Con cuatro nuevas líneas de investigación basadas en metodologías técnicas y científicas, se lograron importantes avances en la búsqueda de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Este esquema de trabajo permitió ordenar, relacionar y contrastar datos reunidos a lo largo de 12 años para identificar indicios no advertidos previamente sobre los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
La primera línea de investigación consistió en un análisis de comunicaciones que identificó patrones no conocidos de 17 nuevos objetivos, además de reconstruir vínculos entre integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y personas vinculadas a establecimientos funerarios.
En agosto de 2025 se estableció que el propietario de una funeraria utilizó el teléfono de un estudiante, lo que derivó en cateos realizados en octubre de ese año a funerarias y al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala, donde se aseguraron un fémur humano, un arma de fuego, documentación, un horno crematorio sin registro oficial e irregularidades graves en la operación de la dependencia.
Posteriormente, entre marzo y junio de 2026, se ejecutaron búsquedas en las instalaciones del SEMEFO que permitieron recuperar 23 indicios, incluyendo cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentos que continúan bajo análisis pericial para determinar posibles coincidencias con personas desaparecidas, contando además con la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) a solicitud de las madres y padres.
La segunda línea se enfocó en el análisis de tres equipos telefónicos pertenecientes a los estudiantes y la cadena de usuarios posterior a la desaparición. Este rastreo derivó en la emisión de una orden de aprehensión el 24 de agosto de 2026 contra un exservidor público de Iguala por delincuencia organizada y desaparición forzada.
Asimismo, se determinó que el teléfono de un segundo estudiante fue utilizado por un policía municipal activo la noche de los acontecimientos, mientras que la revisión del tercer dispositivo reforzó la hipótesis del traslado de alumnos a la barandilla municipal, al detectarse actividad en personas cercanas a un exservidor público adscrito a esa área, lo cual contradijo lo declarado por José Ulises “N”, exjuez de barandilla, ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
La tercera línea derivó de un reanálisis documental de los expedientes que permitió identificar a una persona que participó en los hechos a la edad de 14 años y cuya identidad se desconocía. A partir de la declaración rendida por esta persona el 30 de julio de 2026, las autoridades obtuvieron datos que reforzaron las imputaciones dirigidas a integrantes de Guerreros Unidos.
Por su parte, la cuarta línea indagó el ocultamiento de las videograbaciones de las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero generadas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. El rastreo reconstruyó decisiones de altos funcionarios para ocultar el material y condujo a la detención y procesamiento penal de la exmagistrada presidenta y de la exvisitadora del órgano jurisdiccional, cuyas declaraciones sustentaron posteriormente la detención del exgobernador de Guerrero, ejecutada el 6 de agosto de 2026, por el delito de desaparición forzada de personas en agravio de los 43 normalistas.
Durante el informe se detalló la consolidación de una ruta de colaboración con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) para la propuesta de especialistas internacionales, ratificando que la prioridad del gobierno continúa centrada en la búsqueda y atención a los padres de familia.
En la presentación participaron el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina, y el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR), Mauricio Pazarán.
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JVR
