Una red al servicio del Cártel de Sinaloa convirtió la ciudad estadounidense de Wichita, en Kansas, en punto de distribución de fentanilo, metanfetamina y cocaína mediante cargamentos trasladados desde Arizona y otros estados. La operación terminó con 15 acusados declarados culpables, entre ellos Euriel Talavera, identificado como jefe de esta célula y condenado a 19 años de prisión.
La investigación federal estableció que Talavera mantenía contacto regular con integrantes del grupo criminal en México y coordinaba una célula que cada pocas semanas movilizaba grandes cantidades de droga hacia Kansas. En uno de los golpes contra del grupo, las autoridades interceptaron miles de pastillas falsificadas.
“Cuando los investigadores conocieron un acuerdo para llevar 160 mil pastillas falsificadas de Percocet mezcladas con fentanilo a Wichita para su distribución, las fuerzas del orden establecieron vigilancia, observaron el intercambio y, después de una parada de tránsito, interceptaron las drogas”, señaló el fiscal federal Ryan A. Kriegshauser.
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A partir de diciembre de 2022, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Policía de Wichita comenzaron a seguir las actividades de la organización. Las pesquisas determinaron que el Cártel de Sinaloa controlaba el esquema de distribución.
Operadores de la red viajaban cada varias semanas desde Wichita hacia Phoenix, Arizona, u otros puntos para recoger grandes cantidades de narcóticos. Después regresaban a Kansas, donde colocaban las sustancias en el mercado local, según los registros judiciales.
Las condenas también alcanzaron a Jonathan Gutierrez-Díaz, mexicano de 30 años sin estatus migratorio legal en Estados Unidos, quien recibió 136 meses de cárcel por conspiración para distribuir fentanilo. Joe Louis Washington fue sentenciado a 120 meses por un delito relacionado con metanfetamina, mientras Aron García-Campa obtuvo 96 meses por una conducta similar.
Otros integrantes recibieron penas de entre uno y seis años de prisión. Alexis Ortega-Ramos fue condenado a 72 meses por conspiración para distribuir fentanilo, mientras Shelan D. Peters y Jermel L. Goines recibieron 60 meses cada uno por posesión de armas de fuego vinculada con actividades de narcotráfico.
Breili Osmani Sermeno-Hernández, originario de Guatemala y sin estatus migratorio legal en Estados Unidos, obtuvo una sentencia de 48 meses por utilizar un medio de comunicación para facilitar un delito de drogas. Heiu Kevin Nguyen recibió 24 meses por el mismo ilícito y Katia Nevarez, 12 meses y un día por lavado de dinero.
Richard Oral Mathie, de 60 años y residente de Elmendorf, Texas, se declaró culpable de conspiración para distribuir fentanilo, pero huyó antes de recibir sentencia. Santiago Rodríguez, Angel García, Dominitrix M. Jones y Alonso Pacheco-Tabullo también aceptaron responsabilidad por delitos vinculados con el caso y obtuvieron libertad condicional.
“Los cárteles como el de Sinaloa no sólo trafican drogas, trafican muerte hacia nuestras comunidades”, afirmó Rick Sabatini, agente especial interino a cargo de HSI en Kansas City. “Si trabajan para un cártel, los encontraremos, construiremos el caso y llevaremos todo el peso de las fuerzas federales hasta su puerta”.
En la investigación participaron además la Patrulla de Caminos de Kansas y la Policía de Wichita. El operativo formó parte de las acciones de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, esquema federal que reúne a corporaciones nacionales, estatales y locales para combatir redes de narcotráfico transnacional.
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MSL
