 33 particulares fueron remitidos y todos se encuentran aún bajo proceso. Asimismo, se han impuesto sanciones contra 51 particulares por hasta 118.5 mdp, con relación a faltas vinculadas a la protección de datos.
Otro dato destacado es que a la fecha se han protegido 83.8 millones de pesos por medio de ahorros derivados de acciones como la mejora en las compras públicas a proveedores; el seguimiento a la administración de contratos públicos, particularmente en las obras públicas, para evitar pagos a sobrecostos.
Otra medida favorable a la estrategia es la eficiencia en la reestructuración a la administración pública, así como el establecimiento de multas y sanciones.
Entre los ejemplos destacó una de las compras más grandes de equipamiento a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para lo que se implementaron las subastas inversas donde los proveedores interesados compiten por ofrecer el mejor equipo y al precio más conveniente.
También resaltó los resultados de los cambios en las reglas de adquisiciones para beneficiar a los pequeños productores, donde, por ejemplo, se consiguió que cafetaleros vendan de manera directa a un precio más justo y competitivo.
Otra palanca de desarrollo de este mismo tipo es el acuerdo para fortalecer a la industria del acero, que llevó a conocer la oferta de este material y las necesidades que lleven a una mejora en la oferta y demanda.
Adicionalmente se trabaja en el fortalecimiento de la integridad entre los servidores públicos, a los cuales se han brindado 1.3 millones de capacitaciones en ética e integridad.
Esto ha derivado a que en 2026 se haya alcanzado un récord en el número de declaraciones patrimoniales presentadas, con un millón 532 mil 699 personas funcionarias que cumplieron con esta obligación.
De la mano con las autoridades educativas se emprendió la estrategia Semilleros de la Honestidad, para promover mejores prácticas desde las escuelas. Con esto ya se han realizado visitas a estados como Baja California Sur, Michoacán, Ciudad de México, Puebla, Tabasco, entre otras.
Destacó que México es el quinto país entre los miembros de la OCDE con mayor confianza de la ciudadanía a su gobierno y también ocupa el octavo puesto en el servicio público.
En cuanto a la absorción de las funciones de lo que fue el INAI, que hoy es el órgano desconcentrado Transparencia para el Pueblo, se han admitido y resuelto 82 por ciento de los recursos de revisión presentados por la ciudadanía ante una respuesta insatisfactoria a una solicitud de información.
De esta manera, 14.6 por ciento de los recursos han sido desechados, lo cual es el nivel más bajo desde 2014.
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